Actualidad

Por la persuasión o la fuerza: cómo La Moneda logró congelar el alza de planes de las isapres

Imagen principal
La presidenta de la Asociación de Isapres, Josefina Montenegro, junto a Gonzalo Simón, gerente general del gremio.en La Moneda. Créditos: Agencia Uno
POR Ana María |

El reajuste se posterga por tres meses. Constitucionalistas explican que el estado de catástrofe permite la fijación de precios.

La primera palabra que midió la temperatura para un conflicto que irá en alza, ante el auncio de siete isapres -seis abiertas y una cerrada- de subir sus planes fue “inoportuno”. Y la dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el mismo martes 31, cuando se conoció la información.

Al día siguiente, la mañana de 1 de abril, vino una segunda señal: después de terminar el recuento de los nuevos contagios por Covid-19 (3.031) y de anunciar que las muertes en Chile suman 16, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que el Presidente Sebastián Piñera le pidió interceder ante las aseguradoras para que reevaluaran la medida de subir sus primas, en promedio, un 4,5% a partir de julio.

“El Gobierno no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios. El estado de excepción permite algunas cosas, pero no todas las que se le puede ocurrir a una persona. Eso sería claramente ilegal y, si lo llevaran a los tribunales, ganarían”, explicó el ministro durante este mismo miércoles por la mañana, lo que provocó las críticas de la oposición y también de su sector. 

Las gestiones

Pero esas declaraciones navegaban por el curso público mientras por el privado ya se hacían gestiones. Apenas se supo la noticia el martes, comentan fuentes de La Moneda, se comenzó a analizar el escenario y las herramientas que tenían a mano. Así, el martes durante el día el Gobierno evaluó si las facultades del estado de catástrofe permitían alguna acción más drástica.

Con informes de las Superintendecia de Salud sobre la mesa, consultaron a abogados constitucionalistas, pues este escenario era distinto a otras polémicas como el precio del arriendo de Espacio Riesco o el valor de los test para diagnosticar el Covid 19. Una de las dudas era que la medida, en la práctica, comenzaba a regir en julio, después de los 90 días que originalmente dura el estado de excepción decretado por el Presidente.

Por eso se tomó otra medida: mandatar a Mañalich y al superintendente de Salud, Patricio Fernández, a interceder con las aseguradoras privadas y pedirles una señal, en especial para la clase media, en la misma línea que se les pidió a otras empresas y servicios. En La Moneda, según las mismas fuentes, se les había advertido a las isapres que no parecía prudente ni lógico el alza de los planes y menos después del estallido social. “No tienen un timing muy bueno”, comentó un alto personero de Palacio.

Así, horas después Mañalich contactó a la presidenta de la Asociación de Isapres, Josefina Montenegro, quien concurrió este miércoles en la tarde a La Moneda junto con otros dirigentes del gremio. Entonces, el Presidente les pidió formalmente el gesto se venía conversando las últimas 24 horas: postergar por tres meses, es decir, hasta noviembre el alza de los planes. Y lo logró.

“Se llegó a un acuerdo y el alza en los planes, que afectan a tres millones de personas, se postergará por tres meses, así que esa alza no comenzará a regir en agosto, septiembre y octubre, sino que comenzará a regir desde noviembre”, señaló el Mandatario en un punto de prensa con Mañalich a sus espaldas. Además, felicitó al titular de Salud por su gestión.

Las presiones y las herramientas

El martes 31 en la tarde, las críticas al alza de las primas fue transversal en el mundo político. Desde la bancada de senadores socialistas incluso emplazaron al Mandatario para hacer uso de sus facultades en el estado de excepción.

“El Gobierno tiene la capacidad para fijar los precios de las isapres y de poner fin a su abuso. Entre tanto, desde el Congreso, trabajaremos para reformar el sistema”, advirtió el senador José Miguel Insulza (PS).

De hecho, tras el anuncio del Mandatario desde el PS insistieron en que “el Presidente en vez de ejercer las facultades constitucionales de su cargo, alcanza una modesta prórroga de 3 meses con la industria privada, después de la cual se consolidará el alza”. 

El tono crítico se repitió en parte de la ex Concertación y del Frente Amplio, que incluso prometieron varios proyectos de ley para subsanar el tema mientras esté declarada la pandemia. 

En Chile Vamos la recepción también fue dispar. Si bien aseguraron que la postergación era “una buena noticia”, no era suficiente.

“Acá lo que tiene que haber es un congelamiento, porque el alza es insólita y no dice relación con el contexto que se está viviendo. Esperamos que en ese período de prórroga ya tengamos aprobado el proyecto que reforma las isapres y así se termina con todos sus abusos”, dijo el senador RN y miembro de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán. 

“Isapres podían demandar”

Pero, ¿estaba atado de manos el Gobierno? ¿Podía intervenir los precios que cobran las isapres? ¿El estado de catátrofe le daba las atribuciones para exigir congelar los precios? 

Las respuestas a esas preguntas dan luces de por qué Mañalich eligió el camino del diálogo con las aseguradoras.

La estrategia de conversar con las isapres tendría que ver con que las aseguradores por ley sí pueden subir sus planes. Esto, pese a los fallos adversos de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema, pero que resuelven caso a caso los recursos de protección que se presentan. Es decir, despejan las situaciones solo de quienes se sienten afectados. Es la razón por la que para el Ejecutivo, en un estado de emergencia sanitaria, sería un camino lento y pedregoso irse ahora por la vía judicial.

El alza en los planes de las isapres (Colmena, 4,9%; Vida Tres, 4,9%; Banmédica, 4,9%; Nueva Masvida, 4,7%; Cruz Blanca, 4,0%; Consalud, 4,0%, e Isalud, 3,0%) regiría a partir de julio, cuando termine el plazo de 90 días en que fue decretado el estado de catátrofe ante la pandemia del Covid-19. Se trata de un punto que, a juicio de abogados constitucionalistas, puede favorecer a las aseguradoras en doble sentido: los plazos.

Por otro lado, la excepción constitucional sí permite al Gobierno la fijación de precios y, dada la evolución de la pandemia, el estado de catástrofe es una medida revisable y podría ser extendida. La Constitución señala que no puede ser más de un año.

Pero hay más: existe una obligación constitucional de indemnizar al privado cuya propiedad sea afectada.

Para el abogado constitucionalista Felipe Bravo Alliende, profesor de derecho económico de la UC, en estado de excepción es perfectamente posible que exista la atribución de limitar el alza de los planes de las aseguradoras. “Pero el problema está en determinar si existe o no un daño hacia la isapre con esa limitación. Entonces, se podría discutir judicialmente si existe daño, y si este debe ser indemnizado”.

La razón es legal: parte de las atribuciones que tiene el Gobierno en un estado de catástrofe, además de restringir la libertad de las personas -como ha sido el toque de queda y la cuarentena en algunas comunas-, son las limitaciones al derecho de propiedad privada, como sucedió con el cierre de malls y cines. También existe la posibilidad de la regulación de precios y la requisición de bienes. Pero, si se produce un daño patrimonial a quien se sienta afectado, debe ser reparado.

“El estado de catátrofe permite la regulación de precios, pero si se produce daño, las isapres podrían demandar. Eso lo señala la Constitución“, explica el abogado.

Añade que esto implicaría trasladar la discusión hacia los tribunales, por lo que estima que la estretegia del Gobierno de dialogar con las isapres iba en el camino correcto.

“Hoy la ley les permite a las isapres realizar el alza en los planes. Entonces, más que estar discutiendo si es que el Presidente podía o no limitar el alza, lo correcto es agilizar la reforma del sistema de salud. Por eso el ministro Mañalich está evitando la discusión judicial y ha preferido el diálogo”, puntualiza el académico de la UC.

“El Gobierno puede congelar los precios”

Gabriel Osorio, magíster en derecho administrativo por la Universidad de Chile, señala que “el Gobierno puede congelar el alza de los precios de las isapres porque estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que puede imponer limitaciones al derecho a propiedad”.

Explica que una de esas limitaciones, por ejemplo, es “fijar precios para los productos que, en este caso, las isapres ofrecen a los usuarios a través de sus contratos de prestaciones de salud. Y lo puede hacer porque eso está en la Constitución”.

El también abogado PS añade que “sostener que no puede limitar el derecho a propiedad, signficaría que la Constitución no sirve”.

Y coincide con Felipe Bravo en una norma: “La propia Constitución establece el derecho a pataleo de las isapres, porque pueden pedir una indemnización que sea de común acuerdo o a través de un juicio que se tramita superrápido bajo las normas de los incidentes”. Pero, subraya, “la gracia que tiene la regulación constitucional y la ley orgánica constitucional con que funcionan los estados de excepción es que la medida no se supende”.

Por lo tanto -sigue Osorio- “si el Gobierno tomara la decisión de paralizar el alza del precio de los isapres, esto sí o sí pasaría. La duda que cabría es si corresponde o no al Estado de Chile indemnizar a las isapres por el daño supuesto que se les estaría causando al no subir el precio de los planes de salud”.