El instructivo de La Moneda sobre la prescindencia política de los funcionarios públicos

El documento para normar la participación de los servidores públicos ante el Plebiscito del 26 de abril genera dudas.

Este viernes es la fecha tentantiva que maneja La Moneda para dar a conocer el instructivo que norma la prescindencia, derechos y limitaciones que tendrán los funcionarios públicos ante el Plebiscito del 26 de abril.

El documento, según comentan en el Gobierno, recoge lo que “señala la ley” y, principalmente, los dictámenes que ha realizado la Contraloría General de la República en los últimos periodos de electorales. “Debe ser preciso. No deben quedar dudas sobre qué pueden hacer y qué no”, comenta una fuente de Gobierno. 

Sin embargo, más allá de la premisa de que los empleados del sector público pueden manifestarse en este caso por el “Rechazo” o el “Apruebo” fuera de la jornada de trabajo y sin utilizar recursos del Estado, una de las dudas que queda es si habrá algunas líneas explícitas dedicadas a la prescindencia de las autoridades de primera línea: ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores e incluso seremis, en especial luego de que el secretario regional ministerial de Energía de la Región del Ñuble, Manuel Cofré (RN), protagonizara una polémica por enviar a través de un correo electrónico institucional sus razones para apoyar el “Rechazo”.

Es decir, la duda es si en el instructivo mismo se pueden limitar las opiniones o la participación en ciertas actividades que en su tiempo libre puedan realizar los personeros que están “en cargos de exclusiva confianza” del Presidente Sebastián Piñera, o si para ellos quedará solo como la instrucción verbal que dio hace más de un mes el Mandatario: de no hablar de sus preferencias en público.

Hasta el momento, esta segunda opción estaría ganando en el Ejecutivo.

Separar las aguas: prescindencia y derechos políticos

“El compromiso por parte del Gobierno es asegurar que el Plebiscito del 26 de abril se desarrolle de buena manera y, por eso, los ministros y las autoridades de mayor responsabilidad política se nos ha pedido tener prescindencia, porque somos garantes de que ese proceso se desarrolla”, dijo este martes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al ser consultado por el tema, pues es su cartera la encargada de la redacción del manual. 

Aclaró, eso sí, que “no hay que confundir la prescindencia con los derechos políticos que tiene cada ciudadano por definición”.

El instructivo surgió como una señal para apaciguar la críticas de Chile Vamos y también como una necesidad de dejar claro los límites, cuando en la coalición de Gobierno y en el propio Palacio están divididos entre el “Apruebo” y el “Rechazo”.

Hay varios ejemplos de declaraciones públicas. El ministro de Hacienda y militante de Evópoli, Ignacio Briones, en entrevista con The Clinic reiteró su opoyo a la opción “Apruebo”; o la ministra de Educación, Marcela Cubillos (IND- pro UDI), quien sin decir la palabra “Rechazo” aseguró en La Tercera que defenderá ciertos valores establecidos en la Constitución actual y explicó que para ella la prescindencia “no es lo mismo que neutralidad”.

El episodio más reciente que agitó el ambiente fue el protagonizado por el intendente metropolitano, Felipe Guevara (RN), quien en conversación con El Mercurio dijo una frase a favor del proceso que incomodó a varios en el oficialismo y en La Moneda. “Como Gobierno queremos que haya una nueva Constitución y que sea muy participativa”, dijo, lo que desató la molestia en algunos sectores de la UDI.

Mientras se afinan los detalles finales del documento, el ministro del Interior habló de separar aguas y diferenciar las obligaciones legales de lo que son los compromisos que asumidos como Ejecutivo. “¿Qué espera la ciudadanía de sus autoridades de Gobierno versus de los cientos de miles funcionarios públicos?”, ejemplificó Blumel. 

Los instructivos anteriores

Al mirar los instructivos del proceso municipal de 2016 y de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017, se puede hacer esa diferenciación que incluso podría dejar fuera a las autoridades de primera línea del manual que prepara La Moneda.

En ambos casos, la Contraloría fue clara en establecer que los empleados públicos, cualquiera sea su jerarquía, están impedidos de realizar “actividades de carácter político contingente y no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados u otras personas con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

Sin embargo, la institución que dirige Jorge Bermúdez especifica, en especial en el instructivo de 2017, que al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios, en su calidad de ciudadanos “se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental -derecho a sufragio-, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios (aplica dictámenes N°16.848 de 2014, y N° 86.368 de 2016)”.

Y aunque la Contraloría define que la prescindencia política de las autoridades, jefaturas y funcionarios, como servidores públicos, “se articula sobre la base de los principios de juridicidad, probidad administrativa y apoliticidad que, consagrados en el ordenamiento jurídico, han sido desarrollados a través de la jurisprudencia administrativa”, la última línea del párrrafo anterior abre la puerta para que el instructivo se aplique con una categoría aparte para ministros, subsecretarios e intendentes, entre otros. 

O bien puede que exista, más que un instructivo, una “instrucción” política específicamente dirigida a las autoridades de confianza exclusiva presidencial para que actúen con prescindencia en todo momento.

De la diversidad al conflicto

La definición de este texto y en particular de las instrucciones sobre prescindencia también pasan por mantener bajo control los roces que existen en el oficialismo por el debate constitucional. El propio ministro del Interior definió como un desafío “permitir que esa diversidad finalmente no termine significando un conflicto”.

De hecho, el senador de la UDI Iván Moreira, en su rol de vocero de verano del gremialismo, se reunió este martes con el ministro Blumel para abordar el episodio del intendente Guevara.

“No queremos que haya malinterpretaciones. No queremos que haya divisiones, somos todos Chile Vamos […] los chilenos quieren ver a sus ministros y autoridades trabajando por el programa de Gobierno, no en una elección de esta naturaleza”, dijo Moreira. 

Esta batería de definiciones afecta también la discusión de la campaña que prepara el Gobierno para promover la participación del 26-A. Tal como como lo adelantó PAUTA, La Moneda deberá sortear contenidos que aseguren no abanderarse por alguna de las opciones y, a la vez, proporcionar una información más extensa.

“Nos parece muy importante avanzar en poder informar a la ciudadanía cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra opción en el proceso constitucional”, señaló el ministro de la Segpres y vocero (s) de Gobierno, Felipe Ward. Agregó que hay normativa vigente para que, en el marco de la prescindencia, se pueda “desarrollar una campaña para difundir contenido” rumbo al Plebiscito.