El trío de vetos que estudia el Ejecutivo para los próximos 10 días
Límite a la reelección de autoridades, ley Sename y corte de servicios básicos. Ninguno de los proyectos ha sido promulgado y el tiempo está por vencer.
Tres proyectos despachados por el Congreso, tres vetos estudiados por el Ejecutivo. Ese es el panorama en este minuto y el Gobierno solo tiene esta y la próxima semana para definir qué camino tomará. Una vez cumplidos 30 días desde despachado un proyecto, se entiende como promulgado. Y justamente son tres las iniciativas que han sido despachadas y no promulgadas el mes pasado. Todas se aprobaron, todas tienen un “pero”.
Las iniciativas en cuestionamiento son: la que limita la reelección de autoridades, despachada el 3 de junio pasado; la que suspende el corte de servicios básicos, que terminó su tramitación el 11 de junio, y la que crea el Servicio de Protección a la Niñez, que finalizó el proceso el 9 del mismo mes.
A juicio de La Moneda, todos estos proyectos tienen algún problema. Durante este jueves, en Palacio comentaban que no había ningún veto listo y que la situación estaba siendo evaluada por el Presidente. Pero efectivamente reconocían que debían operar con celeridad: el proyecto del límite a la reelección termina su plazo legal para ser promulgado este viernes a las 23:59.
El problema con el límite a la reelección
La discusión del límite a la reelección de autoridades fue extensa -14 años- y no finalizó su trámite exenta de polémicas. Tuvo apoyo transversal de la política e incluso del Ejecutivo, que le aclaró a sus partidos, en su minuto, que como Gobierno apoyaban la propuesta, en el marco de la modernización del Estado que buscaban impulsar.
Un mes después, el mismo Gobierno no ha promulgado la ley. Una vez despachada, un grupo de alcaldes afectados por la imposibilidad de repostular reclamó al Mandatario. Luego se sumaron las voces de la UDI y RN, que comenzaron a abogar por un veto que dejara fuera de la ley a los jefes comunales.
“En enero se llegó un acuerdo de que iban a quedar fuera (los alcaldes) y, por lo tanto, los alcaldes que podían ir a otro cargo, no renunciaron, se vencieron los plazos para poder evitar las inhabilidades. Es un proceso que está en curso. Que ahora en junio se cambien las reglas del juego… debieran poder ir a la reelección por esta última vez”, dice a PAUTA la líder de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.
Según la senadora, estarían los votos en su colectividad, pero no hay certeza sobre lo que podría ocurrir en Renovación Nacional. El jefe de bancada de los diputados, Sebastián Torrealba, explica a este medio que aún están discutiendo el tema. Y la semana pasada, Evópoli le cerró la puerta a la idea.
“Hoy ya está aprobada y por eso no estamos disponibles, como Evópoli, a ponerle letra chica, arreglines, simplemente para acomodarse con los incumbentes. Les decimos fuerte y claro: con Evópoli no cuenten”, declaró el senador Felipe Kast.
El mismo ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, reconoció en La Segunda esta semana que no veía viabilidad política. Y que por lo tanto, no era la única opción que estudiaban con el fin de corregir la situación con los ediles.
Por otra parte, la oposición por completo desestimó la intención del Ejecutivo. Así lo explicaron en una declaración conjunta, de todas las bancadas, esta misma semana.
“Rechazamos cualquier intento del Presidente de la República por desconocer su contenido a través de un eventual veto que, de ser presentado, significará que el Gobierno ha cedido a la presión de autoridades que buscan perpetuarse en el poder”, concluye el documento.
La resolución queda en manos del Presidente, que decidiría en base a los consensos que existieran dentro de su coalición.
Ley Sename
Sobre el que hay mayor certeza es sobre el veto a la ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez, en reemplazo del Sename actual. Es el Ministerio de Desarrollo Social el ente que está encima del tema y confirman que en los próximos días habrá novedades.
“Estamos contentos por los niños, es una iniciativa impulsada con mucha fuerza por el Presidente Piñera. Sin embargo, lamentamos que la oposición en último minuto haya ingresado un artículo que no permite la entrada en vigencia inmediata, sino que una vez que haya sido publicada una ley que actualmente se encuentra en tramitación y no tenemos certeza respecto a su aprobación o tiempos de demora”, decía la subsecretaria de la niñez, Carol Bown, el día en que el Senado despachó el proyecto.
Bown se refería a la ley que conforma un sistema de garantías de los derechos de la niñez, que ingresó en 2015 al Congreso y que no se ha vuelto a tocar desde fin del 2019.
De nuevo, tanto la UDI como RN han solicitado que el Ejecutivo actuara para remediar el problema.
“Nosotros lo venimos pidiendo hace mucho trato porque se estableció un artículo que obligaba a que la ley empezaba a ejecutarse una vez que se aprobara otra ley y eso la verdad no tiene ningún sentido desde el punto de vista legislativo. En ese veto, estamos todos cuadrados. Entiendo que se está preparando y debería venir en el corto plazo”, comenta a PAUTA el diputado Torrealba.
Corte de servicios básicos: inconstitucional
“El Congreso aprobó hace más de 20 días la ley que prohíbe el corte de servicios básicos. El Gobierno debe promulgar ahora y no vetar. Basta de mezquindad y burocracia”. Ese es el mensaje que contienen las gráficas que el Partido Socialista comenzó a difundir este jueves.
Según los socialistas y parte de la oposición, precisamente ese era el proyecto que el Ejecutivo no quería promulgar cuando Piñera convocó a la comisión de expertos para evaluar los criterios de admisibilidad que el Congreso manejaba.
Desde el Ejecutivo, durante la misma tramitación de la iniciativa, apuntaban a que el mensaje contenía vicios constitucionales.
“Ante el despacho de la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, el Gobierno durante su tramitación señaló expresamente que esta se refería a materias que ya se habían abordado el 27 marzo pasado junto a las empresas de servicios […]. El contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales”, decía la declaración de la Segpres emitida el mismo día de su aprobación.
“Cada día que pasa, el drama de las familias se profundiza. Es injustificable que se haya postergado la promulgación del proyecto de ley que prohíbe el corte de los suministros básicos y que ahora el Gobierno incluso pretenda vetarlo”, declaró este jueves el presidente del PS, Álvaro Elizalde.
La semana pasada trascendieron los posibles borradores del veto, según informó La Tercera. Lo que buscaba la corrección era disminuir el porcentaje de clientes que se podrían acoger al beneficio el borrador del veto y eliminar la obligación de las empresas de telecomunicaciones a ofrecer planes gratuitos a sus clientes. Más tarde ese mismo día, el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, contestó a través de Twitter que el Ejecutivo no había ingresado ningún veto y que aún estaban en el plazo legal para tomar una decisión.
Relación con el Congreso
Luego de un mes especialmente agitado entre el Congreso y el Ejecutivo, la idea de tres vetos seguidos parece no mitigar la polémica entre los poderes del Estado.
“El Gobierno no puede pretender gobernar por vetos, eso demuestra una tremenda debilidad política, sobre todo cuando son proyectos que tuvieron una larga discusión en el Congreso, que responden a un sentir ciudadano. Que si el Ejecutivo consideraba que algún aspecto era inconstitucional, pudo recurrir al TC y no lo hizo. Ha esperado hasta el último día para poder vetar. Demuestra una falta de convicciones democráticas”, dice a PAUTA el timonel de la DC, Fuad Chahin.
En la UDI ven la posibilidad de los vetos simplemente como una herramienta más del Presidente y le quitan peso a las críticas. “Es perfectamente legítimo y establece claramente el carácter de colegislador del Ejecutivo. Si al Ejecutivo una aprobación parlamentaria no le pareciera, parece perfectamente razonable intentar modificarla o suprimirla”, responde a este medio el senador de la colectividad Juan Antonio Coloma.
Desde la oposición rechazan tajantemente la posibilidad de los vetos. Así lo confirman al menos desde el Frente Amplio, PS y PPD.
“El Ejecutivo sigue tomando decisiones que de pronto nos sorprenden. Hablar hoy día de vetar proyectos bien tramitados como corresponde, en un poder distinto, nos parece seguir errando de manera manifiesta. La bancada del PPD no está disponible para ninguno de los tres vetos”, explicó a PAUTA la subjefa de bancada del PPD, Loreto Carvajal.
“Al parecer no le importa entregar un alivio a la ciudadanía. Por eso usa su facultad para frenar las iniciativas parlamentarias, ya que está más preocupado de defender los intereses de unos pocos sectores privilegiados, que del bienestar de todo un país”, decía este jueves la diputada Claudia Mix (Comunes).