El nudo ciego de cómo lograr que los pacientes Covid-19 voten en octubre

Las alternativas son varias, pero están casi todas descartadas. El Servel tiene hasta el 10 de septiembre para pronunciarse.

A estas alturas son poco más de 15 mil personas, pero en algún momento durante mayo llegaron a pasar las 70 mil. De ese universo de gente se habla hoy cuando se discute cómo lograr que los contagiados con Covid-19 -casos activos- puedan votar el 25 de octubre en el Plebiscito. La discusión partió hace un par de semanas, y hoy las críticas plantean que precisamente esa es la razón del nudo ciego: el tiempo con el que se trató el problema.

Las alternativas que circulan son varias, pero el Gobierno les ha cerrado la puerta a casi todas. De partida, eximir de las cuarentenas a los contagiados para que puedan ir a votar, está absolutamente descartado. Y este miércoles en el Ejecutivo desecharon algunas propuestas más. ¿Qué queda ahora? Que el Servicio Electoral se pronuncie, pues tiene hasta el 10 de septiembre para hacerlo. Pero los caminos disponibles suscitan más dudas que certezas para el organismo encabezado por Patricio Santamaría. 

Las alternativas posibles

Las opciones conocidas son varias y prácticamente todos los actores políticos y académicos han opinado sobre ellas. Una es, por supuesto, que no voten, lo que iría en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Otra es que los contagiados sufraguen en locales distintos, o en los mismos pero en una franja horaria en específico; que una urna móvil llegue hasta sus domicilios, que el voto sea electrónico; o por correo y de forma anticipada. Cualquiera de esas opciones tiene que cumplir con la necesidad de un voto secreto, personal y presencial.

Por una parte, el voto electrónico ni siquiera está sobre la mesa, pero el voto presencial también ha sido desechado. Temprano esta semana, el Gobierno decidió seguir la recomendación de distintas sociedades científicas e incluso el Consejo Asesor y descartó liberar de la obligación de cumplir aislamiento a las personas que se encuentren contagiadas, por lo que la posibilidad de concurrir a un local de votación estando enfermo de coronavirus es demasiado riesgosa.

En esa lógica, la mesa intersectorial que constituyeron el Colegio Médico, Espacio Público, sociedades científicas, Chile 21 y algunas organizaciones sociales propusieron al Servel la semana pasada el voto domiciliario, el voto delegado y el voto postal anticipado. 

Este último también fue promovido por un grupo de diputados encabezado por Andrea Parra, del PPD, pero que incluye a la mayoría de la oposición y hasta a Ximena Ossandón, de RN. El sustento del proyecto es que Correos de Chile pueda hacerse cargo de la gestión, porque ya realizan un trabajo similar con los votos de los extranjeros en Chile. Ese es, de hecho, uno de los sistemas que se usó en Corea del Sur, donde también se permitió a los votantes asistir a una urna al aire libre, una vez finalizado el plazo para los demás. Para hacerlo avanzar, sin embargo, necesitan del patrocinio del Ejecutivo.

“Todas estas opciones tienen complejidades. Algunos piensan que el voto por correo postal va en contra de que es personal y secreto; yo creo que no es así. Genera más riesgos de cohecho, pero nosotros planteamos normativas que tienen que ver con la inviolabilidad de la correspondencia, y con maneras de detectar y sancionar con penas altas el cohecho”, comenta a este medio María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público.

El Ejecutivo dice que no

El problema es que, salvo la última, todas esas opciones requieren de una reforma legal. Y este miércoles el Ejecutivo también se cerró a aquello.

“Poder avanzar en votos electrónicos, votos a distancia, votos por carta, es muy bonito en la discusión y bienvenido sea, pero no es aconsejable y el Gobierno no va a promover una modificación de ese tipo a menos de 60 días de una elección. Pensar en hacer cambios legislativos en esa materia no es conveniente hoy día ni lo vamos a promover”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

La decisión molestó entre los impulsores de algunas de las alternativas, quienes pidieron “reconsiderar” al Gobierno la posibilidad, pues también queda pendiente qué ocurrirá con los enfermos en la seguidilla de elecciones posteriores al Plebiscito.

“Los problemas que tenemos hoy con la pandemia y cómo ejercer nuestro derecho a voto no empiezan ni terminan con la consulta constitucional de octubre, van a continuar en el tiempo. Yo esperaría que el Gobierno, que defiende la actual Constitución que consagra el derecho a voto, estuviera abierto a hacer todas las reformas necesarias. No son buenas señales las que da hoy el Ejecutivo”, respondió a PAUTA la diputada Parra.

“El Gobierno sigue eludiendo asumir su responsabilidad no solo respecto de un acto electoral, sino además lo que puede llegar a ser la vulneración de un derecho tan importante como el del sufragio”, declararon este jueves los senadores de la oposición en un documento público. En el texto, los parlamentarios criticaron que el Ejecutivo dejara la decisión a cargo del Servel y “carezca de iniciativa que permita el ejercicio de este derecho”.

Por lo tanto, pidieron poner “toda la voluntad política a disposición de este debate para viabilizar cualquier medida”, como por ejemplo el voto domiciliario con un padrón especial.

Pasando la pelota al Servel

El mismo miércoles se sumó a la negativa el titular de Interior, Víctor Pérez, quien acusó de “poco serio” el intento y confirmó que la decisión quedaría en manos del Servicio Electoral, incluso aunque eso significara que la votación de enfermos de Covid en este referéndum sea poco probable.

“Las normas son las que están sobre la mesa. Hemos hecho un esfuerzo importante para entregarle facultades al Servel para que ese organismo, que es autónomo y por lo tanto ajeno a influencias político-partidistas, resuelva adecuadamente lo que es el propósito gubernamental, que es un proceso seguro, participativo y transparente. Hoy día, modificar a menos de 65 días el voto lejano, por ejemplo, nos parece que no es serio ni responsable”, agregó Pérez.

La lectura del Gobierno esta semana era que había poco que hacer. El pronóstico: teniendo en cuenta el número de casos activos de hoy, cercano a los 15 mil, para el 25 de octubre podrían ser cerca de 7 mil los potenciales votantes enfermos. Claro, eso asumiendo que las cifras no empeorarán. Pero si lo hicieran y fueran 50 mil los casos activos, entonces, planteaban en el Ejecutivo, probablemente el Plebiscito no debería realizarse.

Así entonces, la única solución la podrá proponer el Servel, desde donde esta semana ya han confirmado que los votantes enfermos no sufragarán en los mismos locales que los sanos y que la situación es “muy difícil”. Tanto el Colegio Médico como el Consejo Asesor le insistieron a la institución en que la base debe ser no permitir que los contagiados salgan.

“No vamos a cejar en buscar algún mecanismo dentro de las normas legales y constitucionales, pero nos resulta bastante difícil. Hemos analizado todos los mecanismos que existen y se aplican en el mundo y también lo que nos han propuesto. No hemos encontrado un mecanismo que permita votar a las personas, sobre todo cuando se tiene presente que ya existe de parte de la autoridad sanitaria la decisión de que no puedan salir de sus casas”, dijo el presidente del Servel, Patricio Santamaría.

¿La urna móvil? Descartada para Santamaría. “No existe la urna móvil, debe constituirse una mesa con tres vocales, hasta cinco y a esa mesa el votante debe concurrir a dar el voto”, respondió.

Se suman además las dificultades que implica el derecho de los pacientes a mantener su diagnóstico en secreto, por lo que, con la legislación actual, sería imposible tener un padrón aparte con el nombre, apellido y domicilio de los enfermos. Según dijo este miércoles en radio T13 el presidente del Servel, que los contagiados renunciaran a ese derecho y pudieran inscribirse en una lista especial debería ser una consideración para el futuro.