Cómo procesó el Gobierno el día más crítico en la historia de la PSU

Junto con centrar las responsabilidades en “los violentistas”, el Ejecutivo enfatizó que los encargados del proceso son el Demre y el Cruch. De autocrítica, poco y nada.

“No confundamos las responsabilidades” fue la frase que repitió en varias oportunidades el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando le preguntaron la tarde del martes 7 de enero por el rol del Gobierno en el complejo proceso que se vivió en las últimas 48 horas por la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En especial, luego que de manera inédita en los 17 años de su aplicación, fuese suspendida la rendición completa de una de sus partes, como fue en el caso de Historia, debido a la filtración de facsímiles. 

“La responsabilidad de los problemas causados en la PSU es de todas aquellas personas y todos aquellos grupos, que violentamente, por la fuerza, buscaron interrumpir o hacer fracasar el proceso. No nos confundamos. Aquí hubo un esfuerzo muy importante de las instituciones responsables, con la colaboración de Carabineros y de la PDI, para poder llevarlo adelante”, comentó Blumel, dejando en claro cuál sería la posición de La Moneda en esta oportunidad: enfocarse en los dirigentes que llamaron al boicot, apuntar a la violencia con la que actuaron y anunciar medidas judiciales como querellas y denuncias por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables.

De hecho, el propio Presidente Sebastián Piñera lo confirmó en redes sociales. 

297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero +de 80 mil no pudieron pq un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. Los violentistas serán juzgados y sancionados x la Justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en Ed. Superior

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 7, 2020

Mientras esperan la decisión de los rectores para saber cómo seguirá el proceso para los estudiantes que no pudieron rendir los exámenes -la que se tomaría durante este jueves 9 de enero-, en el Ejecutivo se resisten a reconocer públicamente algún tipo de responsabilidad. Según fuentes consultadas por PAUTA aún no hay un balance más detallado de cómo la crisis más importante de la PSU les puede impactar en lo político.

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La reticencia de Cubillos

La estrategia comunicacional para responder a la polémica comenzó a delinearse el lunes 6, cuando surgieron las primeras complicaciones en distintas sedes del país. Solo en esa jornada, más de 42 mil estudiantes no pudieron rendir las pruebas de Lenguaje y Ciencias. 

Desde temprano se pudo ver que el llamado a boicot que realizaron los integrantes en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y otras organizaciones sí surgía efecto en varias sedes del país. Por eso, ese día, en un comité político encabezado por el Presidente Piñera y en el que también participó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se conversó sobre el fondo y la forma para enfrentar el problema. Entre ellos, el rol y la vocería de la propia Cubillos y de Blumel para explicar toda la coordinación de seguridad y logística que se realizó a través de su ministerio con Carabineros, la PDI, el Demre (Universidad de Chile) y el Consejo de Rectores (Cruch). 

En el caso de la titular de Educación, según fuentes de Gobierno, habría manifestado su reticencia a salir antes en escena, pues estaba consciente que su figura “más dura” podría causar “más polarización”. Por eso, la idea era que los protagonistas de esta fase -el Demre, el Cruch y, por parte de su cartera, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas-, estuvieran en primera línea. Sin embargo, esto también se leyó como una forma de deslizar las responsabilidades a las instituciones académicas, pues el Mineduc hoy no tiene injerencia directa en la administración de la PSU. 

Según las mismas fuentes, en parte del comité político se habría dicho que era importante que ella saliera a dar una señal oficial, al menos al finalizar la segunda jornada, versión que habría sido apoyada por el propio Presidente.

El martes en la tarde esta apuesta se afinó en contenido y despliegue. Tras conocerse la suspensión del examen de Historia, debido a la filtración del contenido de uno de los cuatro formatos del test, el Mandatario sostuvo por cerca de una hora una reunión con Blumel y la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, para ver los detalles.

Una vez confirmado por parte de los rectores que el proceso de admisión 2020 continuaba y que las pruebas rendidas eran completamente válidas, la titular de Educación habló. Pasadas las 18 horas y flanqueda por el subsecretario Vargas, la ministra Cubillos condenó los hechos ocurridos, apuntó a la violencia y lamentó que más de 200 mil jóvenes no pudieron rendir el examen de Historia.

“Esta vez no fueron encapuchados, fueron personas con caras descubiertas, con nombres y apellidos, organizaciones, quienes llamaron a boicotear este proceso de selección universitaria y tendrán que hacerse responsables penal y civilmente del daño causado”, señaló la titular de Educación, quien además apuntó al trabajo de la Fiscalía y la Justicia, asegurando que “no hay disculpas” para no hacer valer las responsabilidades. 

Consultada por su ausencia mediática en estos días y las críticas que esto generó en sectores de oposición, Cubillos respondió. “No he querido interferir en un proceso cuyas vocerías han estado a cargo de quienes son responsables del proceso de admisión este año y de quienes tienen la gestión de la PSU. Por lo demás, eso ha sido coordinado y conversado con ellos mismos”, dijo.

De hecho, en varias de sus frases recalcó que este es el último año en que el Demre y el Cruch tienen la administración del proceso y que, a partir de 2021, es el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, la institución encargada. Por eso, parte de las respuestas de la situación actual, incluida una investigación profunda por la filtración de la prueba de Historia, las tenían que entregar directamente las entidades, en especial, la dirigida por Leonor Varas (Demre). 

La declaración de Cubillos no convenció a parte de la oposición, quienes criticaron al Ejecutivo por “no cumplir su tarea de garantizar el proceso” e incluso, parlamentarios como la senadora DC y exministra de Educación, Yasna Provoste, apuntaron sus dardos a la secretaria de Estado y la acusaron de “lavarse las manos” ante la crisis de la PSU y culpar al Cruch. 

Querellas y denuncias

Una hora después de que hablara Cubillos, Blumel y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli completaron la puesta en escena de La Moneda. “El Gobierno lo único que ha hecho es defender el derecho de los estudiantes”, dijo el ministro. 

El tono fue similar al de Cubillos y algo más duro de lo que acostumbra a ocupar en público el titular del Interior. “No nos confundamos. Llevamos mucho tiempo tolerando o siendo pasivos frente a este tipo de acciones que son absolutamente inaceptables. Grupos minoritarios y violentos que coartaron el derecho de miles de jóvenes de entrar a la educación superior”, comentó. 

Blumel explicó que presentarán acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos; contra quienes atacaron a Carabineros; contra los eventuales responsables de las filtraciones de la prueba de selección universitaria y contra quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público los días de rendición del test, el lunes 6 y martes 7 de enero. 

Entre ellas, hay 16 querellas “con nombre y apellido” y una denuncia en la Fiscalía “contra todas las personas que hayan impedido, fomentado o promovido la interrupción” de la PSU, invocando la Ley de Seguridad del Estado, en su artículo 6 letra C. Bajo esta categoría podrían investigar a los dirigentes de la ACES, entre ellos, su vocero Víctor Chanfreau.

Pero si los llamados a boicotear violentamente la PSU se conocía hace semanas, ¿qué pasó con la seguridad en los locales? Desde Interior detallaron que el despliegue durante ambas jornadas se basó en los requerimientos realizados por el Cruch y la Universidad de Chile. Así, desde octubre comenzó el trabajo fuerte para la PSU y contempló desde la impresión de las pruebas, el resguardo de los lugares de acopio de estas y la custodia de sus traslados. Además, la protección exterior de más de 700 sedes. De hecho, solo este martes cerca de 4.500 carabineros y más de 500 efectivos de la PDI resguardaron los locales.

Sin embargo, en privado, en el Gobierno reconocen que a petición de los rectores y del Demre la presencia de la policía fue más controlada y solo en las áreas externas de locales para no provocar más tensiones. Una versión que fue admitida públicamente por el propio vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle.

“Fuimos explícitos con que no queríamos sobrerreaccionar con presencia policial, a efectos de que cuando se va a rendir una prueba de esto tipo, todos queremos evitar que se produzcan confrontaciones, o que se inciten, y que dejan inhabilitado un local de rendición de prueba. Ese fue el esfuerzo, si no fue entendido por muchos jóvenes o personas que no querían aceptar el hecho de que otros pudieran decidir por sí mismos, eso es responsabilidad de esas personas, y no del sistema de admisión”, dijo el también rector de la Universidad de Valparaíso. 

Y adelantó los futuros estándares de seguridad: “No hubo ninguna subestimación al anuncio de protestas, dado que las personas pudieron acceder sin ningún inconveniente. Lamentablemente, una vez que las personas ingresaron, incluso con sus cedulas de identidad, desde dentro se produjeron estos hechos. Ahora, evidentemente que en las próximas pruebas tendremos que tomar medidas que garanticen un cerco o un perímetro protegido que permita impedir que acciones como estas, ilícitas, terminen impidiendo la rendición de la prueba en dicha oportunidad”.

Cambio y fuera en la Secom

Por la crisis de la PSU, así como por los anuncios de apoyo o rechazo desde Chile Vamos al nuevo proceso constituyente -y también por la interpelación a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar-, la jornada de ayer fue particularmente intensa en materia de comunicaciones para La Moneda. Y como si fuera una ironía, cerró con una información de su propio seno: durante la tarde se confirmó la salida del director de la Secretaria de Comunicaciones (Secom), Jorge Selume. 

El sicólogo y militante de Evópoli renunció para emprender “proyectos personales”. Entre ellos, participar más activamente del proceso constituyente. “Hay proyectos que quiero desarrollar y para eso necesito libertad”, dijo Selume antes de dejar el Palacio de Gobierno. 

Su decisión la habló hace unas semanas con el Presidente, pero fue el viernes pasado cuando se selló su salida. Incluso, en el Ejecutivo reconocen que Selume siempre advirtió que no se quedaría más de dos años y ese plazo autoimpuesto se cumplía en marzo.

Tras cerrar su partida con el Mandatario, el mismo día lo conversó con la ministra Rubilar, pues la Secom depende de esa cartera. “Me voy súper tranquilo”, agregó el también experto en big data, quien el último tiempo fue blanco de críticas internas por parte de Chile Vamos, en especial de Renovación Nacional, por el manejo en comunicacional en la crisis social.  

En su reemplazo asume quien hasta hace 24 horas era el “dos” de la Secom: el periodista Christian Rendic. Desde el Gobierno aseguran que Selume y Rendic eran una dupla “afiatada” y que su nombramiento es una señal de “continuidad”.