Un violento rebrote en el sur

Mientras se avanza en el control de la pandemia en la Araucanía, ahora el foco es la seguidilla de atentados perpetrados en los últimos meses. El Gobierno ha presentado más de 50 querellas por violencia rural en la zona.

La Macro Zona Sur estuvo en el foco público durante las primeras semanas de la pandemia porque allí fue donde la expansión del virus se concentró tempranamente, principalmente en La Araucanía. Ahora, ya después del paso de la primera ola y sin cuarentenas ni cordones sanitarios, la preocupación es otra. 

Decenas de ataques incendiarios a camiones, galpones, tractores, así como barricadas, han sido la tónica durante abril, mayo y en especial junio. Todo en la zona que comprende la Provincia de Arauco (Región del Biobío), la zona rural de La Araucanía, parte de Los Ríos y parte de Los Lagos. En algunos, la Coordinadora Arauco Malleco ha reconocido autoría; también el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche, como ocurrió en un atentado en Tirúa en abril.

“No podemos seguir permitiendo que el miedo triunfe en la zona centro-sur del país. Millones de personas lo están pidiendo desesperadamente: esto debe terminar ahora”, demandó el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, en una carta al director en El Mercurio este viernes 26 de junio.

El Ministerio del Interior ha respondido con querellas, reforzamiento de la dotación policial y recientemente con la llegada de más militares a la zona. 

Desde el ministerio describieron la situación como “compleja e inaceptable” y atribuyeron los hechos a una reacción al despliegue policial de los últimos meses y las detenciones efectuadas. “Es claro que estamos observando una reacción muy violenta frente a acciones de la PDI y Carabineros”, declaró el titular de la cartera, Gonzalo Blumel, en entrevista con Radio Bío Bío.

El diagnóstico entregado por Blumel plantea que los responsables son “grupos radicalizados que cometen hechos de violencia gravísimos” y que “hay muchos de esos que tienen vínculos, no con la delincuencia común, sino con delincuencia organizada: robo de madera, narcotráfico o robo de vehículos”.

Esta semana, Blumel y el titular de Defensa, Alberto Espina, viajaron a la zona para trabajar en coordinación con las fuerzas y autoridades locales. Son más de 1.500 los policías en la zona y recientemente se informó que se agregarán cerca de 80 miembros de cuerpo del Ejército. Asimismo, desde Interior comentan que ya son 53 las querellas presentadas en el año por violencia rural.

No obstante, la situación no cesa.

El despliegue

Que el territorio es vasto -12 mil kilómetros de rutas solo en La Araucanía- y que la coordinación entre múltiples fuerzas y autoridades es compleja. Que el modus operandi de los grupos es difícil de anticipar. Que no es cierto que haya falta de voluntad de acción y que ya han detenido a más de 50 personas en los últimos dos meses.

Esa es la batería de respuestas que la cartera ha entregado a propósito de los últimos atentados. Una de las primeras acciones en la zona, a fines de abril, tuvo que ver precisamente con facilitar la logística de las autoridades y las fuerzas, a través del nombramiento de Francisco Merino, exdirector del Servicio de Vivienda y Urbanismo del Biobío, como coordinador de seguridad de la macrozona.

Además de las visitas a las regiones y trabajo en terreno con las autoridades locales, el ministro ha sostenido distintas reuniones con los jefes de defensa locales e incluso con los parlamentarios de La Araucanía, el lunes pasado. 

En esa última cita, Blumel dio cuenta de las acciones del Gobierno en la zona y planteó la importancia de la utilización de sistemas de inteligencia. Justamente, la seguidilla de ataques en la zona ha sido uno de los argumentos para impulsar el proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, iniciativa que se encuentra en su segundo trámite, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

El escudo legislativo

“El conflicto de violencia rural en la macrozona sur (…) es un conflicto que se arrastra desde hace demasiado tiempo y las medidas que nosotros estamos tomando tienen que ver fundamentalmente con despliegues preventivos, pero también con acciones investigativas e inteligencia y eso requiere que tengamos un mejor sistema de inteligencia”, declaró en Valdivia el ministro Blumel.

La iniciativa otorga mayores atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia, obliga a los servicios de inteligencia de las FF. AA, Carabineros y PDI a trabajar mancomunados y crea el Sistema Nacional de Inteligencia, un ente que asesore al Presidente.

El Ejecutivo le puso suma urgencia al proyecto, lo que fue ampliamente rechazado por varios personeros de la oposición que integran la comisión. Uno de los argumentos que plantean: la necesidad de priorizar temáticas que tengan que ver con la pandemia.

El ministro Espina, como invitado en la misma Comisión de Defensa, declaró varias veces que para el Gobierno era fundamental legislar el proyecto lo antes posible, pues grupos ligados al narcotráfico estaban aprovechando la crisis sanitaria para operar con mucha fuerza y el sistema actual era muy anticuado.

“El proyecto no va a ayudar en nada a lo que está ocurriendo en el sur. ¿De qué va a servir que el Presidente pueda mandar un agente encubierto de la ANI? Si en la zona ya están los policías, el Gobierno esta semana ya mandó a los militares. ¿En qué puede ayudar a solucionar el problema uno o dos agentes de la Ani?”, plantea a PAUTA el presidente de la comisión de Defensa y uno de los opositores a la iniciativa, Jorge Brito (RD).

Las explicaciones del conflicto

Si bien desde el Gobierno apuntan a que los ataques de las últimas semanas han sido reacciones a otras detenciones asociadas a delitos como robos o narcotráfico, reconocen que existe un trasfondo que explica que la situación se haya extendido por dos décadas.

Mientras, en el mundo político y académico insisten en que el conflicto tiene dos dimensiones.

“Cuando el Estado no está presente para enfrentar las necesidades del mundo mapuche, lo único que haces es aumentar esta olla a presión y explota y eso ha pasado ahora”, declaró en Primera Pauta, de Radio PAUTA, la diputada PPD Andrea Parra.

“Los grupos radicalizados mapuche tienen una estrategia que […] es ir en ayuda de las comunidades que hacen solicitudes al Estado y que este no los escucha”, agregó. De ese modo, a su juicio, “aparecen estos grupos radicales, los infiltran y el conflicto aumenta en su versión más violenta”.

La desconfianza y falta de credibilidad de Ejecutivo entre las comunidades han sido otros de los argumentos sindicados entre los parlamentarios. Por eso “hay sectores que optan por hacer una protesta mucho más rupturista como estamos viendo y eso no se arreglará nunca mientras no se siente el Gobierno de Chile con los pueblos indígenas a dialogar”, explica a PAUTA el senador DC por la zona, Francisco Huenchumilla. “Todos los gobiernos tratan de ver esto como una cuestión policial y no se dan cuenta de que es un problema político-social”, declara el senador.

“No hemos sido capaces de cumplir con lo mínimo: reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y tener una institucionalidad indígena como corresponde. Treinta años es mucho tiempo de espera y la frustración crece cotidianamente”, suma la investigadora Maite de Cea, del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP.

No todos coinciden en que estos ataques se deban precisamente a la demanda indígena, pero sí hay acuerdo en que esa materia continúa como un gran pendiente en las políticas estatales.

“Aquí hay una situación de violencia rural de atentados de características terroristas, y por otro lado hay una falta por parte del Estado, entendiendo que viene de varios gobiernos a la fecha, del cumplimiento de una agenda indígena para mejorar la relación con los pueblos originarios”, manifiesta a este medio el diputado por la misma zona, Sebastián Álvarez (Evópoli).

¿Qué pasó con la agenda indígena?

El Plan Impulso Araucanía fue anunciado en septiembre de 2018 como una forma de avanzar en el desarrollo de la región, y es una de las medidas que explican desde el Gobierno como fundamentales para lograr el control de los grupos radicales. Desde Interior explican que, como lo que buscan estas organizaciones es que el Estado retroceda, es necesario hacerlo avanzar.

“Junto con el trabajo policial investigativo, lo que corresponde es hacer que avance el Estado con todos sus instrumentos. Por ejemplo, los planes de inversión pública que estamos desarrollando en La Araucanía y que ahora vamos a empezar a desarrollar con mucha mayor fuerza con el Plan Arauco”, explicaba el ministro Blumel.

A juicio de Francisca de la Maza, subdirectora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, aquello no ha sido suficiente para avanzar en el conflicto de fondo. 

“Cada gobierno finalmente ha generado proyectos de desarrollo, inyectar muchos recursos para superar la pobreza, pero no se ha abordado el tema de las tierras, los derechos de los pueblos indígenas, el control de las empresas que se instalan en estos territorios: forestales, pisciculturas, instalación de vertederos”, plantea De la Maza.

Entre los parlamentarios reconocen que el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno había avanzado bastante en una agenda corta indígena, a pesar de que fue ampliamente criticado por el fracaso de la consulta a los pueblos originarios que pretendía indagar sobre los cambios a la Ley Indígena, proceso que hoy está suspendido. Según explican, el estallido social y la llegada de Sebastián Sichel a la cartera hizo perder el hilo a aquel trabajo y, con el nuevo ministro, Cristián Monckeberg, el tema aún no se ha abordado.

“Lamentablemente, el cambio del ministro hizo perder ese compromiso y luego vino asociado a un cambio de intendente, luego un cambio de nuevo de ministro. Cuando se pierde el liderazgo en los procesos, esa fuerza que se traía se va perdiendo”, agrega Álvarez.

Desde el Ejecutivo, no obstante, argumentan que aún se está avanzando en la agenda de los pueblos. Pero que de ninguna manera se puede soportar la seguidilla de ataques que han ocurrido en la región.

“Estamos en el Congreso discutiendo la creación del Consejo de Pueblos Indígenas para tener contraparte, dotarlos de institucionalidad más robusta, pero creo que no hay que tener ninguna tolerancia con la violencia organizada, con hechos de connotación terrorista”, declaró Blumel.

Aquel proyecto, que busca constituir una entidad autónoma a cargo de abordar materias relacionadas con el mundo indígena, representar sus intereses y que contaría con atribuciones resolutivas, continúa atorado en el Congreso. Ingresó en 2016, hoy está en segundo trámite, pero en marzo de este año caducó la urgencia que el Ejecutivo mandató y que, hasta ahora, no ha repuesto.