El oficialismo pone pausa a su conflicto por el indulto conmutativo

Los diputados retiraron el recurso que buscaba frenar la ley que descongestionaba cárceles. La presión se vuelca ahora sobre los probables indultos del Presidente.

A las 13:38 horas de este martes se ingresó al Tribunal Constitucional el escrito para retirar el requerimiento que 24 horas antes habían ingresado más de 40 diputados de Chile Vamos a la instancia que dirige María Luisa Brahm. 

El firmante del documento era el diputado Luis Pardo (RN), quien había coordinado la segunda ofensiva oficialista para declarar inconstitucional la Ley de Indulto Conmutativo por Covid-19. A juicio de esos legisladores, la iniciativa hace una “discriminación arbitraria” contra un grupo de condenados por delitos graves de violaciones a los derechos humanos que, sin embargo, son población de riesgo de contagio.

El mismo lunes, el TC había rechazado una presentación similar realizada por senadores de Chile Vamos. El Ejecutivo, entonces, llamó a los diputados a reconsiderar su postura, dado que el recurso podría sufrir el mismo destino que el de los senadores en medio de la necesidad de apresurar la promulgación de la ley para permitir su objetivo: que 1.300 internos de delitos menos graves puedan cumplir sus penas en arresto domiciliario y así reducir una potencial infección masiva de presos.

“Este es un gesto de humanidad”, diría Pardo al anunciar el desistimiento de la ofensiva. “No es un gesto político. No es un gesto hacia el Gobierno. Es una gesto de humanidad que esperamos que otros también imiten en las distintas circunstancias que estamos viviendo”, agregó una hora antes de ingresar la nueva petición en el TC, flanqueado por algunos de sus pares y firmantes del recurso como Mario Desbordes (RN), María José Hoffmann (UDI) y Sergio Bobadilla (UDI).

La presión al Gobierno

Y aunque el ánimo original era mantener el recurso como “señal política” y de presión al Ejecutivo, los diputados cambiaron de opinión. Una de las principales razones era que el camino de este segundo requerimiento tenía serias dificultades, dado el precedente con los senadores. Pero hubo más factores.

En Chile Vamos insisten en que los argumentos de Pardo -que también fueron reiterados por la diputada Hoffmann- eran clave para dar la señal no solo a los parlamentarios que habían impulsado la iniciativa, sino también para el Ejecutivo, pues ahora todos los dardos apuntan al Presidente Sebastián Piñera y su eventual decisión de indultar casos particulares.

“Hacemos un llamado al Gobierno a que concrete. Sabemos del compromiso que tiene el Presidente con el respeto de los derechos humanos y las razones humanitarias, pero es importante que haya señales concretas y podamos avanzar tanto en los reglamentos prometidos, como en la Ley Humanitaria, como también en los indultos que él pueda tramitar”, señaló Hoffmann, jefa de bancada de la UDI. 

En el oficialismo, señalan que bajo la lupa presidencial habría 14 casos susceptibles de revisión y, de ellos, seis cumplen condena por delitos contra los derechos humanos.

El factor Gendarmería

Conocida la decisión del TC, tanto Desbordes como el propio Pardo habían confimado a PAUTA que su estrategia seguía en pie. “El requerimiento tiene que continuar, el TC ha actuado bastante rápido. No veo razón para retirarlo”, dijo el timonel de RN el lunes en la noche.

¿Qué pasó, entonces? Las alarmas se encendieron y las tratativas de La Moneda para frenar esta segunda arremetida se intensificaron, especialmente en la mañana de este martes con el presidente de RN y la jefa de bancada de los diputados gremialistas. 

Al llamado que había hecho el titular de Justicia, Hernán Larraín, para retirar el recurso, se sumó la gestión de los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de la Segpres, Felipe Ward. Y aunque en Chile Vamos aseguran que el Gobierno “no logró bajar ninguna firma”, sí hubo varios argumentos políticos como los efectos de esta tensión en la coalición y la carga de alargar el proceso a sabiendas de la urgencia sanitaria en curso.

“Nuestro recurso podría perfectamente demorar una semana más y, por eso, hemos tomado la decisión. Hemos hecho este análisis en razón a cómo ha ido avanzando el Covid-19 dentro de las cárceles”, explicó Desbordes para justificar el cambio.

Hubo una conversación clave aquí. El presidente de Renovación Nacional se contactó con el alto mando de Gendermaría, de donde se interiorizó de dos preocupaciones. Primero, lo que sucede con los niños menores de dos años que viven con sus madres en las cárceles y que sí serían beneficiados con el indulto conmutativo. Y segundo, la situación de las regiones, pues las personas que tienen reclusión nocturna no están en una unidad aparte y cumplen su condena en el mismo recinto que el resto de la población penal, convirtiéndose en un eventual vector de la enfermedad.

Durante el mismo martes, además, el Poder Judicial reveló un informe que indica los serios problemas de las cárceles para contener el contagio.

Con esa información, más los argumentos de La Moneda y el rechazo en el TC, desde RN y luego desde la UDI evaluaron los pro y contra de seguir con el requerimiento. Y aunque desde la tienda que lidera Jacqueline van Rysselberghe fueron en un principio más reacios a ceder, finalmente se apoyó la idea de retirar el recurso.“Había que hacer el punto humanitario y equiparar los dardos de la izquierda”, señala un parlamentario del oficialismo. 

El nuevo cronograma

“A diferencia de los que hacen cuestión ideológicas con estos temas, nosotros no queremos tener de rehenes a mujeres embarazadas, enfermos y otro tipo de personas que se benefician con el indulto conmutativo”, agregó el diputado Pardo. 

En el Gobierno, el ministro Larraín fue el primero en valorar el gesto. “Luego de que el TC fallara rechazando un requerimiento anterior, los diputados han tenido buen juicio, buen criterio y la prudencia de retirar el suyo”, calificó.

Según el titular de Justicia, ahora todo depende de la rapidez del TC, que debe informar al Senado del rechazo anunciado el lunes. Luego la Cámara Alta oficiará al Ejecutivo y la ley quedará lista para su promulgación presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial. 

“Si eso es así, este próximo fin de semana los primeros indultados podrían irse con arresto domiciliario, con lo cual estaremos avanzando en el objetivo sanitario de descomprimir y reducir la población penal”, anticipó Larraín. 

Pedir opiniones a Lagos y Bachelet

Tras retirar su requerimiento, los diputados de Chile Vamos liderados por el gremialista Sergio Bobadilla anunciaron un nuevo proyecto de ley que permita conmutar las penas a mayores de 75 años y que padezcan enfermedades terminales sin distinción del delito. Es algo que suena muy parecido a la “Ley Humanitaria” que se tramita en el Senado y que este martes se revisó en la Comisión de Constitución. 

Aunque el escenario era igual que complejo al que se vivió el lunes en la Comisión de DD.HH. -que rechazó la idea de legislar– , en la Comisión de Consitución Larraín pudo abrir un pequeña puerta.

Primero, el Ejecutivo le quitó la discusión inmediata a la iniciativa y, pese a los reparos y dudas de la oposición, porque el proyecto sí puede indultar a condenados por delitos de lesa humanidad, llegaron a un acuerdo de poder escuchar “más voces” antes de votar la iniciativa.

De hecho, el más duro fue el presidente de la instancia, el senador Alfonso de Urresti (PS). “Este es un proyecto para otorgar la libertad a violadores de derechos humanos, revestido de normas de trato humanitario”, dijo el parlamentario. Se trata del punto más polémico de este proyecto de ley, pues hoy existen de 122 reclusos mayores de 75 años, de los cuales 83 están condenados por delitos contra los derechos humanos.

La discusión quedó para la próxima sesión. Desde Chile Vamos pidieron ampliar del debate y pedirles la opinión a personeros de oposición como el expresidente Ricardo Lagos o la exmandataria y hoy alta comisionada de DD. HH. de la ONU, Michelle Bachelet.