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Un concejal, una zona fronteriza y 79 kilos de droga

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Agencia Uno/Pauta
POR Ana María |

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a Javier Chapalla como líder de una banda. Para el director de Chile Transparente, Alberto Precht, estos casos hay que tomárselos en serio porque representan algo más.

Cuando cumplía cuatro años como autoridad de la comuna de la Región de Tarapacá, el concejal de Camiña, Javier Chapalla Castro, fue formalizado por autor de tráfico de 79 kilos de cocaína tras una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur que comenzó en 2017.

Chapalla está detenido en Iquique, y fue formalizado junto con Rubén Sanhueza Benavides, quien fue encontrado por la PDI en su casa en Cartagena, en la Región de Valparaíso, y se le incautó un revólver marca Taurus.

Chapalla, concejal independiente, conducía una camioneta y usaba la credencial de autoridad municipal, lo que le permitía cruzar los cordones sanitarios impuestos por la crisis por el Covid-19.

Durante la audiencia de formalización, la tarde el 18 de agosto en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Cristián Suárez Pérez, de la Fiscalía Metropolitana Sur, presentó una serie de escuchas telefónicas entre Chapalla y Sanhueza, además de fotografías conseguidas por seguimientos realizados por la Brigada Antinarcóticos de la PDI.

El tribunal dejó en receso la causa hasta el 20 agosto para que las defensas se hagan cargo de los antecedentes presentados por Fiscalía, que pidió la prisión preventiva para ambos.

Suárez relató que, de a acuerdo con la indagatoria previa de Antinarcóticos, la droga era traída desde el norte para ser entregada a distintos traficantes de la zona sur de Santiago. Citó dos direcciones: una casa en San Jaoquín y otra en Lo Espejo.

El fiscal habló de una banda de cinco personas, entre ellos transportistas, y situó al concejal Chapalla y a Sanhueza como los líderes, receptores y financistas de la organización.

“De acuerdo con la investigación, se ha podido establecer que habrían concretado, a lo menos, tres internaciones, traslados y distribución de droga con anterioridad, con destino a la zona sur de la Región Metropolitana”, dijo.

El fiscal relató que en abril de 2020 comenzaron las coordinaciones entre el concejal y Sanhueza. Una escucha telefónica reveló un diálogo entre ambos imputados en la que Sanhueza le consulta a Chapalla respecto de “cuándo llegaría a Santiago la droga, para lo cual necesitarían dos camionetas. Una para chequear el camino y otra para chequear cómo estaría la ruta y utilizar un piloto para dichos efectos”.

Suárez también señaló que, en la misma conversación, ambos sacaron cuentas respecto de las deudas que tenían en Santiago producto de los pagos anteriores “que debían efectuar a su proveedor boliviano”.

Además, dijo que en abril pasado, Challapa viajó a Santiago para reunirse con Sanhueza “para continuar con las coordinaciones y verificar cuántos controles sanitarios existían y proceder a la adquisición de vehículos, especialmente camionetas que pudieran acondicionarse para trasladar la droga oculta”.

En las elecciones municipales de 2016, Chapalla fue escogido con el 34,4% de los votos e integró, como independiente, la lista del Pacto Poder Ecologista y Ciudadano.

Precht: “No hay verlo como un caso más”

“Nos encontramos ante un nuevo caso de ligación de la corrupción con la política. No es la primera vez que esto ocurre. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo y es de preocupación especial en este caso, porque, además, se trata de un concejal de una zona fronteriza”, dijo a PAUTA el director de Chile Transparente, Alberto Precht.

El abogado añadió que la situación se agrava luego de que Chapalla utilizara su posición de concejal para poder tener un tránsito más fluido, “ingresando importantes cantidades de droga, que son las que han sido detectadas”.

Y añadió: “No hay que mirar este tema en menos y verlo solo como un caso más. Hay que redoblar los esfuerzos para que no lleguen este tipo de personas a estos cargos, pues se trata de un concejal apoyado por más del 30% de la población de la comuna. Y, por otra parte, para que también la inteligencia policial y financiera pueda monitorear y detener a quienes están cometiendo este tipo de delitos”.

La Calera y San Ramón

En enero de 2020, la Fiscalía formalizó por tráfico de drogas al concejal RN por La Calera Karim Chahuán. En este caso, fue por el hallazgo de 16 de gramos de marihuana.

Pero Chahuán ya tenía una imputación previa, pues al ser formalizado por tráfico y además por el delito de falsificación de instrumento público, estaba en prisión preventiva por su presunta participación en un robo (en un lugar no habitado) en el Mall Open Plaza de La Calera. Fue un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2019, en medio de los saqueos que se produjeron en el contexto del estallido social.

En 2017, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, debió contar con protección policial luego de recibir amenazas: se difundió un mensaje de WhatsApp de un supuesto trabajador de la Municipalidad de San Ramón en el que se llamaba a agredirla.

Pizarro ha hecho varias denuncias públicas poniendo énfasis en que no se propague la llamada narcocultura. Es un término que debutó en Chile luego de que un reportaje de Informe Especial “Los tentáculos narcos de San Ramón“, que vinculaba a funcionaros contratados pese a tener investigaciones por delitos de drogas. Tras las denuncias, un grupo de concejales intentó destituir al alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera (ex PS), pero la pandemia -y el alza de casos en la comuna- congeló las pretensiones.

El Consejo de Defensa de Estado (CDE) se querelló en 2018 contra el funcionario por fraude al Fisco y designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, indagatoria a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur.