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La primera prueba de seguridad pública del ministro Pérez

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Agencia Uno
POR Fernanda Monasterio |

La violencia recrudeció en La Araucanía, con la destrucción de cinco municipalidades. “No podemos poner sobre las espaldas de la policía la solución de esta dificultad”, dijo.

Una noche violenta fue la que se vivió en la Región de La Araucanía el sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo, donde hubo ataques que provocaron daños parciales o quemas totales de al menos cinco municipalidades.

Tanto el recinto municipal de Ercilla como el de Traiguén -ambos destruidos por incendios- se encontraban tomados por comuneros que aseguraban solidarizar con la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y otros reos mapuches.

También el municipio de Curacautín se encontraba tomado desde el lunes 27 de julio por comuneros, pero quienes se encontraban allí pertenecían a la comunidad de Victoria. La noche del sábado habitantes de Curacautín se reunieron en las afueras del recinto comunal en aparente protesta por la presencia de comuneros de otros lugares, dañaron automóviles de los visitantes y se produjeron disturbios entre ambos grupos antes de que llegaran fuerzas policiales.

Los otros municipios tomados correspondían a Collipulli y Victoria. En Victoria hubo enfrentamientos, que terminaron con 20 personas detenidas en la madrugada del 2 de agosto.

El recién asumido ministro del Interior, Víctor Pérez, había visitado La Araucanía el viernes 31 de julio, cuando afirmó que “en Chile no hay presos políticos” y pidió a los alcaldes de la zona que solicitaran el desalojo de los municipios tomados.

La respuesta ministerial

En conversación con distintos medios, alcaldes de la zona atribuyeron la culpa de los hechos al Gobierno, al que acusaron de abandono. “No tuvimos el apoyo de las autoridades políticas, acá estuvo el ministro del Interior y no se quiso juntar con nosotros, no se quiso juntar con los alcaldes de Malleco”, señaló el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, en conversación con Cooperativa.

A eso de las 15:00 horas del domingo aterrizaron en La Araucanía el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. 

Ya unas horas antes, el subsecretario del Interior se había referido públicamente a los hechos ocurridos en la zona. “Anoche [sábado] vimos a ciudadanos enfrentándose entre sí, con personal militar y policial herido. La condena a la violencia debe ser absoluta”, destacó Galli. “Esto da cuenta de la falta de ética de las personas que están usando a menores de edad e incluso a dos mujeres en estado de lactancia en estos hechos de violencia”, agregó.

Tras recorrer los recintos afectados y reunirse con los alcaldes de la zona, el subsecretario Galli aseguró que el Estado redoblará sus esfuerzos para seguir llevando sus servicios a la gente.

En entrevista con El Mercurio, Víctor Pérez indicó que la violencia no solo se enfrenta con las policías, y aseguró que no se les puede cargar todo a Carabineros y a la PDI. La violencia es “un fenómeno político y hay causas políticas”, sentenció el jefe de la cartera.

Además, en conversación este domingo por la noche con Cristián Warnken en el ciclo “En Persona”, organizado por Icare, el ministro Pérez indicó que tiene el convencimiento de que esto no es solo un tema de carácter policial. “No podemos poner sobre las espaldas de la policía la solución de esta dificultad. Probablemente la sociedad tenga que aislar a los violentos y tenga que condenar a los violentos. La policía tiene que ser eficaz para desarticularlos, para llevarlos a los tribunales, que los tribunales los puedan condenar, como hay muchos condenados por crímenes muy violentos que hoy día están en huelga de hambre y hay sectores que los denominan presos políticos, pero son personas que están por homicidio”, dijo. 

Reacciones políticas

Por parte del oficialismo las reacciones se han enfocado en el apoyo al Ejecutivo. Los senadores Carmen Gloria Aravena (Ind-RN) y José García Ruminot y los diputados René Manuel García y Miguel Mellado -todos parlamentarios de Renovación Nacional (RN)- coincidieron en que el Estado debe hacer uso “de todos los instrumentos y facultades de que dispone hoy para terminar con una violencia inusitada, que es aun más grave considerando que nos encontramos en un estado de excepción constitucional”.

Asimismo, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, declaró a través de su cuenta de Twitter que “las personas honestas están cansadas de la violencia y merecen vivir en paz. Ataques a municipios en La Araucanía se hacen en supuesta defensa de alguien condenado por un crimen horrendo. Positiva señal que Gobierno se querelle contra responsables. La justicia también debe hacer su trabajo”.

La directiva regional de la Democracia Cristiana expresó su “rechazo total a todo hecho de violencia, particularmente a los ocurridos en las últimas horas”. A esto agregaron que “la credibilidad del Gobierno y del Estado está cuestionada” y que “por décadas la solución impuesta en este territorio (La Araucanía) ha sido policial, judicial y paliativa, dejando de lado el tema de fondo y desconsiderando la solución política y dialogada”.

El senador Alejandro Navarro (PRO) aseguró, sin entregar pruebas, de que “aquí hubo información previa de estos hechos y Carabineros no actuó. El jefe de la Defensa Nacional en la zona no actuó”. Anunció que solicitaría un relator de las Naciones Unidas para que visite Chile e investigue estos hechos.

En otra vereda, el senador de Revolución Democrática (RD) y presidente de Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, indicó que “el nuevo ministro del Interior lo que hizo con su visita al wallmapu fue empoderar a los grupos racistas, donde probablemente hay organización detrás, hay financiamiento detrás, hay grupos muy violentos y que estarían operando.

Su compañero de partido el diputado Pablo Vidal apeló al “Estado de Derecho” para responder a un comentario elaborado por el empresario Andrónico Luksic sobre la materia: “No está bien que los ciudadanos ‘tomen’ la justicia en sus manos, para eso está el Estado de Derecho, las leyes, los tribunales de justicia, las policías”.

Qué hay detrás

Para la multigremial privada Consorcio Agrícola del Sur (CAS), “estas acciones sin respuesta eficaz de parte del Estado, además de ocasionar un enorme daño social y económico, desprestigian internacionalmente al país. Por todas estas razones, los agricultores del sur de Chile exigimos que los tres poderes del Estado se hagan realmente cargo de esta aguda crisis de gobernabilidad y ausencia de Estado de Derecho, en que lamentablemente vive el mundo rural”.

Los episodios específicos yacen en un contexto de décadas de conflicto tanto en el Biobío como en La Araucanía. 

“Esto se ha arrastrado por demasiados años y constata que los discursos son bastantes análogos de un Gobierno a otro. Parecerá una paradoja, pero cuando yo me desempeñé como fiscal, llevé a cargo juicios en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Y mientras un gobierno que se decía de izquierda se querellaba por delitos terroristas, uno de derecha se desistía. Y en el juicio alegaba en contra del Ministerio Público”, contó hace unos días el exfiscal en el Biobío Andrés Cruz, actual director de CorBioBío.

En un panel con el exfiscal en La Araucanía Francisco Ljubetic en “Construyendo País“, organizado por PAUTA y la Cámara Chilena de la Construcción, Cruz planteó que “mientras el humo no llegue a las ventanas de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea o Las Condes, todo va a seguir igual”.

Ljubetic concordó con ese análisis general. El escenario “ha sucedido en todos los gobiernos, porque desde que se regresó a la democracia que comenzó una escalada sostenida de violencia y el Estado no ha sido capaz de solucionarlo”, indicó.