Marisol Peña: como funcionaria pública, Brahm (TC) “debió denunciar ante la Justicia”

La expresidenta del TC señala que en los retrasos de las causas “hay matices” y que Brahm pudo hablar en su cuenta pública.

“Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, dijo el domingo 19 de abril, en una entrevista a La Tercera, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, refiriéndose a las causas de derechos humanos. Y, al ser consultada si esto ocurría en el período en que estaba su antecesor, Iván Aróstica, señaló que él era quien “decidía y proponía qué causa se ve en el Pleno” y “proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos”.

Sus dichos provocaron la reacción de varios exministros del TC. Y uno de ellos es la académica de la Escuela de Derecho de la UC Marisol Peña. También fue presidenta del tribunal, período que compartió en la testera del organismo con Carlos Carmona, un año cada uno.

Peña dejó el TC en junio de 2018, cuando terminó su período. Y ve la situación que hoy vive el tribunal como algo inédito. “La instancia natural para efectuar estos planteamientos, críticas o diagnósticos, o como quieran verse, es al interior del pleno. Y si ella (María Luisa Brahm) tuviera pruebas de que se ha estado al límite de la corrupción, lo que correspondía es que hubiese desplegado las investigaciones penales correspondientes”, señala la académica.

La exministra alude también a otros dichos que Brahm desplegó en la entrevista, como cuando expresa que la demora en la tramitación de estos casos –que se deben a la presentación de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de exuniformados– derivó, incluso, “en un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios y eso pasaba porque en el tribunal encontraban tiempo”. Agrega Brahm que “una vez me tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC”.

Hubo Pleno del TC este martes 21 de abril. A la salida, Aróstica señaló que “la ministra (Brahm) acaba de decir en el Pleno que ella no ve ninguna irregularidad, y yo le creo eso”. Además, informó que él colaboraría en la indagatoria que abrió el Ministerio Público después de que la diputada PC Carmen Hertz presentara una denuncia. “Si me piden la concurrencia voy a ir y voy a renunciar a todos los privilegios procesales que pueda tener”, anunció Aróstica.

La indagatoria derivará en que ministros y funcionarios del TC deberán declarar ante la Fiscalía.

Para Marisol Peña, los hechos denunciados son “gravísimos porque se emiten por un medio de comunicación”. Y, junto con insistir en que la instancia para hacer denuncias es el Pleno, recuerda que “hay figuras penales para los jueces que tienen que ver con el principio de probidad, como es, justamente, la tipificación y sanción del delito de prevaricación en el Código Penal”.

-Los miembros del TC son funcionarios públicos. Si una persona ve un hecho como el que señaló la presidenta Brahm, ¿qué es lo primero que debió hacer?

“Denunciarlo ante la Justicia. Ese es el paso correspondiente. Pero ello puede admitir un matiz, porque su declaración está hecha en términos genéricos y abstractos, como señalar que ella piensa que el retraso de causas pudo haber estado al límite de la corrupción. No sabemos si ella ha efectuado un análisis interno, si tiene estadísticas y menos si ella dispone de los elementos de juicio para poder comprobar cuáles son las causas efectivas de esos retrasos”.

-¿Cuál podría ese ese matiz?

“Primero correspondería una investigación interna y, si efectivamente existen esos antecedentes que permitan sostener que estamos frente a la comisión de figuras delictivas, como todo funcionario público corresponde que los antecedentes hubiesen sido puestos a disposición de la Justicia, con las pruebas respectivas”.

–La ministra también dijo que leyó un contrato en que un abogado “cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC”. ¿Qué habría correspondido hacer ante esta circunstancia?

“Si ella tenía conocimiento de que había una situación tan grave en una causa que se estaba tramitando en el TC, debió haberlo hecho presente para que el presidente del tribunal de la época, cualquiera haya sido, dirigiera inmediatamente un oficio al Colegio de Abogados“.

-María Luisa Brahm realizó estas declaraciones a ocho meses de haber asumido la presidencia del TC. ¿Qué le parece el momento en que relata estos hechos?

“Me parece muy extraño el momento. Hay que entender que los jueces, y ese es un principio que cualquier ministro de la Corte Suprema y cortes de Apelaciones va a compartir, es que la regla general es que hablan a través de sus fallos. Es muy extraño que ella hiciera este tipo de declaraciones, cuando a fines de marzo subió a la página web del tribunal su cuenta pública. Uno se pregunta si acaso no era ese acto de accountability ciudadano, el momento para ver puesto en evidencia este tipo de situaciones irregulares de las cuales ella, supuestamente, quería hacerse cargo. ¿Por qué no aprovecha la instancia que le confía la ley orgánica constitucional para estos efectos y decide utilizar un medio de comunicación?”.

El caso Carmona

Marisol Peña recuerda que cuando en 2017 se conocieron públicamente los antecedentes que afectaban al ministro del Tribunal Constitucional Carlos Carmona, quien fue parte del TC entre 2003 y 2018 y presidente entre 2014 y 2015, “en esa oportunidad Iván Aróstica le preguntó al Pleno, y yo formaba parte, la posibilidad de iniciar una investigación interna respecto de los hechos”.

-¿Y qué pasó con ese planteamiento?

“No encontró el apoyo en la mayoría. Finalmente, tuvimos que quedar en las manos de lo que la justicia estaba investigando. Sin embargo, varios pensábamos que haber efectuado una investigación interna habría sido una muy buena señal, sobre todo para los funcionarios en el sentido de que ese tipo de prácticas, de ser ciertas, no pueden darse al interior de un órgano de esta envergadura”.

-¿Cómo votó en esa ocasión la ministra Brahm?

“Ella, entre otros, fue una de las que se opuso”.

DD.HH. y la Primera Sala

–¿Cuáles es la sensación hoy de los exministros que tramitaron estos recursos de inaplicabilidad tras los dichos de la presidenta?

“Cuando una persona natural o jurídica deduce una acción de inaplicabilidad ante el TC, es un derecho que le asiste derivado de la propia ley orgánica del tribunal. Y ese es el derecho a solicitar la suspensión de la gestión judicial pendiente en la cual la norma legal que se está reprochando podría producir un resultado inconstitucional. Por lo tanto, cuando se examina la admisión de trámite o, eventualmente, la admisibilidad del requerimiento, la sala respectiva decide, en ejercicio estricto de la función jurisdiccional, si procede o no decretar la suspensión del procedimiento”.

-¿Eso tiene que ver con el tipo de causas? Lo pregunto porque los casos suspendidos eran los de derechos humanos.

“No tiene que ver con el tipo de causas ni con la persona que lo deduce, sino que con criterio jurídico y si la aplicación de la norma va a producir un resultado inconstitucional en caso de no suspenderse la causa: vale decir, que se acabe la gestión pendiente, se dicte sentencia y se consolide una eventual inconstitucionalidad. En la práctica, en el TC, en la medida en que se ha ido ampliando profusamente el número de inaplicabilidades, han existido ciertos criterios desde siempre. Por ejemplo, que en las causas penales, cuando el requirente se encuentra privado de libertad, siempre han tenido preferencia para su vista y fallo”.

-¿Vio este tipo de causas de derechos humanos?

“Tengo guardados mis apuntes. El 7 marzo de 2017 se hizo la vista de la causa de derechos humanos y el acuerdo que se adoptó en conformidad a las posibilidades que existen, es que se decreta una medida para mejor resolver. Vale decir, que se estime que falta un antecedente para mejor resolver. En esa ocasión se decidió que había que mandar oficios a ciertas instituciones antes de decidir. Entonces, lo de los retrasos admite bastante matices. Y el acuerdo de esa causa, que fue acogida por seis votos contra cuatro, se adoptó en 15 días. Yo fue la redactora y ahí hay un elemento muy palpable que, cuando se habla de retrasos en términos genéricos sin atender a la razón, es sumamente delicado”.

-¿Por qué? ¿De qué dependen?

“Una de las posibilidades que prevé el auto acordado sobre vistas de causas y adopción de acuerdos es que la causa pueda quedar en acuerdo cuando, por ejemplo, un ministro solicita más tiempo para un mayor estudio. Porque puede ser que en un alegato aparezca un elemento que le merezca una reflexión más detenida. Por ejemplo, en el año 2017, el segundo semestre, el TC estuvo prácticamente abocado casi con exclusividad a resolver la causa sobre el proyecto de ley de aborto en tres causales. Esos son requerimientos parlamentarios que tienen plazos muy acotados, por lo que necesariamente se retrasaba el despacho de todas las otras causas de inaplicabilidades que estaban en el rol de asunto en estado de Pleno”.

-¿Las causas que entonces se paralizaron por el proyecto del aborto eran de derechos humanos?

“De todo. Sin embargo, hasta donde llega mi recuerdo, porque fui presidenta de la primera sala del TC donde se vieron varias de estas causas, siempre se les trataba de dar un trato preferente. Y muchas veces recibimos oficios de los tribunales ordinarios de Justicia pidiendo agilidad en la vista. Pero el dilema que aquí se plantea es que siempre hay que conciliar el derecho a un juzgamiento en un plazo razonable con la profundidad y seriedad de la decisión. Entonces, independientemente de que se trata de causas que por razones ajenas al tribunal llevaban muchos años en la justicia ordinaria, en el TC se procuraba tener el mejor equilibrio posible”.

–La Primera Sala actual, que integra Aróstica, usualmente es la que ve las causas de DD. HH., las mismas que se han paralizado, algo que ocurrió cuando él lideraba el TC. ¿Por qué eso ocurría así?

“Siempre ha sido así y no porque esa sea una atribución que se haya autoconferido el ministro Aróstica, sino porque eso le corresponde al presidente del tribunal en virtud de la Ley Orgánica Constitucional del TC. El artículo 8, letra b, dice que son atribuciones del presidente ‘distribuir de modo equitativo entre las dos salas del tribunal, las causas que a ellas les corresponda conocer, tomando en consideración la naturaleza, complejidad y cantidad de los asuntos que estén actualmente sometidos al conocimiento de las salas'”.

-¿Pero por qué una misma materia se repetía en una sala?

“Desde que me incorporé al TC en 2006, había una cierta especialización que, en la práctica, presidentes incluso anteriores a mí trataron de ir reproduciendo. Por ejemplo, que los asuntos de quiebras se vieran en un sala, los penales en otra. Y esto siguiendo la lógica del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que tiene dos senados o dos cámaras, y cada una de ellas está especializada en ciertos asuntos, lo cual da garantías de expedición pero también de seriedad y profundad en el trabajo”.

-¿Entonces piensa que Aróstica llevaba las causas a la Primera Sala solo por “especialización”?

“Estoy absolutamente convencida. Porque si se examinan en el tiempo las estadísticas de las causas que se veían la Segunda Sala, se podrá observar que tenía una cantidad impresionante de causas relacionadas con infracciones a la Ley de Control de Armas. De tal manera que alguien podría decir al revés: ‘¿Por qué solo se enviaban a la Segunda Sala las causas relacionadas con controles de armas, que son muchísimas?’ Eso forma parte de la atribución legal que tiene cada presidente de ir produciendo una distribución equitativa. Las causas de derechos humanos siempre han sido mucho menores que las de control de armas y las por infracción a la Ley Emilia. Y siempre la Segunda Sala concede la suspensión de causas por Ley Emilia”.