Felipe Harboe: “Si el pacto social lo convoca el Presidente, no va a llegar a puerto”

El senador plantea una salida con líderes distintos: “Tienen más legitimidad el ministro de Hacienda o el ministro del Interior”.

Fue uno de los articuladores del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que se tejió una madrugada de noviembre, en medio del estallido social que removió al país el año pasado. Ahora, siete meses después de esa jornada, en la política se habla de la necesidad de un nuevo pacto social para enfrentar esta segunda crisis. El senador del PPD Felipe Harboe plantea en esta entrevista con PAUTA que no será un acuerdo transversal, sino de una “mayoría razonable”. Y que si esta salida es convocada por el Presidente Sebastián Piñera, no prosperará. 

-Algunos actores políticos han planteado la necesidad de un pacto social para salir de la crisis, en medio de la pandemia. ¿Comparte esa visión?

“Creo que se requiere una mayoría que deje los prejucios ideológicos de lado, que nos sentemos y veamos con reformas muy concretas, en materia de salud, de educación y en materia de pensiones, transformaciones con el efecto de evitar el impacto negativo que la pandemia y el estallido van a tener y han tenido sobre miles de familias y en especial de los pensionados”.

-¿Ve disposición transversal de los distintos sectores?

“Hemos conversado con Mario Desbordes (RN), con el ministro de Hacienda (Ignacio Briones), con el del Interior (Gonzalo Blumel). Hay que ser extremadamente cautos: esto no es viable pensarlo como un gran acuerdo amplio de todas las oposiciones y todo el sector de oficialismo, porque en ambos lados hay extremos, pero sí perfectamente una mayoría razonable de uno y otro sector. El punto está en cuál es la disposición del Gobierno, porque proyectos de pensión, salud y educación son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”.

-Entonces el acuerdo depende del Presidente…

“Si el Presidente de la República no está convencido de esto, el acuerdo va a fracasar. Si deja sus prejuicios ideológicos de lado, que son los que sustenta habitualmente Cristián Larroulet [jefe del Segundo Piso] y está dispuesto a sentarse a discutir, por ejemplo, el fortalecimiento de la educación pública como herramienta de movilidad social o entender que las modificaciones de margen que están haciéndose al sistema de pensiones no garantizan pensiones inmediatas adecuadas a los adultos mayores, no vamos a llegar a ningún puerto y tendremos que hacerlo entre otros dirigentes políticos y excluyendo al Gobierno. Eso implicará postergar las reformas para un próximo período y asumir que este es un Gobierno que ya finalizó”.

-¿Cómo se debería comunicar este nuevo acuerdo social?

“Al Presidente le encanta citar muchas veces al expresidente [Patricio] Aylwin, entonces yo le recomendaría pensar qué estaría haciendo él en este momento, o el expresidente [Ricardo] Lagos, que es un estadista. A mí no me cabe ninguna duda de que los dos estarían llamando a un acuerdo de unidad nacional, dejando los prejuicios de lado, entendiendo la gravedad de la situación. Lo que Piñera no ha calibrado con la debida profundidad es que la pandemia y el estallido van a generar un nivel de pobreza en este país que no sea había visto desde la década del 80. Si el estallido social de octubre 2019 fue con un 6% de desempleo, no hay que ser muy avezado para proyectar que en octubre de 2020 vamos a tener entre un 15% y un 18% de desempleo. Eso puede implicar un estallido mucho más agravado”.

El mensaje presidencial

-Aún no es claro cuándo se podrá controlar el brote de Covid-19, pero ¿ve la posibilidad de un nuevo estallido social a fines de año?

“Yo veo condiciones objetivas de mayor riesgo de un estallido social, por el desempleo, porque vamos a tener una molestia muy compleja producto de la falta de atención provocada por el colapso de servicios públicos y, además, se va a cumplir un año y en la práctica nada se transformó, a pesar de las masivas manifestaciones. Con estos elementos, sumados a la debilidad estructural y ya definitiva del Gobierno, será un cuadro muy poco positivo el que viene después de la pandemia”.

“La autoridad política en general debe ser capaz de adelantarse a lo que viene y mostrar una hoja de ruta de transformaciones, para que por lo menos una parte importante de la ciudadanía que se manifestó en octubre del año pasado diga ‘vamos por buen camino, porque hay esperanza de reformas importantes’. Si no la hay y si el Gobierno la desecha, será responsabilidad de ellos. Mi percepción es que la mano que le tendimos al Gobierno cuando estaba cayendo, desde la oposición, no sé si va a estar disponible nuevamente. Aquí se requiere, para llegar a acuerdos, al menos de dos partes: nosotros estamos disponibles y hasta el momento no hemos encontrado un gobierno disponible para avanzar en acuerdos importantes”.

-¿Cree que sería un buen momento el mensaje de la Cuenta Pública para convocar a este acuerdo?

“Es que yo creo que si el pacto social lo convoca el Presidente de la República, no va a llegar a puerto, porque creo que su figura no es una figura de unidad, es una figura de división y el juicio político ya está hecho. Tienen más legitimidad el ministro de Hacienda o el ministro del Interior”.

-Desde algunos partidos están planteando que en este pacto sería bueno que aparecieran expresidentes, como Michelle Bachelet o Ricardo Lagos. ¿Coincide con aquello? 

“Me da la impresión de que lo que se requiere es un grupo bastante reducido que tenga voluntad y capacidad de acordar ciertas reformas y después podrán participar en la suscripción de la firma los expresidentes de la República y Presidente. Si esto solo eso un acuerdo político de expresidentes, presidentes o líderes de partidos, no va a tener una cabida práctica real, que va a significar que la gente diga ‘ah, mira, este país empieza a cambiar’. Se requieren actores también de la sociedad civil, del sector privado, del sector público”.

El abandono del Gobierno en el sur

-En el último mes hemos visto varios atentados en el sur, como no se habían visto últimamente y justo en medio de la crisis sanitaria. ¿Qué lectura hace de esa situación?

“La sensación de impunidad que se ha ido instalando por la incapacidad del Gobierno y la policía de poder identificar y condenar a los responsables genera esta motivación en el sentido de decir que ‘si al anterior no le pasó nada, por qué yo no lo puedo hacer’, y eso es un problema. Lo segundo que llama profundamente la atención es que estas personas, que no son grupos mayoritarios, no estén siendo identificadas, procesadas y sancionadas. El sistema de inteligencia y persecución penal no está logrando el objetivo. Y finalmente, una preocupación adicional es que estos hechos se producen cuando hay toque de queda”.

-En ese sentido, estos grupos deciden burlar incluso el toque de queda, durante la peor pandemia que ha vivido el país en las últimas décadas. ¿A qué se lo atribuye?

“Yo creo que se está aprovechando el momento y que tiene un mayor impacto comunicacional. La señal que se manda no solo a Chile, sino al extranjero, es que a pesar de que haya militares en la calle, el Gobierno perdió el control de la seguridad y eso es un impacto mediático mucho mayor”.

-¿Cuál debería ser la respuesta, entonces, del Ejecutivo?

“De una vez por todas, tener un sistema inteligencia que les permita identificar a estas personas y luego transformar esos elementos de prueba en evidencia procesal para condenar. Si no hay condena, mi percepción es que esto va a seguir. Es muy delicado, porque hoy día se le perdió el respeto al Gobierno”.

-¿El Gobierno ha descuidado el conflicto en La Araucanía y las conversaciones con las partes?

“El problema que hay hoy día es precisamente ese: no se está haciendo política en materia del conflicto de La Arucanía. El conflicto reaparece a través de hechos policiales, atentados, violencia. Pero aquí se requeriría que hubiese un conjunto de interlocutores trabajando con las comunidades. La pregunta es quién está articulando una alternativa o una solución. Me gustaría ver en la portada de un diario, en vez de una noticia de un atentado, que el Gobierno logra articular con una empresa forestal que miembros de una comunidad originaria ingresen a su directorio o bien que la empresa diga ‘incorporé, dentro del proceso productivo, un trabajo con las comunidades’, para que las comunidades se enriquezcan y no solo vean los costos. Eso es hacer política: buscar soluciones concretas entre el mundo político, el privado y las comunidades. Y eso el Gobierno lo abandonó”.

Reforma a Carabineros: sin avances

-En marzo se presentaron las conclusiones del Consejo para la Reforma a Carabineros, con insumos que usted y su mesa de trabajo presentaron. Pasaron dos meses de aquello. ¿Vio avances?

“No, lamentablemente. Creo que dada la contingencia el Gobierno se enfocó en el tema de la pandemia y dejó un poco de lado el proceso de reforma. Nosotros con el grupo de expertos y expertas le hemos propuesto una hoja de ruta de cómo ir avanzando en cada uno de los proyectos que son fundamentales para la reforma. Estamos esperando respuesta, lo entregamos recién la semana pasada y espero que esta semana el ministro [Blumel] tome la decisión. Hemos propuesto también la gobernanza, es decir, una estructura que se haga cargo de esta reforma”.

A principios de año había un poco más de presión por este tema, con el regreso de las manifestaciones de marzo. Ahora no ha habido avances. ¿Preocupan los tiempos en los que se está haciendo?

“Creo que esta reforma tiene que tener la virtud, y así lo hemos propuesto, de tener triunfos de corto plazo, es decir reformas que permitan hacerse cargo de problemas que hoy día tiene la institución. Pero también tiene que tener una mirada a largo plazo, de transformar a Carabineros en una institución especializada en seguridad preventiva, pero a su vez con altos estándares de preparación, tecnología en sus análisis, evidencia de su comportamiento, transparencia en sus procederes y respeto fundamental por los derechos fundamentales en su formación, todo eso a mediano plazo. También somos realistas y entendemos que el Gobierno y el país requiere de reformas en lo inmediato, por eso hemos propuesto una agenda mixta, que da pequeños adelantos inmediatos, pero también no pierde la mirada de futuro que es lo que queremos conseguir”.

¿Y en lo inmediato qué cosas se podrían lograr? Algunos plantean que luego de la pandemia podría venir otro estallido…

“Aquí se requiere hacer reformas importantes en materia de formación inmediata de todo lo que son las Fuerzas Especiales. Creo que ha quedado en evidencia que la falta de carabineros especializados en el control del orden público generó muchas veces que se le pusiera uniforme de Fuerzas Especiales a uniformados que no habían tenido esa experiencia y las circunstancias demostraron que eso no era conveniente, entonces también la necesidad de que el Gobierno impulse una profunda capacitación y formación rápida en materia de control del orden público a funcionarios que no lo tuvieron porque no están en esa especialidad. También creo que es clave que se establezca un programa de formación en materia de respeto a los derechos fundamentales y además que conozcan la nueva legislación, para que no cometan delitos sin saber que lo son. En paralelo, obviamente el fortalecimiento de la inteligencia policial y mecanismos tecnológicos para poder identificar a quienes participan de hechos de violencia, atentados o amenazas, que es fundamental”.

-¿Ve posible que se cumplan esos objetivos a corto plazo?

“Yo espero que el Gobierno esté trabajando en esto, porque el país merece una policía fortalecida, que cumpla ciertos estándares en materia de derechos humanos, de eficencia, probidad, de eficacia táctica”.