Pudo ser mayor: cómo se discutió la rebaja del 25% del sueldo parlamentario

“Ninguna rebaja hará que parlamentarios y autoridades dejen de estar entre el segmento de mayores ingresos de la población”, dice el informe del Consejo de ADP.

De acuerdo con los argumentos que escucharon, la rebaja pudo ser del 70% e incluso solo de un 1%. El Consejo de la Alta Dirección Pública comunicó el porcentaje de disminución de sueldos para ministros, parlamentarios, Presidente y una lista de altos funcionarios públicos, luego de un mes y medio de debate y casi 40 invitados de por medio. Para diputados, senadores y ministros, la rebaja será de un 25%, con lo que pasarían a ganar poco más de $7.000.000 brutos.

También definieron la rebaja para el segundo grupo (pese a que tenían 60 días para resolverlo): en el caso del Presidente, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis, es del 10%, y personal de confianza presidencial se atendrá a un recorte del 1%. 

La decisión no fue unánime. Hasta la última sesión, el consejero Eduardo Abarzúa sostuvo que la disminución para el primer grupo tendría que ser de al menos un 30%. Su postura no logró imponerse y, en una votación cuatro contra uno, sus pares y el presidente del CADP, Alejandro Weber, definieron que fuera una reducción de un cuarto del monto actual. Los demás sí aceptaron que, de no ser porque ministros y parlamentarios debían mantener el mismo sueldo, la disminución podría haber sido mucho más alta. 

El mandato 

Temprano en mayo, el CADP partió el trabajo designado en la reforma constitucional que se aprobó luego de seis años de debate en el Congreso. La ley indicaba que el organismo tendría 30 días para rebajar remuneraciones de ministros y parlamentarios, y 90 días para el resto de los cargos. Esta disminución operaría por una única vez y de forma transitoria, hasta que comience a funcionar la comisión especializada que definiría los sueldos cada cuatro años y máximo 18 meses antes de un nuevo periodo presidencial.

Los criterios para tomar la decisión: tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado,  establecer una remuneración que “garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo” y la “independencia para cumplir sus funciones y atribuciones”, para que, según declaran en el informe, se minimizaran los “riesgos de captura y corrupción, para cumplir el fundamental principio de probidad e integridad de la función pública”.

Además, debían tener en consideración la realidad económica del país y un análisis de política comparada.

Hubo, por cierto, otras opciones: una rebaja del 1%, dietas determinadas según la asistencia de los parlamentarios o remuneraciones “de salida” fueron parte de las ideas que los cuatro consejeros y el director del Consejo de la Alta Dirección Pública escucharon durante un mes y medio de sesiones. Allí recibieron a académicos, abogados, exconsejeros, representantes de los funcionarios públicos y cualquier otro invitado que quisiera sumarse a una sesión especial para aquello.

Los fundamentos

En cuanto a los criterios que debían tener en cuenta, el CADP determinó que la Escala Única de Sueldos estaba vinculada a la jerarquía y, en este nuevo sistema, la jerarquía no era el único factor a ponderar. De todas formas, intentarían conciliar las rentas con tal escala, “hasta donde fuera posible”.

Sobre la realidad económica del país, el consejo hizo un análisis de los principales indicadores económicos y argumentó en su informe que, pese a que la rebaja era transitoria y no formaba parte de un plan de austeridad fiscal, debía considerar la situación general de Chile. 

“Ninguna rebaja hará que parlamentarios y autoridades dejen de estar entre el segmento de mayores ingresos de la población. Por lo tanto, aun cuando esto se transforme en un símbolo, no tiene efectos reales ante las desigualdades que afectan a nuestro país. Combatir estas desigualdades debe ser la prioridad de las políticas públicas impulsadas por la clase política”, agregan los consejeros en el informe.

En cuanto al análisis de política comparada, uno de los argumentos que los consejeros escucharon, en más de una sesión y de boca de más de un invitado, es que el sueldo de los parlamentarios superaba con creces el promedio de la OCDE y que había demasiada distancia entre lo que ganaba un diputado y el sueldo mínimo. Con esta rebaja, el CADP destacó que se “disminuye la distancia con el sueldo mínimo, de 29 a 22 veces; y se reduce la distancia con el promedio de las remuneraciones de los ocupados, de 16 a 12 veces”. 

Consideraron que el porcentaje de rebaja de remuneración que se establecía era “importante” y simultáneamente permitía tanto asegurar la retribución adecuada a la responsabilidad del cargo como garantizar la independencia para cumplir funciones y atribuciones, como exigían los últimos criterios.

Uno de los debates que se dieron en la discusión del CADP fue si una rebaja demasiado potente podría afectar cuán “tentador” sería el cargo para un postulante, frente a otra posibilidad laboral en el mundo privado. El monto disminuido también se haría cargo de esa preocupación de los consejeros.

¿Por qué solo un 25%?

El 24 de junio fue la última sesión con invitados del CADP. Al día siguiente, los consejeros mantuvieron una reunión de siete horas en la búsqueda del acuerdo final. La disminución que mayor controversia generó fue la del sueldo de ministros y parlamentarios, pues la ley fija una equivalencia entre sus remuneraciones. Para los consejeros, que argumentaron utilizando la experiencia de otros países, los ministros debían ganar más que los congresistas, dado que sus responsabilidades eran mayores.

Precisamente sobre este punto, Weber argumentó en la última sesión que “la [remuneración] de ministros y subsecretarios es mayor que la de los parlamentarios, tanto por la responsabilidad individual y política que recae en los primeros, como por la responsabilidad administrativa que recae en los segundos”.

En el acta de esa misma reunión se dejó consignado que los presentes llegaron a un acuerdo de mayoría en cuanto a un punto: “El presidente [Weber] y los consejeros señoras Bettina Horst, Cristina Orellana y señor Eduardo Riquelme coinciden en que estarían disponibles para efectuar una rebaja mayor si solo afectara la dieta parlamentaria”.

Abarzúa no se sumó. De hecho, momentos antes había dejado en claro que consideraba “razonable” una rebaja que acercara la dieta parlamentaria chilena al promedio de la OCDE, luego de haber escuchado a los expositores y recibido los antecedentes, pero “tras una profunda reflexión y en pos de un acuerdo, está dispuesto a aprobar una rebaja menos radical en cuanto siga siendo sustantiva”.

La señal a la ciudadanía

La lógica de Abarzúa era que era necesario dar una señal a la ciudadanía, argumento varias veces esgrimido por sectores de la oposición, principalmente el Frente Amplio, que habían impulsado en un primer momento una rebaja inmediata del 50%.

Fue el constitucionalista Tomás Jordán quien, en la primera sesión del consejo con invitados, integró a la discusión la noción de cuán deslegitimadas estaban las instituciones y cuánta importancia tenía esta reforma en ese marco. 

En esa misma línea, el consejero Abarzúa entregó las razones de su voto en contra de la rebaja del 25%. “He sostenido que lo que está en juego es una decisión política, cuyo debido cumplimiento, aun cuando se revista de criterios técnicos, exige adoptar una decisión que entregue una señal clara respecto a la desigualdad en el país y a los estándares que esperamos de nuestros representantes”, dijo en la sesión.

Su postura inicial proponía una rebaja entre el 45% y el 35%, pero en la búsqueda de coincidir con sus pares, flexibilizó el monto hasta un 30%.

“Un valor inferior al 30% que propuse limita la fuerza de la señal entregada por la decisión y, pensar que puede producir una fuga de talento del Estado o elevar la exposición a la corrupción de nuestras autoridades de alguna forma conlleva un menosprecio a su vocación de servicio público. Estoy convencido que la propuesta que formulé en el seno del Consejo permitiría a las autoridades políticas servir a Chile y vivir de manera honorable”, agregó.

El documento emitido este jueves da respuesta a la inquietud de Abarzúa sobre la señal a la ciudadanía. “Aun cuando se dé un total cumplimiento al mandato constitucional de rebajar remuneraciones, ninguna decisión que adopte el Consejo de Alta Dirección Pública será suficiente para resolver la crisis de confianza y legitimidad que afecta a las instituciones y que aquello requiere un análisis de política pública amplio, multidimensional y sistémico, que excede con creces el mandato transitorio entregado a esta institución”, dice el CADP en el informe.

Los otros sueldos

Por otra parte, para definir los porcentajes de disminución del Presidente y demás funcionarios, el consejo concluyó que aquellas autoridades tenían responsabilidades “considerables” y que eran cargos esenciales para el funcionamiento de instituciones complejas, además de que no había diferencias significativas con lo que se pagaba en otros lugares del mundo y la necesidad de mantener la independencia de los funcionarios.

Y en cuanto a la rebaja del 1% a autoridades de “exclusiva confianza”, entre quienes se encuentran el gerente general del Banco Estado, director de Presupuestos, director de la ANI y el mismo Weber en su calidad de director nacional del Servicio Civil, el consejo argumentó que la disminución fue tal “debido a que se trata de cargos en que el Estado compite con dificultad con el sector privado en atracción y retención de talento, y que se trata de cargos con un alto componente técnico profesional”. Weber se abstuvo de participar en aquella votación.

Las recomendaciones

Por último, el CADP entregó una serie de recomendaciones para avanzar en una reforma sustancial a las remuneraciones del Estado.

Entre estas, sugirió eliminar la igualdad entre la dieta parlamentaria y el sueldo de los ministros, establecer dedicación exclusiva para diputados y senadores, que hoy no tienen, y revisar el sistema de asesorías y asignaciones parlamentarias, que no fueron tocados por la reforma.

Revise aquí el documento.