Piñera sale a capitalizar el alza en el respaldo ciudadano

Los cambios al proyecto de los permisos de circulación fueron aprobados por el Congreso, pero parlamentarios cuestionaron que el Presidente quiso aparecer como “salvador”.

Este martes, inmediatamente después de la vocería matutina del Ministerio de Salud con el balance del brote de Covid-19 en el país, en el Patio de Los Naranjos se implementó con premura el podio para que el Presidente Sebastián Piñera hiciera una declaración. El Mandatario bajó de su oficina, solo, y en un mensaje de tres minutos anunció un veto sustitutivo para corregir el proyecto de ley -ya aprobado por ambas cámaras- que aplaza el vencimiento de los permisos de circulación de vehículos. Es una iniciativa que había sido despachada por el Congreso el viernes pasado, solo cuatro días antes de la fecha límite para realizar el trámite de tales permisos: este martes 31 de marzo.

“El 27 de marzo el Congreso aprobó un proyecto de ley que elimina las multas por conducir un vehículo sin permiso de circulación vigente. Sin embargo, este no eliminó el pago de intereses y reajustes al momento del pago del permiso de circulación si este ocurre con posterioridad al 31 de marzo. Adicionalmente, este proyecto no permite el pago en dos cuotas del permiso de circulación, que sí contempla la legislación vigente”, partió Piñera.

“Para subsanar estos problemas y deficiencias enviaré hoy [martes] al Congreso un veto sustitutivo, con discusión inmediata, para resolver estas dificultades“, declaró.

Y si bien era un anuncio que el Mandatario estaba evaluando de antes, la presión de la gente haciendo filas para pagar el permiso y las quejas de los alcaldes contra los parlamentarios terminaron por cerrar el asunto. No lo dejó en manos de un ministro y él personalmente hizo la declaración. 

Su decisión coincide con el papel más protagónico que el Mandatario ha tenido en las últimas semanas debido a la crisis del Covid-19. Abajo, coordinando entre los periodistas, estaba la recién llegada asesora presidencial Carla Munizaga, representante de la nueva cara comunicacional que La Moneda está implementando.

Las encuestas muestran que hay un cambio notorio en las percepciones ciudadanas. En el sondeo de Cadem divulgado el lunes 30 de marzo, el Mandatario registró una aprobación de 21%. Fue la tercera semana consecutiva con alzas en la popularidad y el mayor porcentaje de apoyo desde el inicio del estallido social.

Las críticas del oficialismo

Temprano, el ministro secretario General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, comentó que esperaba que el Congreso lo tramitara íntegramente este mismo martes y llamó a la contribución de los parlamentarios.

El veto fue aprobado por unanimidad por ambas cámaras y quedó listo para se promulgado. Sin embargo, la rapidez de la votación estuvo acompañada de ácidos reproches y responsabilidades cruzadas.

Recibió críticas, inclusive, de su mismo sector. El diputado Andrés Longton (RN), uno de los redactores de la moción, intervino durante la discusión del veto y recibió aplausos. “No fuimos escuchados, tuvimos que sacar un proyecto de ley dentro de nuestras atribuciones, que eliminaba las multas e infracciones porque no podíamos hacer más”, dijo, y reclamó: “Si este proyecto de ley no hubiera salido de este Congreso, no se habría anunciado ningún veto y las cosas seguirían tal cual como están hoy día”.

“Nos lleva a reflexionar no solo en el rol que ha jugado el Gobierno, que desde mi punto de vista y también lo comparte la bancada, no ha sido el más acertado”, afirmó Celso Morales (UDI).

Desde La Moneda se defienden. “El Ejecutivo estuvo permanentemente presente señalando la inconveniencia de impulsar un proyecto que los mismos alcaldes, en una reunión que tuvimos, nos señalaron que era inconveniente por distintas razones […] Más allá de señalar la inconveniencia, el Ejecutivo actúa en base de sus prerrogativas legales. Una vez que el proyecto termina su tramitación, la Constitución faculta al Ejecutivo para poder ingresar el veto sustitutivo, para corregir las deficiencias que fueron observadas en su momento”, contestó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. 

En Palacio también advierten que se hicieron sus observaciones a los parlamentarios, que estaban legislando en materias en las que no tenían atribuciones y que el trabajo de un diputado o senador, en esos casos, debía ser mancomunado con el Ejecutivo. La alternativa era solicitarle al Ejecutivo el patrocinio del proyecto y que ingresara como un mensaje presidencial. “Lo demás es ilusionar a la gente”, explica una fuente de Gobierno.

El punto es que la moción parlamentaria era directamente inconstitucional, insisten. Por lo tanto, ponerle indicaciones a un proyecto de esas características “sentaría un mal precedente”. Entonces se eligió esperar a que finalizara el trámite. Así, agrega otra autoridad de La Moneda, los parlamentarios debían asumir que impulsaron un proyecto que no podían presentar. 

Con “la capa de superhéroe”

El flanco de las críticas fue, además, el rol del Presidente en el asunto. La idea de que Piñera fuera a “subsanar” un error, como lo menciona en su discurso de la mañana, exaltó a los parlamentarios que discutieron el veto durante la tarde. 

“Lo populista no fue el proyecto de ley, lo populista fue que el Presidente, el último día, cuando hay cola en todos los municipios, con la gente exponiéndose al contagio para aparecer con la capa de superhéroe y mostrarse él como el que solucionó el problema. Eso no es verdad. Eso denosta al Congreso. Me parece una actitud bastante triste por parte del Presidente Piñera. Parece que le hizo mal la encuesta Cadem del día domingo“, dijo Pablo Vidal (RD) en su intervención.

La diputada opositora Claudia Mix (Comunes) tuiteó que la acción de la mañana fue “la jugada perfecta” del Mandatario: “Ahora llega como salvador”, cuestionó.

“Es un papelón de responsabilidades compartidas”, dijo el senador Jaime Quintana (PPD) en el debate. Se trata del mismo legislador que a mediados de marzo planteó que el Presidente debía aceptar un “parlamentarismo de facto”.

“No es el momento para darse gustitos con el Parlamento, en plena crisis sanitaria”, dijo ahora el senador. “El Gobierno conocía perfectamente este proyecto, puede haber tenido alguna imperfección, pero lo importante es que el Gobierno lo hubiera patrocinado antes, para evitar aglomeraciones que pueden provocar también contagios”, agregó Quintana.

Hacienda también queda dañada

El rol del Presidente Piñera generó un daño colateral dentro del Gobierno, que afecta al ministro con mayor adhesión ciudadana: el titular de Hacienda, Ignacio Briones.

Durante la tortuosa tramitación de las mociones, el economista se pronunció en público en diversas ocasiones para descartar de modo tajante que el Ejecutivo fuera a respaldar la medida. El 20 de marzo explicó el rechazo a apoyar la iniciativa considerando que afectaría los ingresos de las comunas más pobres y que la mayor parte de los permisos ya estaban pagados. Mantuvo esa visión al ser consultado más adelante, mientras en el Congreso se debatían diversas fórmulas para lograr el cambio.

Entre los parlamentarios se comentaba este martes que si el titular de Hacienda hubiera tenido una postura más abierta, los problemas podrían haberse resuelto oportunamente y se habría logrado el propósito principal: evitar las aglomeraciones en las oficinas municipales al cierre del plazo de pago.

La Moneda ante otro frente: las isapres

Pero el permiso de circulación no fue la única polémica que rondó en La Moneda. La noticia de que siete isapres aumentarán los planes de salud en plena crisis sanitaria cayó como un balde de agua fría en La Moneda.

Desde julio de este año Banmédica (4,9%), Vida Tres (4,9%), Colmena (4,9%), Nueva Masvida (4,7%), Cruz Blanca (4%), Consalud (4%) e Isalud (3%) ajustarán el valor de sus primas.

De hecho, fue el ministro Gonzalo Blumel quien respondió a la polémica. “Es bastante inoportuno este anuncio. Este es un momento de mucha dificultad. Esperamos no solo gestos, sino acciones concretas”, dijo.

Blumel, además, llamó al Senado a agilizar la tramitación de la reforma a la Ley de Isapres. “Si se despacha esa ley van a terminar ese tipo de reajustes o alzas que afectan de manera compleja a gran parte de la población, o al menos se van a atenuar esas alzas y se van a incorporar otras consideraciones más objetivas”, agregó.

Sin embargo, ante la petición del Ejecutivo de apurar la reforma en esta materia, desde la oposición pidieron más señales. “Si el Gobierno quiere que tramitemos el proyecto isapres, que envíe las indicaciones para que de verdad las regule y no sea solo una legalización de sus abusos”, señaló el senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud.

“El Gobierno puede, si tiene la voluntad, impedir el aumento de los planes. Lo que se necesita es que el Ejecutivo deje de ser voyerista, no están viniendo al Congreso ni participando en muchas de las políticas públicas que se están discutiendo”, criticó el parlamentario.

La molestia por las alzas fue transversal en el Congreso y fue calificado como “un abuso” tanto por diputados como por senadores. Incluso, la bancada PS pidió que el Presidente hiciera uso de las facultades extraordinarias que le otorga el estado de catástrofe y congele las alzas del precio de los planes.