Los cálculos que retrasan el acuerdo previsional de la oposición
De la DC al Frente Amplio insisten en que el 6% adicional debe ir a solidaridad y nada a capitalización individual. Sin embargo, aún hay detalles que impiden un cierre final.
Sin certezas sobre cuánto podrían aumentar las pensiones. Así culminaron las reuniones que sostuvieron este martes 14 de enero los diputados y senadores de oposición de las comisiones de Trabajo, con el equipo técnico que los asesora en materia previsional.
Eso sí, y como recalcaron los parlamentarios, el acuerdo transversal desde la DC hasta el Frente Amplio es que ni un peso de la cotización adicional vaya a capitalización individual. Con esto y otros ingredientes, esperan fundar las bases de un sistema inédito en el país.
“Analizamos los detalles de la arquitectura del nuevo sistema de pensiones. Acá hay un nuevo sistema con un 6% que va a una capitalización colectiva. Es la creación de un pilar contributivo con lógica de ahorro colectivo”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), enfatizando en que toda la oposición apoya esos principios.
La idea era sellar la propuesta común esta jornada. Sin embargo, hay cálculos, fórmulas y conversaciones pendientes que lo impiden. Por ejemplo, cuánto de esa cotización adicional, que será de cargo del empleador, irá a reparto, para así mejorar las pensiones de quienes ya se han jubilado, y cuánto a un fondo de ahorro colectivo (distinto del ahorro individual en la AFP), para garantizar -como comentan- una pensión digna a quienes hoy están cotizando.
Una fórmula es dividir el 6% adicional en dos: tres puntos porcentuales a reparto y los otros tres a ahorro. Pero otra, propone que cuatro puntos vayan a reparto y solo dos a ahorro. Para definirlo, los técnicos de las colectividades harán proyecciones sobre los distintos escenarios, considerando estimaciones demográficas, de empleo, cotizaciones y retornos.
Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (CS): “Es algo que tenemos que seguir discutiendo, porque lo que queremos es dar certezas a la ciudadanía. No queremos hablar de porcentajes sin poder decir, con seguridad, cuál va a ser el aumento que van a tener las pensiones”.
En todo caso, insistió en que “todos tenemos la convicción de que necesitamos un sistema público que tenga criterios de solidaridad en la administración, pero que también piense en los pensionados del futuro”.
Además, falta que ahora cada parlamentario que concurrió a las conversaciones sociabilice lo consensuado con sus respectivas bancadas. Esos diálogos están programados para el miércoles 15, para así ultimar los detalles y el jueves hacer público el documento que fija la postura común de la oposición.
¿Ni un peso más a las AFP?
Las declaraciones que realizó el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), tras salir del encuentro con los técnicos, generaron ruido. Aseguró que el 6% de cotización adicional “no puede ir todo a reparto, sino que también tiene que ir a un componente del fondo individual”. Sus palabras encendieron alarmas, pues no es nuevo que las diferencias de la Democracia Cristiana con el resto de la oposición entrampen los acuerdos.
De todas formas, consultada sobre las diferentes posturas, la senadora Carolina Goic (DC), aclaró los dichos de Flores. “Hay una confusión cuando hablamos de capitalización individual en el modelo de las AFP, a cuando hablamos de beneficios que son individuales. Cuando hablamos de capitalización colectiva, también se reconoce la historia previsional y criterios que van a implicar beneficios individuales, pero en una lógica distinta”, sostuvo.
La senadora explicó que, sea cual sea el porcentaje que se destine a ahorro colectivo, irá a un fondo común que administrará el ente público que se crea a partir de la reforma al sistema. En el cálculo que se hará para definir cuánto recibe cada pensionado, eso sí, influirá cuánto aportó la persona, la densidad de sus cotizaciones y otros factores. Esto se entiende como un “incentivo” y “premio” a quienes cotizan.
Complementando aquello, el senador Juan Pablo Letelier (PS) aseveró que “lo que importa es asegurar a toda persona que va a ser parte de este sistema, que por el hecho de haber sido una persona cuyo empleador contribuyó, va a tener beneficios concretos garantizados. Es un sistema de seguridad social”.
El rol del Estado
Durante la discusión del Presupuesto de 2020, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comprometió recursos para financiar el aumento de las pensiones de la clase media, en el entendido de que la cotización adicional de cargo del empleador llegará a 6% en forma gradual, en un lapso de varios años. De este modo, el Estado subsidiará la mejora hasta que el sistema esté en régimen.
La oposición no ha fijado postura sobre qué gradualidad tendrá el planteamiento que harán al Ejecutivo, pero recogiendo las palabras de Briones, hicieron presente que el aporte no podrá ser solo transitorio, sino que permanente en el tiempo. Esto, principalmente, debido al bajo nivel que tienen algunas pensiones y a que se quiere fijar, como mínimo, una pensión de $160 mil.
“Cuando planteamos que esto requiere esfuerzo fiscal nos referimos a cómo avanzamos de una pensión básica solidaria, que hoy recibe el 60% de la población, a una pensión universal y garantizada, que la reciban prácticamente la totalidad de los pensionados y que garantice [superar] el nivel de pobreza. Un mínimo para todos”, dijo sobre este punto la senadora Goic.
La senadora Muñoz, además, planteó que “el Estado tiene que hacerse cargo, con fondos generales, con impuestos generales, de la sustentabilidad de este sistema”. Por su parte, Letelier subrayó que con la propuesta que harán “habrá un pilar universal que financiará el Estado, un pilar contributivo que es mixto, donde está el aporte de cada trabajador. Y, por otro lado, el aporte de los empleadores”.
Movilidad del 10%
En el entendido de la oposición de que esta reforma pavimenta el camino para terminar con el modelo vigente tal cual lo conocemos, la diputada Karol Cariola (PC) hizo presente que también se está analizando la opción de que el cotizante pueda elegir que el 10% que ya se aporta para pensión -y que hoy va a su cuenta de capitalización individual que administra una AFP- sea administrado por el nuevo ente público.
“Hay un objetivo concreto que tiene que ver con terminar con el sistema de AFP. Para ello, necesitamos buscar un mecanismo que haga un tránsito. Eso está planteado dentro de las discusiones. Se está evaluando. La única alternativa es que el ente público tenga la posibilidad de administrar el 10%, que el cotizante tenga la posibilidad de elegir”, manifestó.
En los mismos términos, insistió en que “lo que se busca es poder tener un sistema de pensiones que sea solidario, tripartito y que establezca una entidad pública que pueda administrar una inyección de nueva cotización”.