Los presos de Punta Peuco quedan excluidos del indulto conmutativo
Por mayoría de votos, el TC rechazó el requerimiento de senadores de Chile Vamos para declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió, por siete votos contra tres, rechazar el requerimiento que presentaron 11 senadores de Chile Vamos que impugnaban el proyecto de indulto conmutativo. La iniciativa permite a más de 1.300 internos que son parte del grupo de riesgo de Covid-19 -y que ya fue aprobado por el Congreso-, pero no considera dentro del beneficio a personas que cumplen sentencia por delitos graves, entre ellos los de lesa humanidad. En Chile Vamos sostienen que esa exclusión es inconstitucional.
Pero el TC dijo otra cosa. Votaron por rechazar el requerimiento la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm Barril, y los ministros Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores.
En cambio, por acogerlo, los ministros Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero Guzmán y José Ignacio Vásquez Márquez.
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Los alegatos
El Pleno se reunió la tarde del 13 de abril. Primero escuchó la opinión de 20 organizaciones, la mayoría de defensa de derechos humanos, las que pidieron rechazar el requerimiento. Entre ellas estaban la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, la Asociación de Abogadas Feministas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH fue representado por su director, Sergio Micco, quien señaló que la demora en la ley de indultos -que no podía ser aplicada hasta la decisión del TC- era “literalmente fatal”.
Los ministros del TC además escucharon al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro. Los representantes de esa organización abogaron para que los exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos -y que cumplen condena en el Penal de Punta Peuco y en un módulo especial de la cárcel de Colina- también fueran favorecidos con el indulto que les permitiría terminar sus penas con arresto domiciliario total.
Luego el TC entró a ver el fondo de la causa y los ministros oyeron los alegatos en forma virtual de los abogados Maximiliano Murath y Manuel Muñoz. Murath representó a los senadores de Chile Vamos que interpusieron el recurso de inaplicabilidad. El profesional argumentó desigualdad ante la ley en el proyecto que lideró el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Por el otro lado, Manuel Muñoz dio las razones del Gobierno y pidió el rechazo del requerimiento.
El recurso fue interpuesto por el grupo de parlamentarios del oficialismo, entre ellos la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, y el senador RN Francisco Chahuán. Realizaron esa acción el 31 de marzo, un día después de que el proyecto fue aprobado el Congreso, pero el TC ya había dejado fuera dos artículos.
Tras ello, el Presidente Sebastián Piñera presentó un veto aditivo, que también fue aprobado por el Parlamento. Sin embargo, la promulgación estaba a la espera de la resolución del TC.
En paralelo, un requerimiento en el mismo sentido que el de los senadores de Chile Vamos fue presentado el lunes 13 de abril ante el TC, y también por el abogado Murath, por un grupo de diputados de RN y la UDI. Falta la decisión del TC sobre su admisibilidad.
Tras conocer la decisión del TC, el ministro Larraín señaló que el Tribunal Constitucional “ha ratificado la constitucionalidad del proyecto que el Gobierno presentó por razones sanitarias”.
Agregó que esta situación “obliga en conciencia, a quienes han presentado un segundo requerimiento, a que lo retiren para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora”.
Con mayor razón ahora, entonces, el conflicto es político e intraoficialismo.
Internos en riesgo
El proyecto fue presentado por Justicia a fin de descongestionar las cárceles y evitar contagios de Covid-19. Implica que hombres y mujeres de entre 55 y 75 años que cumplen penas por delitos menos graves, pasen a un régimen de arresto domiciliario total.
En el caso de las mujeres, es para los casos de embarazadas y aquellas madres que están privadas de libertad y viven con sus hijos de hasta dos años.
La vista de la causa en el TC se produce el mismo día en que Justicia y Gendarmería anunciaron que ya son 29 los internos del país contagiados con coronavirus y 59 funcionarios en la misma situación.
Mientras estaba en el compás de espera de la resolución del TC, el ministro Larraín reactivó la llamada Ley Humanitaria, que permite que internos mayores de 75 años con enfermedades graves o terminales, puedan ser indultados.
Sin embargo, poco antes de que el Pleno del TC se reuniera, la Comisión de Derechos Humanos del Senado rechazó por tres votos contra tres la idea de legislar. Por ello, pasará a la Comisión de Constitución. Sin embargo, la oposición ya adelantó que votaría en contra.
A diferencia del indulto conmutativo, la Ley Humanitaria pone énfasis solo en el estado de salud de los internos mayores de 75 años, pero no en el tipo de delitos. De ser aprobada, abriría la puerta para que condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos puedan terminar sus penas en sus domicilios.