Los cinco ejes que trabaja Interior para enfrentar la violencia en la zona sur

Prevención, acción rápida, investigación, nuevos proyectos de ley y reparación a las víctimas son las distintas variables de la estrategia del Gobierno.

En su primer día en el Ministerio del Interior, el nuevo jefe de la institución, Víctor Pérez, debió tomar conocimiento de los primeros episodios de violencia rural en la Macrozona Sur bajo su gestión. Esta vez tuvieron como blanco al director del Registro Civil de la Araucanía, Juan de Dios Fuentes, pero es uno de los cientos de ataques que han ocurrido este año y los anteriores y que se repiten constantemente en un conflicto que no ha encontrado su cauce de salida en más de dos décadas.

Las propuestas, los ejes de acción, las causas y sus posibles salidas fueron analizadas en la primera parte del seminario “Violencia en el Sur: el conflicto con el que nadie gana”, que es del ciclo de conversaciones “Construyendo País”, que organizan la Cámara Chilena de la Construcción y PAUTA. 

Conectado vía Zoom desde La Moneda, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, fue quien detalló los cinco puntos de la estrategia que lleva el ministerio en la zona. 

“La violencia no es admisible en democracia y, por lo tanto, debemos combatirla y condenarla con firmeza, con responsabilidad y sin ambigüedades”, dijo la autoridad durante su intervención en el seminario.

El contexto histórico

La primera parte del encuentro se denominó “Seguridad pública: el mínimo común”. Y quien abrió el tema fue el arquitecto y expresidente de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz. El profesional hizo un barrido por el contexto histórico y los orígenes del conflicto, exponiendo acerca de las raíces centenarias de este. Taladriz puso énfasis en el problema de la repartición de tierras en la zona y fue crítico del rol que la Conadi ha tenido en el asunto.

Luego tomó la palabra Galli, quien en primer lugar reconoció que lo que ocurre en la Macrozona sur es grave y el Estado está al debe en asegurar la seguridad pública. “Tenemos que hacernos cargo como Estado y especialmente en lo que nos toca como Interior. Aquí hay no solo un conflicto de seguridad, sino también un conflicto político, hay una deuda. Hay una deuda con nuestros pueblos originarios y esta debe ser zanjada”, comentó el subsecretario.

La estrategia del Gobierno

La persistencia de los hechos violentos a lo largo de los años, la muerte del mapuche Camilo Catrillanca a manos de Carabineros y la polémica “operación Huracán” han puesto el foco sobre el accionar estatal en la zona del conflicto. En ese sentido, son varios los personeros, tanto de la sociedad civil como de la política, que han criticado la falta de presencia del Gobierno en el área.

Desde el Ejecutivo destacan una serie de acciones efectuadas desde el inicio de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, como una agenda político-social que impulsó el Acuerdo Nacional por la Araucanía, la búsqueda del reconocimiento de los pueblos originarios, la propuesta de creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos.

En cuanto a la seguridad pública, el área de competencia de Interior, Galli destacó una línea de acción en particular. “Lo que hemos hecho en el último tiempo es esencialmente fortalecer la función policial y específicamente dejar de atacar los atentados donde no tenemos resultados o no podemos identificar a las responsables y fortalecer la presencia policial con el objeto de detener a aquellas personas que son responsables de los hechos”, comentó el subsecretario. 

Las detenciones, aclaró, no necesariamente son por delitos flagrantes, sino también por delitos conexos, “en que participan personas que han tenido vinculación con los atentados”. Allí nombró el caso de Emilio Berkhoff, detenido por tráfico de drogas pero luego formalizado también por distintos hechos de violencia rural. 

A su vez, destacó el plan conformado por cinco ejes de trabajo para combatir y prevenir la violencia: un eje de acción preventivo anticipatorio, uno de respuesta rápida, otro investigativo, uno legislativo y finalmente, uno de reparación a las víctimas.

Los cinco ejes

En primer lugar, desde Interior remarcaron la necesidad de anticipar los hechos delictuales en la macrozona y dejar en claro que lo que ocurrió en la Operación Huracán fue “una lección aprendida”. Ahora están potenciando la capacidad de tener la información para evaluar correctamente el panorama, mediante el reforzamiento de la vigilancia tecnológica y policial.

“Estamos redefiniendo algo que se vio muy afectado por hechos del pasado, que es el tener correcta información para la toma de decisiones. Esto se vio bastante perjudicado como consecuencia de lo que fue el caso Huracán, donde se confundió la inteligencia con la investigación criminal, se mezclaron los planos perjudicando ambos funciones”, dijo Galli.

La respuesta rápida implica fortalecer la capacidad de llegada de las fuerzas policiales cuando no son capaces de anticipar los ataques, para lo que se ha aumentado la vigilancia en ciertos ejes centrales del área, entre otros.

Por otra parte, el eje investigativo, amplificado a través de la creación en 2018 de la Unidad Coordinadora Estratégica de la Zona Sur. Y el eje legislativo, a través del cual han impulsado una serie de iniciativas de ley para apuntar al control de ciertos delitos en la zona, como el proyecto de ley que tipifica el delito de robo de madera o la modernización del sistema de inteligencia nacional. 

Por último está la reparación a las familias, enmarcada en un programa que funciona desde 2018 y que, hasta el momento, cuenta en un catastro a 924 víctimas de violencia rural. 

Sin embargo, según Galli, el trabajo del Estado no debería terminar en los ejes de seguridad pública. “La seguridad pública es el mínimo común que tenemos que asegurar para después poder desarrollar una agenda política, social, económica, para aquellos que habitan en la Macrozona sur, especialmente los que habitan en la provincia de Arauco”, concluyó el subsecretario.

Revise la primera parte del seminario “Violencia en el Sur: el conflicto con el que nadie gana”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y PAUTA