Cómo la oposición leyó su fallida acusación contra el intendente

Un problema de coordinación, una “dicotomía” entre diputados y senadores, y las recriminaciones por quiénes defienden los DD.HH. están en el debate opositor.

Los cálculos del Gobierno se cumplieron con holgura. La ausencia de los senadores José Miguel Insulza (PS) -el único con permiso constitucional-, Rabindranath Quinteros (PS), Felipe Harboe (PPD) y Ximena Rincón (DC) fueron determinantes para que la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, se rechazara este martes en el Senado por no alcanzar el cuórum necesario de 22 votos.

El marcador final fue de 18 a favor (todos de oposición), 15 en contra (todos oficialistas), dos abstenciones de los senadores DC Carolina Goic y Jorge Pizarro y un pareo del senador UDI Víctor Pérez, quien a pesar de estar en la Sala había coordinado previamente su votación con Harboe. 

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La felicidad y el alivio del intendente era evidente. Tras estar 14 días suspendido de su cargo y de ser cuestionado por el “copamiento policial” preventivo usado a fines de diciembre, podía volver a sus labores, aunque con varios desafíos a cuestas. Entre ellos está la incógnita de si aplicará nuevamente la estrategia por la cual fue acusado.

“Las estrategias operativas le corresponden a Carabineros, lo hemos dicho desde el primer momento. Lo que tenemos que hacer como autoridades es entregarle el objetivo, cual es el orden público, que funcione la ciudad y ellos son los que operativa y tácticamente tienen que resolver cómo lo logran”, dijo el exalcalde de Lo Barnechea. 

Tras recibir las felicitaciones de su familia, de los ministros presentes -partiendo por el titular del Interior, Gonzalo Blumel, y de varios parlamentarios de su partido, Renovación Nacional, incluido su timonel, Mario Desbordes, Guevara agradeció el apoyo del Gobierno y de Chile Vamos, pidió disculpas si había cometido “errores” y evitó comentar la decisión de los senadores que se ausentaron y que fueron clave para “salvarlo”.

“Es justo lo ocurrido hoy [martes 4 de febrero] en el Senado”, señaló el intendente de la RM, quien por la tarde se trasladó hasta La Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y “celebrar” el truinfo para el Gobierno. 

¿El mea culpa?

Si bien el resultado no sorprendió al Gobierno ni a la oposición, sí dejó un “sabor amargo” -como calificó el diputado PS y uno de los encargados de presentar el libelo, Jaime Naranjo- tanto en personeros de la ex Concertación como del Frente Amplio. En definitiva, profundizó las diferencias y criterios entre diputados y senadores, incluso del mismo partido.

En sus exposiciones en la Sala de la Cámara Alta, varios de los parlamentarios de centroizquierda hicieron una autocrítica por no tener “la capacidad de acuerdo para proponer alternativas de salida a la crisis”, acusaron al Gobierno de “sordo”, reprocharon el actuar de Carabineros y apuntaron a la actuación del intendente Guevara desde que asumió en noviembre pasado. “Claramente que no lo ha hecho bien”, dijo la senadora Goic. Sin embargo, pese a las críticas no hubo ningún voto de rechazo por parte de la ex Concertación. 

En La Moneda este panorama estaba claro. El lunes en la tarde contabilizaban tres pareos adicionales a la dupla Harboe-Pérez y al menos tres indecisos, entre ellos Pizarro y Goic, que podían favorecer a Guevara. De esos cálculos, solo uno cambió. Fue el voto del senador socialista Juan Pablo Letelier, quien pese a las dudas y a tener un pareo con el senador RN José García Ruminot, llegó a la Sala, desarmó lo acordado y votó a favor del libelo, aunque sin cambiar el resultado final. 

“Quiero valorar que esta acusación no haya prosperado. Más que un triunfo de la defensa o del Gobierno, finalmente es un triunfo del sentido común y la sensatez”, dijo el ministro Blumel.

El resto se cumplió dentro de los márgenes que hace días tenían los negociadores: el ministro Blumel, el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Claudio Alvarado; el titular de la Segpres, Felipe Ward, y el subsecretario de esa cartera, Juan José Ossa. Esto, según fuentes de Gobierno, porque varios de los senadores de oposición en privado habían confesado que “coincidían en que no había mérito jurídico” y que el texto era “débil”, pero que la presión y “el ruido ambiente” era muy alto “para asumir el costo” de rechazar el libelo. 

Desde temprano, varios en el bloque opositor salieron a decir que “no había orden de partidos ni coordinación” para votar unidos y, de alguna manera, poner paños fríos a las críticas que generó la ausencia de los parlamentarios. “La votación de cada senador tiene que formarse su convicción” repetía el presidente socialista Álvaro Elizalde, cuando se le consultaba por la señal que estaba dando el bloque opositor y su partido, por ejemplo, ante la inasistencia de Insulza y Quinteros. 

“No hay un mea culpa, porque cuando se trata de una acusación constitucional, los senadores y las senadoras son absolutamente soberanos para decidir en los méritos si la aprueban o la rechazan”, dijo el timonel del PPD, Heraldo Muñoz.

El excanciller, además, apuntó a la “sintonía” que debían trabajar diputados y senadores para no tener un revés como el vivido con Guevara. “Esto ha sido una lección”, dijo. 

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Precisamente, en el Senado es donde la oposición ha actuado más coordinada que en la Cámara. Pero esta vez fue distinto. “En esta acusación no hubo ningún grado de articulación ni de coordinación de la oposición, porque no estamos frente a la votación de un proyecto político”, aseguró el presidente del Senado, Jaime Quintana.

El parlamentario PPD añadió que en este caso hubo una “reflexión” de un libelo con muchas deficiencias. No obstante, remarcó que “se siguen violando los derechos humanos y cuando el Congreso, en general, no tiene otras herramientas para frenar estas violaciones de derechos humanos, no tenemos más alternativa que votar a favor, independientemente de otros senadores que han tomado otra decisión”. 

Sin embargo, para los diputados presentes en la instancia, los argumentos no fueron suficientes. “La ciudadanía va a tener que enjuiciar a estos senadores y por cierto, la oposición, en el caso puntual de estos senadores degrada su posición y su unidad y se da una pésima señal para el país”, señaló a la salida del votación el diputado CS Diego Ibáñez, quien junto con Naranjo y la diputada (FRVS) Alejandra Sepúlveda encabezaron la acusación contra Guevara frente al Senado.  

Se rechaza #AcusaciónConstitucional. Indolencia tremenda ver al Gobierno “celebrando” ausencia de Senadores de oposición. Aquí nadie gana y Chile sigue perdiendo. La brutalidad sigue después de Chadwick y usan políticamente a Carabineros para omitir responsabilidades de Guevara.

— Diego Ibáñez Cotroneo (@diego_ibanezc) February 4, 2020

“No voy a juzgar a nadie. Solo voy a valorar a los que estaban presentes”, dijo Naranjo. Y agregó: “Que juzgue el país a aquellos no estuvieron hoy [martes], que sea el país que juzgue a quienes no quisieron venir a defender la causa de la derechos humanos”. 

“La dicotomía” entre diputados y senadores

Quintana fue uno de los primeros que habló abiertamente de “la dicotomía” que era para la oposición: entre una acusación con “debilidades” y la señal que había que dar cuando “lo único que unía” al bloque opositor en el libelo era la defensa a los derechos humanos, el actuar de Carabineros y la discusión sobre el derecho de reunión. 

De hecho, en medio de las conversaciones por la acusación, el Gobierno decidió hacer un guiño a la oposición. Tal como adelantó PAUTA, el Ejecutivo patrocinaría y pondría urgencia a un proyecto de ley impulsado precisamente por Quintana y Harboe, entre otros, que busca garantizar el “derecho de manifestarse pacíficamente”.

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“Esta es una acusación que tiene debilidades y también tenemos que hacernos cargo de aquello. La Cámara de Diputados tiene que hacer una revisión de las acusaciones que se presenten”, dijo el titular del Senado. 

Un mensaje similar envió el senador PS Carlos Montes sobre la pertinencia de esta herramienta. “En este caso la discusión es otra, la discusión es sobre la naturaleza de la crisis, la alternativas para enfrentarla, las violaciones a los derechos humanos y el descontrol del orden público. Centrar el debate y las decisiones en la infracción específica de un funcionario de segundo nivel es forzar la situación. No abusemos de la acusación constitucional”, agregó el parlamentario PS.  

Algo muy distinto a la postura del diputado Naranjo, quien aseguró que bastaba con que “se pase a llevar los derechos humanos de una persona” para tener argumentos “más que suficientes” y acusar a una autoridad política. 

Y en el Frente Amplio también lo creen. La semana pasada dieron un ultimátum al ministro Blumel, precisamente por el actuar de Carabineros: pidieron la salida del general Mario Rozas o, aseguraron, el próximo libelo sería contra el titular del Interior. 

Ante el ambiente tenso que quedará por algunos días en la centroizquierda, el ministro Blumel aprovechó el último día del año legislativo y envió un mensaje a la oposición. “Quería decir y plantear con humildad, por cierto, pero también con mucha convicción, que espero que de vuelta del receso legislativo, en marzo, podamos dejar esta etapa de confrontación atrás y dejar este permanente enfrentamiento y podamos enfocarnos en lo que la gente nos está pidiendo”, señaló el ministro.