Los argumentos de La Moneda para la campaña “Por la Paz”
El Gobierno busca promover la participación en la página “El Chile que queremos”. Aseguran que garantizar el acceso a esa información es parte de su misión.
Amparados en que su misión “es desarrollar espacios de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, para difundir y retroalimentar la acción gubernamental con las demandas y opiniones de las personas” –como se destaca en la página web de la cartera-, el Ministerio Secretaría General de Gobierno respondió a PAUTA haber encargado a la agencia J. Walter Thompson una campaña comunicacional “Por la Paz”, por $202 millones. Esto, en el marco de la crisis social que vive el país.
La adquisición generó polémica pues, como publicó El Mercurio, se hizo “con la omisión del procedimiento de grandes compras de Convenio Marco”. Si bien aquello, a juicio de la repartición de Gobierno, se “justifica” mediante la causal de “urgencia”, gatilló una serie de denuncias ante la Contraloría.
Hasta el cierre de este artículo, la entidad encabezada por Jorge Bermúdez había recibido 126 denuncias debido a la mencionda “omisión” y a que aborda temas que excederían las atribuciones propias de la cartera.
Hola, son 126 al momento. Saludos
— Contraloría (@Contraloriacl) December 26, 2019
Los argumentos
El contenido de la campaña se conocerá recién la noche de este jueves 26 de diciembre, pero producto de las reclamaciones, desde la cartera ya han debido salir a dar explicaciones. Consultados por PAUTA, desde la Segegob indicaron que sobre esta materia la Contraloría ha sido clara: “Se pueden realizar compras asociadas a la función propia de cada cartera”.
Por eso, respecto de las denuncias que indican que el tema de la campaña los sobrepasa, recalcan que una de las tareas del ministerio es garantizar la participación ciudadana, generando espacios de comunicación y el diálogo. La campaña encargada iría justamente en esa dirección, dicen: promover la participación en la plataforma que diseñó el Ejecutivo para sistematizar los “Diálogos ciudadanos”: “El Chile que queremos“.
En cuanto al carácter de “urgente” de la adquisición, desde Segegob aseguraron que se optó por un “trato directo”, debido al tiempo acotado con el que cuentan para promocionar la plataforma. Tiene un plazo de ejecución de 60 días, que comenzó a correr el pasado 22 de noviembre. Comunicar la licitación a todos los posibles proveedores y seguir todos esos pasos habría implicado, de acuerdo con lo indicado por el Gobierno, tener adjudicada la campaña después de que culmine el plazo de vigencia del proceso.
La fórmula para “apurar” el trámite, en todo caso, está contemplada en el artículo 14 bis de la Ley n° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios. “La entidad contratante podrá omitir el procedimiento de Grandes Compras en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenidas en la legislación pertinente”, se indica.
De todas formas, desde la Segegob insistieron en que todas las personas “están en su derecho” de recurrir ante la Contraloría cuando sienten que se han detectado irregularidades, por lo que declinaron “atribuir intencionalidades”. En caso de que la entidad los oficie, agregaron, responderán con los antecedentes que corresponda.