La regulación al financiamiento del Plebiscito se entrampa en la Cámara

Si bien la Comisión de Constitución aprobó en gran parte el acuerdo alcanzado en el Senado, le ingresaron dos modificaciones que obligarían a un tercer trámite.

Este miércoles 26 de agosto comienza el periodo de propaganda para el Plebiscito del 25 de octubre, pero aún queda pendiente la regulación de los gastos y el financiamiento para la consulta constitucional. 

Si bien el viernes pasado se avanzó en un acuerdo entre la oposición y Chile Vamos en el Senado, este lunes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se criticaron varios de sus puntos. Algunos de los miembros pidieron “más tiempo”, aunque eso es precisamente lo más escaso.

De hecho, en esta jornada se introdujeron dos cambios a la propuesta que salió de la Cámara Alta, lo que complica los cálculos originales y provoca una discusión por tramitar el proyecto a contrarreloj: en la práctica queda un poco más de 24 horas para que vote en Sala; pase eventualmente a tercer trámite en el Senado y, en el peor de los escenarios, termine en una Comisión Mixta en el caso que la diferencias persistan entre ambas cámaras. 

“Mi crítica es que hagamos una legislación en base a la premura del tiempo y si ya se tomó la decisión de hacerlo, tampoco puede pretender el Senado que la Cámara de Diputados sea un buzón y que tengamos que decir que sí a todo que que venga del Senado”, aseguró el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, quien fue uno de los parlamentarios que presentaron indicaciones.

Para presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, es necesario que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto el martes y que el Congreso lo despache ya. “La mejor ley es la que se dicta en el tiempo oportuno. Me hubiera gustado tener más tiempo de revisar este proyecto. Lo cierto es que nunca antes se había logrado el acuerdo, ni siquiera el 15 de noviembre respecto del financiamiento”, comentó el diputado DC.

La propuesta necesita en Sala alcazar 3/5, al menos 93 votos, por lo que las negociaciones tanto del Ejecutivo con Chile Vamos como en la oposición continuarán durante la tarde de este lunes, pues sino se logra el cuórum el periodo de propaganda podría empezar sin regulación en materia de financiamiento.

Partidos versus organizaciones sociedad civil

Uno de los ajustes que sufrió la inciativa fue en uno de los artículos más complejos: los topes de las donaciones individuales. Según la propuesta que votaron los senadores la semana pasada, había una diferencia entre los máximos para los aportes a partidos políticos en UF 500 ($14.336.025) y las organizaciones de la sociedad civil en UF 200 ($5.734,410). Esos límites fueron cuestionados en la Comisión de Constitución tanto por el Frente Amplio como por parte de Chile Vamos, y en especial de la UDI. Usando argumentos distintos de cada lado, coincidieron en que no debería hacerse una diferenciación entre los topes de las donaciones.

Así se aprobó una indicación realizada el diputado Gabriel Boric (CS) y René Saffirio (IND), que emparejó los montos hacia arriba -lo que había sido resistido por la oposición en el Senado-, dejando el máximo individual en UF 500 para todos, es decir, para partidos políticos, ya sea donación de sus militantes o terceros, como para las organizaciones de la sociedad civil que estén por el Apruebo o el Rechazo y se inscriban en el Servel.

La propuesta avanzó en la Comisión de Constitución con ocho votos a favor –Jorge Alessandri (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric y Rene Saffirio-, las abtenciones de Paulina Núñez (RN) y Francisco Eguiguren (RN), y los votos en contra de Leonardo Soto (PS), Marcos Ilabaca (PS) y Walker. 

Para los detractores de este ajuste, el problema del cambio está que dentro de la etiqueta de “sociedad civil” no solo califican juntas de vecinos y agrupaciones menores, también se incluyen asociaciones gremiales.

“Creemos que el máximo de esos aportes no va ir organizaciones que promuevan la participación electoral, sino que organismos gremiales como la CPC, la Sofofa y organismos empresariales que son los que tienen más capacidad de captar esos máximos de aportes”, agregó el diputado Walker. 

Los otros ajustes

En la discusión que se dio este lunes en la Cámara, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, aseguró que el deseo del Gobierno es tener un Plebiscito “impecable”, pero que en la discusión para limitar los gastos y los aportes de la consulta del 25 de octubre costó llegar a un punto en común. Por eso lo que salió del Senado era un avance. “En esta materia no hubo un vacío, sino simplemente no se llegó a un buen entendimiento en materia de regulación de financiamiento. No se les olvidó a los que estuvieron en ese acuerdo (del 15 de noviembre), no hubo consenso en algo que es difícil de regular”, explicó el ministro.

De hecho, el otro cambio de deberá revisar este martes la Cámara de Diputados es una indicación impulsada por el diputado Fuenzalida en relación a la utilización y contratación de redes sociales para la propaganda de Plebiscito, las que según la norma deberán ser publicadas por el Servicio Electoral.

Anteriormente se obligaba a los proveedores de medios digitales a informar al Servel sobre los contratos con partidos políticos, parlamentarios independientes o las organizaciones de la sociedad civil; ahora, según esa indicación, serán los propios responsables de las campañas los mandatados a enviar tales contratos al Servel, el cual en todo caso podrá requerir esta información a los proveedores.

“Esto busca hacer posible esta legislación, porque finalmente puede terminar en el absurdo de que las plataformas y los medios digitales teminen no aceptando ningún tipo de propaganda porque no saben si están en el terreno de legal o lo ilegal”, explicó Fuenzalida.