Casi 300 colegios y jardines infantiles particulares se acogen a la Ley de Protección del Empleo

La cifra abarca a establecimientos privados y subvencionados. Se gestiona que sus dueños puedan acceder a créditos Fogape-Covid-19.

El caso del colegio Denham School de San Bernardo puso el tema en la agenda. A raíz de la crisis sanitaria, el establecimiento se acogió a la Ley de Protección del Empleo y, tiempo después, decidió suspender las clases en línea de sus alumnos debido al no pago de las mensualidades por parte de los apoderados. Afortunadamente, este sábado 6 de junio se llegó a un acuerdo: el colegio decidió reiniciar las clases luego de una mediación con la seremi de Educación.

Sin embargo, el caso del colegio Denham no es aislado. De hecho, es uno de los 293 establecimientos educacionales que han optado por la Ley de Protección del Empleo en los últimos meses, aunque muchos han seguido operativos, congelando solo parcialmente las labores de algunos de sus profesores y funcionarios. 

Según cifras que entregó a PAUTA la Superintendencia de Educación, existen 61 colegios de educación básica y media (0,5% a nivel nacional) y 232 establecimientos de nivel parvulario (3,4% a nivel nacional), ya sean particulares o particulares subvencionados, que se han acogido a esta ley que el Congreso despachó el 1 de abril en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

La cifra representa el 1,6% de todos estos establecimientos a nivel nacional, ya que hay 6.800 de educación parvularia y 11.500 colegios.

“Lo anterior no quiere decir, necesariamente, que el establecimiento haya suspendido la entrega de educación a distancia o sus turnos éticos”, explica el superintendente Cristián O’Ryan.

Por todo esto, y porque se prevé un aumento de este tipo de casos, es que O’Ryan explica que realizaron este levantamiento de información para conocer la realidad de los colegios particulares y particulares subvencionados del país. Mientras que, en paralelo, la seremi Bárbara Soto evalúa los cupos en establecimientos municipales en caso de que se requiera de matrículas.

“Cuando comenzó la crisis y las suspensiones presenciales de clases, cerca del 16 de marzo, enviamos un oficio a todos los establecimientos educaciones del país, diciéndoles que debían hacer un plan de recuperación. Luego, comenzaron a lanzarse todas las plataformas en líneas, como el Aprendo en Línea (del Mineduc), además de convenios para tratar de facilitar accesos a internet”, señala O’Ryan.

Pero entre marzo y junio, pese a las medidas que han tomado varios colegios, como el congelamiento de pagos, rebajas en las mensualidades, fondos solidarios y nuevas becas, el aumento del desempleo y la pérdida de ingresos golpearon fuerte tanto a los apoderados como a los establecimientos, que destinan aproximadamente el 70% de sus ingresos al pago de remuneraciones y gastos de mantención.

De acuerdo con la información preliminar que tiene la Superintendencia de Educación, hay situaciones diversas según el colegio. “Hay algunos establecimientos que tienen, por ejemplo, dos personas con suspensión del empleo; otros solo a los asistentes de la educación y en otros hay una mezcla entre profesores y funcionarios. Otros han tomado la opción de reducción de jornada. Es muy variopinto”, asegura O’Ryan.

Créditos Fogape-Covid-19

En el caso del Denham School, el superintendente explica que la sostenedora del establecimiento le señaló que con la crisis el no pago de colegiatura llegó a cerca del 58%. “Hoy un colegio particular no tiene otra forma de ingreso que no sea a través de las colegiaturas”, detalla.

O’Ryan agrega que para los colegios es muy difícil conseguir créditos tradicionales en la banca debido a que usualmente son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. “Su situación es compleja”, advierte.

Ante ese escenario, señala que, junto con realizar el levantamiento de datos para evaluar la situación de todos los colegios privados, particulares pagados, salas cunas y jardines infantiles del país que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, están haciendo gestiones junto con los ministerios de Hacienda y Economía para que los sostenedores también puedan acceder a los créditos Fogape-Covid-19, fundamentalmente para preparar el eventual regreso a clases.

Se trata, explicó O’Ryan, de conversaciones que están muy avanzadas. “Hemos estado viendo con Hacienda y Economía opciones para que los jardines infantiles, salas cuna y colegios particulares pagados puedan acceder a los créditos Fogape-Covid. Para eso ya hemos promovido un cambio en el reglamento”.

La idea de que puedan acceder a estos fondos no solo tiene que ver con los problemas económicos actuales, sino con los que vienen. “Cuando venga el retorno a clases, los colegios van a tener que hacer grandes esfuerzos, más allá incluso de los que están pactados en los contratos. Esto no es solo para nivelar a los niños, sino que para hacer un buen diagnóstico sobre el currículo que estableció el Ministerio de Educación y por todas las medidas que tendrán que tomar de acuerdo con el protocolo sanitario, que van a ser muy estrictas, por lo que necesitarán cierto grado de inversión”, comenta el superintendente de Educación.

Seremi: “No se puede expulsar a mitad de año”

En tanto, la seremi Bárbara Soto explica a PAUTA que en la evaluación preliminar que se ha realizado son los jardines infantiles los que, hasta ahora, aparecen como los más perjudicados y que “muchos están al borde de la quiebra”.

Esto, detalla, no solo se debe a la situación económica del país y a que muchos se han acogido también a la Ley de Protección del Empleo, sino que además porque los padres han decidido retirar a sus hijos debido a que las clases en línea no acomodan a los niños menores.

Respecto de la situación económica de los colegios, Bárbara Soto manifestó que junto con la Superintendencia han llamado al diálogo entre las instituciones y apoderados en medio de la pandemia.

“En general, los colegios que han funcionado mejor son los que han transparentado su situación. Aquellos que les explican a los apoderados lo que gastan en cuentas básicas, remuneraciones y arriendo, y cuánto es lo que han dejado de percibir por no pago. Es decir, explicarles cuánto es lo que deben recibir para poder seguir funcionando”, dice la seremi.

“Cuando ha ocurrido esto los apoderados comprenden. Por eso, nosotros estamos tratando de evitar que se llegue a esta instancia y llamamos a la solidaridad. Porque, más allá de los contratos, hablamos de una comunidad educativa. Porque si hoy yo ayudo a alguien, ese otro me puede ayudar  a mí también. Por eso hemos llamado al diálogo, a mediar y llegar a soluciones”, agrega.

En paralelo, la seremi de Educación también se está preparando para la gestión de cupos en colegios municipales. Soto precisa que pese a la complicada situación que se vive, “ningún colegio te puede expulsar por no pagar la mensualidad. Pueden cancelar la matrícula para el año que viene, pues hay una relación contractual de por medio. Pero no expulsar a mitad de año”.