Exministro Hernández: “Me siento aliviado de no estar en el TC”

Dejó el TC poco antes de que estallara la crisis interna. Cuenta por qué votaba en contra de paralizar las causas de DD. HH. y qué cree de las denuncias de corrupción.

Domingo Hernández dejó el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de enero pasado. Y, casi dos meses después, las diferencias en el organismo se hicieron públicas y visibilizaron una crisis interna que se mantiene hasta hoy. Sus integrantes incluso están declarando ante la fiscal Ximena Chong por denuncias de irregularidades.

Fueron las declaraciones a La Tercera de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, el pasado 19 de abril, las que detonaron la investigación. Señaló que, antes de que ella asumiera en la testera del tribunal, en agosto de 2019, “había causas detenidas por mucho tiempo, al límite de la corrupción”. Y, cuando le preguntaron si esto ocurría en el período de su antecesor, Iván Aróstica, dijo que él era quien “decidía y proponía qué causa se ve en el Pleno” y “proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos”.

Hernández fue reemplazado por el ministro Rodrigo Pica por el cupo en el TC que es nombrado por concurso público por la Corte Suprema. Fue parte justamente de la Primera Sala del TC, que preside Aróstica e integran, además, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Pica desde marzo.

Se trata de la sala que hoy está en el foco de la indagatoria de la fiscal Chong, pues es donde las causas de violaciones a los derechos humanos -y también las del fraude en el Ejército, entre ellas la del general (r) Humberto Oviedo– eran paralizadas durante meses en el TC por tres votos contra dos. En la minoría siempre estaban Hernández y la ministra Silva.

Ya retirado del TC tras cumplir 75 años -el límite legal para permanecer en el cargo-, Domingo Hernández acaba de entrar al estudio Cisternas y Cía. Además, continúa como profesor de derecho en la Universidad de Talca. 

–¿Qué sentía al ser siempre de los que perdía en los casos de derechos humanos?

“Una gran tranquilidad de conciencia, porque con frecuencia pensábamos con María Pía que esas causas debían ser declaradas inadmisibles porque no tenían fundamentos suficientes los requerimientos de inaplicabilidad. También, una cierta frustración. Pero en todo sistema democrático, la mayoría es la que pone la decisión que se adopta”.

-Justamente la suspensión de causas es parte de lo que ha provocado la crisis al interior del TC. Hace años que abogados de DD. HH. denunciaban ese hecho. ¿Cree que esto provocó daño?

“El presidente, por disposición de la Ley Orgánica Constitucional del TC, es quien informa las causas en cada una de las salas, además de designar al ministro redactor una vez emitido el pronunciamiento de fondo. Ahora, sí llamaba la atención que la mayor parte de esas causas eran en las que se impugnaba el Código de Procedimiento Penal antiguo, en el que se basaban los procesos que se seguían por violaciones a los derechos humanos”.

-La presidenta del TC señaló que había abogados que usaban este resquicio solo con el fin de paralizar las causas y ganar tiempo. ¿Tenía usted también esa impresión y que es algo que se hizo costumbre?

“Eso es algo que salta a la vista. En la medida en que las suspensiones de los procedimientos se extendían a veces por más de un año, es evidente que los requirentes que no tenían muchas veces plena confianza en la solidez de sus argumentos constitucionales buscaban este mecanismo para paralizar el curso de la causa penal. Eso en la práctica es así. No me voy a pronunciar sobre la ética de estas actitudes, pero era utilizado como un instrumento dilatorio”.

-María Luisa Brahm dijo que la dilación en las causas estaba “al límite de la corrupción”. ¿Qué opina de esa denuncia?

“En esa entrevista que hizo La Tercera a la presidenta, ella no explicitó planteamiento vinculándolo estrictamente con las causas de derechos humanos. Su cuestionamiento iba más allá. Y era en el sentido de que por mucho tiempo las causas se dilataban en exceso y el plazo de 30 días, desde la vista de la causa para fallar la sentencia en cuanto al fondo, no se cumplía”.

“Había ministros que no se saludaban”

-Poco después de que usted dejó el TC, se hizo pública la crisis. ¿Cómo ve ese hecho a la distancia?

“Me fui en el momento oportuno, que yo no escogí pero corresponde a las reglas del juego. Por consiguiente, me he sentido muy aliviado de no estar el Tribunal Constitucional en este momento crítico en que las relaciones humanas se han tensionado excesivamente. Y en que no hay de parte de los ministros una visión que permita encapsular las diferencias internas y buscar el bien de la institución. Esto ha permitido que las disensiones se hagan públicas, y que la opinión pública vaya asumiendo la idea de que el TC no cumple con sus funciones y que existe una guerra interna y una politización excesiva que dificulta el rol de control de constitucionalidad. Desgraciadamente, esa es una percepción que se ha instalado muy fuerte”.

-¿Cómo era el clima interno cuando era ministro?

“La verdad es que el clima interno nunca fue de una particular amistad cívica. Existían ciertas corrientes, simpatías, pero también ministros que no se saludaban con otros; constantes discusiones en fuerte tono en el interior del Pleno. Creo que todos los ministros quizás pudimos hacer mucho más por mejorar el clima interno y la imagen que proyectamos hacia afuera”.

-¿Era incómodo estar en esos plenos?

“En algunas sesiones era muy incómodo, porque se hacían acusaciones personales que ocasionaban la reacción ofendida del interpelado. Entonces, los plenos se extendían por demasiado tiempo tratando temas que no eran precisamente los institucionales”.

-¿Esos problemas partieron cuando estaba de presidente Iván Aróstica o sucedieron con la ministra Brahm?

“Los dos tienen carácter fuerte. A pesar de que durante los primeros años en el tribunal de la ministra Brahm su relación con el ministro Aróstica era muy buena, con el tiempo se fue deteriorando. Y comenzaron las discusiones y el tono cada vez más fuerte entre ellos, produciendo también división respecto de los partidarios de uno y de otro. Creo que el carácter de ambos incidió mucho en la conducción del TC”.

{{noticia:75275}}

-¿Eso afectó de alguna forma el trabajo del TC?

“La ministra Brahm hizo un esfuerzo importante por proyectar una imagen de eficiencia en la acción del Tribunal Constitucional. Y ha sido muy crítica respecto de la gestión de su antecesor, mientras que él replica que no se produjeron atrasos tan enormes como los que se le están imputando. En definitiva, este es un tema estadístico. Basta con el análisis de los fallos que se produjeron en uno y otro período”.

Activismo judicial en el TC

-¿Cuál es su percepción de la demora en los fallos?

“Un tribunal no es solamente una industria fabril en el que el lucro se magnifica y mejora con una producción de gran volumen de las sentencias. Es evidente que un TC que atendía menos de 250 causas anualmente, a uno que termina con más de 2.200 el año pasado, y que van in crescendo, requiere mejorar sus procedimientos internos, actualizar su estadística y producir más. Pero a veces las presiones por sacar muchas sentencias en un plazo muy corto, repercute un poco en la calidad de los fallos. Y la cátedra se ha encargado de amplificar esa crítica”.

-Hoy la Fiscalía investiga al TC. ¿Qué percepción tiene de sus pares? ¿Cree que puede haber irregularidades o posibles delitos?

“La cosmovisión de algunos ministros y, naturalmente, sus posiciones políticas, porque todo el mundo las tiene, pueden haber incidido en determinadas constantes. Por ejemplo, en las suspensiones de causas en forma más o menos sistemática. Pero me parece que detrás de todo esto no hay ni dolo ni intención fraudulenta. Ni siquiera negligencia inexcusable. Pienso que son visiones demasiado bilaterales e intransigentes en el sentido de que su punto de vista es, necesariamente, el verdadero y el único aceptable. Y que eso justifica atrincheramiento en posiciones muy rígidas”.

-Esas posiciones extremas, ¿no dificultan acaso el trabajo de un juez?

“Sí. Me parece que son extremas y que pueden conducir al activismo judicial. Y pueden matizar la interpretación constitucional a partir de sus propias visiones del mundo, la historia y de la política. El juez constitucional debe tratar de ser fiel a los valores y principios de la Constitución, incluso cuando eso importa un sacrificio de las convicciones personales”.

-¿Hay activismo judicial dentro el TC?

“En algunos puntos, sí. Esa es una labor de la cátedra y del periodismo analítico. Se pueden revisar las sentencias por el tipo de materia y ver cómo votan los ministros en relación con los temas, por ejemplo, de orden público y económico. O cómo votan en materia de derechos humanos y ahí sacar conclusiones”.

“El viejo no va a contaminar a nadie”

Domingo Hernández, desde que fichó como abogado en el estudio Cisternas y Cía, ha estado con teletrabajo. Pero, además de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, está confinado por tener 75 años. Un decisión que tomó el Gobierno para evitar los contagios a los mayores de edad y que ha provocado un fuerte debate que abrió, entre otros, el exfiscal nacional Guillermo Piedrabuena, quien considera que la determinación vulnera los derechos fundamentales.

-Como constitucionalista, ¿qué opina de la restricción a mayores de 75 años que vivan en comunas con y sin cuarentena?

“La perspectiva es protegerlos, porque son mucho más sensibles y tienen menos defensas frente a la pandemia, y la mortalidad es superior. Pero también se trata de personas que no tienen la misma actitud que el joven que organiza, sin ninguna empatía ni respeto por los demás, fiestas masivas en las que van propagando el virus y después es imposible de trazar. En cambio, el viejo sale a la calle y toma todas las providencias del caso”.

-Corriendo riesgos.

“Decide correr un riesgo que, seguramente, será muy menor en relación con el que corre el resto de la población. O sea, el viejo no va contaminar a nadie, y es probable que su salida sea muy breve, acotada y conservadora. Me parece que es excesivo y que esta medida es de muy dudosa constitucionalidad. Con esto, lo único que logran es ir reduciendo cada vez más nuestras potencialidades que, por efecto del tiempo, ya están disminuidas”.

{{noticia:74771}}