Tres meses de huelga: la misión cuesta arriba de Justicia en La Araucanía

Un grupo de presos mapuches inicia una huelga seca y aumenta la presión sobre el Gobierno.

Este miércoles se cumplieron 94 días desde que nueve comuneros mapuches presos, entre ellos el machi Celestino Córdova, iniciaron una huelga de hambre con una serie de demandas que abarcan desde la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia de Covid-19, hasta “la restitución de tierras ancestrales”. Los huelguistas son 27 en total -18 se sumaron el mes pasado- y están distribuidos entre las cárceles de Temuco, Lebu y Angol.

Ante el anuncio de una inminente huelga seca, el conflicto se agrava y ha intensificado la disputa entre el Estado de Chile y los grupos que exigen otro trato para los pueblos originarios, en particular algunas comunidades mapuches cuyos dirigentes han efectuado tomas de varios municipios y una serie de ataques a propiedad pública y privada en la zona sur del país.

El esfuerzo del Gobierno está concentrado en dos áreas: seguridad pública y la reactivación de una agenda político-institucional que se haga cargo de la “deuda” con los pueblos originarios. Pero la urgencia en este minuto es lograr deponer la huelga de hambre de los prisioneros, tarea delegada al Ministerio de Justicia y en particular al subsecretario Sebastián Valenzuela. Sus intentos, dicen los representantes de los comuneros, no han sido suficientes, y en lo que insisten es un diálogo directo con el titular de la cartera, Hernán Larraín.

Las trabas en el diálogo

“Nos encontramos desde el 4 de mayo con una huelga que tiene un doble origen: por un lado, el caso del machi Celestino Córdova, y en paralelo ese mismo día con las personas privadas de libertad en la cárcel de Angol, con petitorios que exceden con creces la capacidad de gestión en las que que nosotros podíamos abocarnos en ese minuto”, dijo este miércoles el subsecretario de Justicia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

En el caso de Córdova, el petitorio en cuestión contempla el cambio del cumplimiento de su condena a arresto en su propia comunidad, pero se suman los pedidos de los demás encarcelados mapuches de la cárcel de Angol, que incluyen libertad por “injusta aplicación de condenas”, libertad a “todos los presos políticos mapuche” de las cárceles de Chile y devolución “de tierras ancestrales”, argumentando que el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2008, no ha sido respetado.

Argumentaron que no se habría aplicado el artículo 10 de dicho convenio, que dice que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

En la lógica de avanzar en una solución, durante los primeros días de julio el Ministerio de Justicia inició una serie de diálogos interinstitucionales en establecimientos penitenciarios. Larraín lideró los esfuerzos en compañía de los subsecretarios de la cartera, el director nacional de Gendarmería y la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. 

Justicia informó que ya se han realizado cuatro de estos diálogos, cada viernes desde el 10 de julio, y que han participado centros de estudios, universidades, representantes de pueblos originarios, parlamentarios y organizaciones de derechos humanos. El fin, de acuerdo con la cartera, es lograr “una nueva reglamentacion del sistema penitenciario que considere los criterios de pertinencia cultural de los pueblos originarios”.

Pero parece no ser suficiente para avanzar. Los voceros de los comuneros en huelga rechazaron la instancia y manifestaron que se trataba de un encuentro demasiado amplio, con muchas voces, que podría servir para resolver una situación puntual, mas no para encontrarle cauce al problema de fondo.

“Es un encuentro en el que tratan de mezclar a todos como si fuéramos iguales, y lo que planteamos es que los mapuches queremos una instancia de diálogo para la aplicación de un instrumento internacional que costó casi 38 años que pudiese ratificarse en Chile y que lleva 12 años durmiendo”, expresó Rodrigo Curipán, representante de los presos de Angol. 

El rol del ministro Larraín

En específico, lo que los representantes de los comuneros exigen es una conversación con el ministro Larraín y no con el subsecretario Valenzuela, que el martes viajó en persona a Angol para avanzar en las tratativas. Argumentan que Valenzuela solo se ha enfrascado en “tecnicismos” y que lo que hace falta es una conversación política con el titular de la cartera.

Desde Justicia se defendieron este miércoles argumentando que están abiertos al diálogo y que la conversación con los presos de Angol ha costado más, pero por ejemplo, con Celestino Córdova se alcanzó un “avance histórico”. Destacaron asimismo la dictación, el 29 de julio, de una resolución que genera un cambio en la reglamentación penitenciaria, que ahora garantiza el derecho a la salud y el acceso a la medicina tradicional para los presos de pueblos originarios, por ejemplo, y que ya no habrá sanciones disciplinarias para quienes participen de huelgas de hambre.

“Las demandas han sido claras y es la aplicación del convenio en sus articulos 7, 8, 9, y 10, sobre todo el 10, y en el caso de nuestra autoridad ancestral se debe tener un mínimo de respeto y de dignidad a su condición de machi y avanzar en la aplicación de un derecho y no de beneficios penitenciarios, como nuevamente quieren colocarlo. Se está exigiendo la aplicación de derechos, no beneficios”, expresó en la comisión la representante de Córdova, Cristina Romo.

Para el ministerio, el punto continúa siendo el mismo: lo que está en discusión no es un indulto para los comuneros, ni la restitución de tierras o peticiones que estén fuera del alcance de Justicia. Lo único factible es, según el mismo Larraín, hablar de las condiciones del régimen penitenciario.

La invitación finalmente llegó. Pese a que los voceros exigían una reunión antes del viernes, el ministro se excusó explicando que tenía “otros compromisos” en el Congreso esta semana. Tampoco se trató este miércoles de un día grato para esa autoridad tras el rechazo de la nominación de Raúl Mera para integrarse a la Corte Suprema.

“Yo personalmente los he invitado a un diálogo para este viernes, de manera de poder oír cuáles son sus puntos de vista y nosotros también expresarles qué podemos hacer. Este diálogo está dentro de lo que a nuestro ministerio le compete, no podemos entrar en otras materias”, declaró el ministro.