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El dilema jurídico del límite a la reelección se expande hacia la Cámara

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POR Gladys Pierola |

Entre los diputados hay dudas de si la resolución del entuerto dejado por el Senado debe llegar a comisión mixta.

El concepto que más se repitió este lunes en la discusión de la Comisión de Constitución de la Cámara fue in actum. Luego de casi tres horas de debate, tanto los diputados integrantes de la instancia como los expertos invitados llegaron al convencimiento de que la polémica votación por el límite a la reelección y la llamada “retroactividad”, que protagonizó la semana pasada el Senado, tenía un error de lectura política y un efecto adverso al que muchos buscaban: tal como salió el proyecto de la Cámara Alta, sí se aplicaba de inmediato el impedimento a la reelección; es decir, al menos seis senadores y 38 diputados no podrían competir en los comicios 2021 por cumplir más de dos períodos en el Senado o más de tres en la Cámara. 

El jueves pasado se dio un ácido debate entre los senadores, con reproches cruzados por las abstenciones y también críticas por parte de los diputados, tras rechazarse el artículo 6 transitorio que contabilizaba los períodos actuales para la limitación. Varios parlamentarios de lado y lado adelantaron que esto debería resolverse en una comisión mixta para reponer este numeral, considerado por algunos como el “corazón” del proyecto. Para eso la Cámara debería este miércoles 3 de junio votar en contra de lo aprobado por el Senado y, con ello, forzar esa última instancia de tramitación legislativa.

In actum

Sin embargo, el problema fue otro y así lo advirtieron varios académicos que expusieron en la Cámara. “Aquí se produjo un error de interpretación”, dijo el constitucionalista Patricio Zapata, quien coincidió con los abogados Jorge Correa Sutil, Gabriel Osorio, Francisco Zúñiga y Fernando Atria, en que el texto aprobado por el Senado, por ser una norma de derecho público, opera in actum, aplicándose para todas las autoridades que hoy se encuentran en ejercicio.

“La norma no distingue entre elecciones pasadas y futuras; por ende, para efectos de computar la reelección deben considerarse todas las reelecciones ya acaecidas, la única forma de excluirla sería que la norma expresamente las hubiera excluido y la norma permanente no lo hace”, señaló Correa Sutil. 

Por lo mismo, parte de la discusión que se dio en la instancia es si se deben cambiar los planes originales. Esto sería aprobar lo que salió de la Cámara Alta y acotar la discusión de una mixta a dos puntos: la situación de los alcaldes y concejales -que estarían limitados a dos reelecciones-, pues para ellos el calendario electoral y la “ley antidíscolos” sí les rige desde antes, y debatir nuevas facultades para que el Servicio Electoral (Servel) pueda hacer valer la eventual prohibición.

De hecho, el diputado DC y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, explicó que uno de los debates que tendrán este martes 2 de junio en la instancia ad hoc –y quedará en la redacción del informe que entregarán a la Sala- es si incorporan algunas sugerencias de los expertos. Por ejemplo, “si se debe establecer expresamente la facultad al Servel de declarar la inhabilidad de las candidaturas por este propósito para que no quede sujeto a la interpretación caso a caso, sino para que haya un criterio absolutamente uniforme”. 

La desconexión 

Fueron los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Álvaro Elizalde (PS) quienes advirtieron este punto en el acalorado debate de la semana pasada, pero sus colegas poco los escucharon. En paralelo, en el mundo jurídico Gabriel Osorio fue uno de los primeros abogados en explicar que los legisladores se habían equivocado en la discusión.

“Hubo desconexión entre la discusión política y la discusión jurídica que estaba detrás de la votación. Los senadores se enamoraron de su discusión política sobre el ‘derecho’ a la reelección que ellos deberían tener en el marco de esta tramitación contra un texto jurídico que, específicamente, jamás los exceptuó de la prohibición, que ellos ya habían aprobado en general”, dice el abogado a PAUTA. 

Según Osorio -también asesor del PS-, la distancia entre el debate guiado por los senadores versus lo que estaban votando se dio por no entender “que a ellos, siempre, con transitorio o sin transitorio, se les iba a aplicar in actum”. 

De hecho, el abogado explica que en caso de querer cambiar la norma y hacer que no se aplique desde ahora, lo que deberían discutir es al revés del debate que se dio. Es decir, tendría que quedar expreso que no quieren que se les aplique hasta el siguiente período, o dejar textual que se les considera el período actual como el “primero”, aunque varios de los parlamentarios son incumbentes que llevan 30 años en el Congreso, sumando las distintas pasadas en ambas cámaras. 

¿Quién es el responsable?

Una de las discusiones que se dio este lunes en la Cámara era quién es el responsable de lo que hoy se etiquetó como una “equivocación” o una “muy mala interpretación”.

“Aparentemente se pensó en el Senado que había algo de ilógico, antinatural y extraño con darle efecto in actum a la reforma y se habló de retroactividad. Se entendió que como era algo peculiar y era necesario que fuera una norma expresa, en un artículo transitorio expreso el que le diera ese efecto inmediato. Lo cierto es que la práctica constitucional chilena apunta a la dirección exactamente contraria”, señaló Patricio Zapata. 

Sin embargo, los diputados fueron mucho más duros con los senadores. Aseguraron que la Cámara al final intentaba reparar una “falla” y que la discusión también debía centrarse en si se quería o no ser corresponsable de la polémica.

“No puede ser gratuito por el problema que causó”, opinó el diputado René Saffirio. Culpó además al secretario del Senado, Raúl Guzmán, como uno de los responsables del “bochorno” del jueves pasado, por no explicar a los parlamentarios “claramente cuáles son los efectos de apuntar en uno u otro sentido”.