Exfiscales critican la falta de voluntad política para cambiar la ley antiterrorista

Los expersecutores del Biobío y la Araucanía, Andrés Cruz y Francisco Ljubetic, dicen que para investigar faltan herramientas, coordinación policial e intercambio de inteligencia.

En su diagnóstico coinciden tres elementos que han posibilitado los hechos de  violencia en las regiones de la Araucanía y Biobío. Primero, que ningún gobierno, desde que llegó la democracia, ha tenido la voluntad política de enfrentar el tema. Segundo, que los políticos evitan modificar la ley anti terrorista (la 18.314) para darle más herramientas de investigación “porque no les da réditos”. Y tercero, que en Chile la inteligencia policial no se comparte, como lo demuestra la competencia histórica entre Carabineros y la PDI por el protagonismo en las diligencias, lo que muchas veces las hace cometer errores.

Así esbozan el escenario que se vive en vastas zonas del sur del país los exfiscales regionales Francisco Ljubetic (Araucanía) y Andrés Cruz (Biobío). Ambos participaron este jueves 30 de julio en el diálogo “Violencia en el sur: el conflicto con que nadie gana”, en el marco del ciclo de encuentros “Construyendo País” que organiza PAUTA y la Cámara Chilena de la Construcción. En el evento expusieron también el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el expresidente de la Multigremial Araucanía, Emilio Taladriz, y algunos dirigentes gremiales regionales.

“Si uno lo analiza esto históricamente, entre comillas, nosotros ‘festejamos’ 22 años de violencia desde que se produjo el primer ataque incendiario en 1997. Y la pregunta es si los últimos hitos vienen a ratificar lo que siempre he sostenido: que hay un desafío permanente de la autoridad. Y esto ha sucedido en todos los gobiernos, porque desde que se regresó a la democracia que comenzó una escalada sostenida de violencia y el Estado no ha sido capaz de solucionarlo”, dice Ljubetic, quien es hoy vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.

Coincide Andrés Cruz, actual director de CorBioBío: “Esto se ha arrastrado por demasiados años y constata que los discursos son bastantes análogos de un Gobierno a otro. Parecerá una paradoja, pero cuando yo me desempeñé como fiscal, llevé a cargo juicios en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Y mientras un gobierno que se decía de izquierda se querellaba por delitos terroristas, uno de derecha se desistía. Y en el juicio alegaba en contra del Ministerio Público”.

Y añade: “Eso da cuenta de las presiones que se pueden ejercer de tal punto respecto de personas que no viven directamente la dinámica de violencia y no perciben el dolor que existe como consecuencia de las acciones desplegadas por estos grupos radicalizados”.

“Mientras el humo no llegue a las ventanas de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea o Las Condes, todo va a seguir igual”, concluye el exfiscal penquista.

La ley antiterrorista y “el tinte ideológico”

La falta de herramientas de investigación y la carencia de intercambio de información de inteligencia son parte de los puntos críticos con los que, dice Ljubetic, se enfrentan los persecutores.

¿Es útil la Ley 18.314? ¿Tiene falencias o es letra muerta? Ambas preguntas se le hicieron al exfiscal de la Araucanía. A su juicio, la legislación que fija las conductas terroristas ha tenido siempre “un tinte ideológico”, lo que ha perjudicado las investigaciones “en orden a desvirtuar la naturaleza de esa ley para ser aplicada en casos que ocurrieran en la macro zona sur”.

Señala que esta ley tiene en sí misma dificultades y complicaciones en cuanto a sus definiciones en los tipos penales y en sus herramientas procesales. E insiste en que no existe voluntad política para atender esta situación. “No la hay, no la ha habido y, dudosamente, la va a haber”.

Sobre el punto, Ljubetic ironiza con la rapidez con que se llegó a acuerdo en el Congreso para el retiro del 10% de los fondos de las AFP. “Qué notable. ¿Y por qué no se han puesto de acuerdo en 22 años, cuando fue el primer atentando en la zona de Lumaco, para superar esto?”. Y luego se responde: “Es porque no hay una política pública, porque la que se aplica, basada en el artículo 20 b de la ley indígena, no ha producido los efectos deseados. Y es por esto que subsisten los reclamos y cada vez un hecho genera dos o tres más. Y eso no es lo admisible”.

Ljubetic recuerda si bien hay personas que han sido condenadas por hechos terroristas, “eso no significa que haya terrorismo en nuestro país, que es la forma de enfrentar para los que critican esta ley. Eso es falso. No es así. Hay hechos que han sido calificados de terroristas al amparo de la legislación”. 

Andrés Cruz, en tanto, critica abiertamente la normativa vigente. “La ley 18.324 es muy mala. No solo por el arrastre histórico, porque fue diseñada para perseguir a personas que pensaban distinto, aunque haya sido modificada casi 30 veces. Pero carece de elementos o herramientas procesales investigativas que sean útiles”. Y agrega:  “No es concebible que no tengamos agentes encubiertos reveladores; no es concebible que ni siquiera tengamos informantes de la misma calidad. Tampoco que no exista un trabajo en torno a la delación compensada, que es indispensable cuando se trata de delitos cometidos desde la perspectiva rural”.

Por todo esto, añade Ljubetic, el problema es multifactorial. “Juan Francisco Galli habló de unir los esfuerzos policiales, pero en 22 años no ha sido posible: compiten, los sistemas de inteligencia no se traspasan información y tratan de obtener ventajas a través de indicadores de detenidos. ¿Saben cuál es la primera pregunta cuando la Fiscalía quiere formar un equipo por Carabineros y la PDI?. Es: ¿Y quién va a dirigir esto?”.

Cómo operan los grupos tras el robo de madera

Otro de los problemas que enfrentan estas dos regiones en sus zonas rurales es el robo de madera y también el cobro de peaje o de “alitas” (pago por derecho a cosechar sin sufrir violencia) por parte de grupos organizados a pequeños o medianos aserradores y agricultores, explican los fiscales.

Agregan que también hay muchos aserraderos clandestinos “que están asociados a la comisión de hechos punibles y permiten el financiamiento de grupos que, además, tienen publicidad. Esto parece increíble, pero hay sujetos condenados que llaman al uso de las armas. Esto no es nuevo. Hay fusiles de guerra para los efectos de atacar a otros seres humanos simplemente por pertenecer a una etnia distinta”, dice Cruz.

Pero añade que en hechos irregulares también hay involucradas grandes firmas. “No quiero generalizar, pero hay empresas forestales a las que les pagan por la madera robada emitiendo facturas por operaciones inexistentes, lo que les permite recuperar un IVA que constituye, obviamente, un hecho delictual. Y muchas veces la madera puede resultarles a un menor costo que lo que les implicaría a ellos mismos explotarla. Esto, porque el precio que se paga no es el mismo que en el ejercicio de una función desarrollada en forma normal”.

Vea la conversación entre los exfiscales del Biobío, Andrés Cruz, y de la Araucanía, Francisco Ljubetic, con el director de PAUTA, Cristián Rodríguez, en el encuentro Construyendo País “Violencia en el sur: el conflicto con que nadie gana”