Gabriel Osorio: el estilo del abogado transversal del PS
Fue el garante de la oposición para la tramitación del Plebiscito Seguro y el financiamiento de las campañas. Con su hermano tiene varias victorias, algunas recordadas en La Moneda.
Cómo realizar un Plebiscito seguro el 25 de octubre en medio de las complicaciones que trae la pandemia y cómo regular el financiamiento de las campañas que partieron esta semana han sido dos de los temas más debatidos en el Congreso. En ambos y detrás de las indicaciones y negociaciones con los parlamentarios y con el Gobierno, estuvo una misma cara: el abogado Gabriel Osorio Vargas (PS).
En esta oportunidad, el litigante funcionó como garante de la oposición para la tramitación de las mociones presentadas y el debate de las modificaciones que se conversaron entre la centroizquierda y Chile Vamos. Pero su trayectoria marcada por el derecho público y administrativo cuenta con varios casos polémicos en los últimos años y una serie de hitos recordados entre los políticos y en el mismo Palacio de La Moneda.
Un dolor de cabeza para La Moneda
A mediados de año, uno de los más recientes. Era miércoles 10 de junio cuando en varios pasillos de La Moneda se comentaba que el Gobierno no salía de un incendio para meterse en otro. Aún estaban los coletazos por las minutas para repartir las cajas de alimentos en las semanas más duras de la pandemia cuando, ese día en la tarde, se conoció el pronunciamiento de la Contraloría que calificó de “improcedente” el instructivo del Servicio Civil que pretendía el retorno gradual a sus labores presenciales de los funcionarios públicos que no estuvieran en el grupo de riesgo de contagio por Covid-19.
La respuesta de la Contraloría vino tras una presentación del estudio Osorio Vargas & Abogados, que en representación de la CUT y de la Asociación de Funcionarios de la Junta de Jardines Infantiles (Ajunji), le pidió un pronunciamiento. Esto, luego de que el 17 de abril los ministerios del Interior y de Hacienda anunciaran el regreso gradual de los trabajadores en medio de la crisis sanitaria.
La resolución del contralor Jorge Bermúdez -que estimó que no le correspondía al Servicio Civil tomar esa determinación– se convirtió en otro dolor de cabeza para el Gobierno, que se enfrentaba a un nuevo round con los abogados -y hermanos- Gabriel y Cristóbal Osorio, quienes estuvieron detrás de la petición. Una estrategia que utilizaron después de que otros funcionarios públicos recurrieran, sin suerte y vía recursos de protección, a los tribunales haciendo la misma solicitud.
Se trata de una dupla de abogados que La Moneda y el oficialismo ya conocen. Y en el Ejecutivo recuerdan en especial el rol del hermano mayor, Gabriel Osorio: en 2018 cuestionó en Contraloría el protocolo de aborto sobre objeción de conciencia que había redactado el Ministerio de Salud, y ese mismo año impugnó la designación de Pablo Piñera, hermano del Presidente Sebastián Piñera, como embajador de Chile en Argentina.
Los casos suman y siguen: el abogado lideró la presentación al Juzgado de Letras de Pucón que terminó por declarar ilegal, en enero de 2020, la compra de tierras del exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla pues estaban en terreno indígena. Dos años antes había impugnado un viaje de Felipe Larraín a Harvard porque recibiría un reconocimiento personal mientras era ministro de Hacienda.
La estrategia de la dupla
Son jóvenes, pero viejos conocidos del Estado. Los dos hermanos trabajaron en el Ejecutivo durante el último mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Gabriel Osorio, de 37 años, se desempeñó como asesor de las divisiones jurídico-legislativas de la Segpres y del Ministerio del Interior, entre 2014 y 2018. Mientras que Cristóbal Osorio, de 35 años, fue jefe jurídico de la Segegob.
Son inseparables. Comparten oficina y viven en el mismo edificio, a solo dos pisos de diferencia. Y ambos son exalumnos del Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa.
Quienes conocen a los hermanos explican que su forma de trabajo es buscar “soluciones innovadoras” que permitan producir efectos jurídicos rápidos. Como especialistas en derecho administrativo son conocidos por utilizar la Contraloría para realizar sus presentaciones (la vía judicial suele ser más lenta). En el mundo jurídico los consideran hábiles por lo mismo, pues ante una consulta, por la ley la Contraloría está obligada a pronunciarse.
Según explican desde su estudio de abogados, la decisión de ir a un lugar y no a otro es producto de un examen de jurisprudencia que hacen todos los días: revisar fallos de la Corte Suprema –en especial los de la Tercera Sala-, además de analizar dictámenes de Contraloría y fallos del Tribunal Constitucional.
En su historial más reciente, la dupla obtuvo la resolución de la Corte Suprema que desestimó la remoción del fiscal de O’higgins, Emiliano Arias. También, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que apoyó un dictamen de Contraloría y confirmó la invalidación de los permisos de edificación en Estación Central, que paralizó las construcciones de alta densidad conocidas como “guetos verticales”.
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El reencuentro con Cruz-Coke
Gabriel Osorio estudió su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad Central y luego obtuvo un magíster en derecho con mención en derecho público en la Universidad de Chile, donde conoció a quienes hoy se desempeñan como abogados en su estudio. Es colocolino, estudió piano y es conocido su gusto por la música clásica. Suele compartir en su cuenta de Twitter quiénes son sus compositores favoritos, generalmente a partir de las 19 horas, cuando sube videos de su tocadiscos con pequeñas piezas. Uno tras otro.
Se especializó en derecho administrativo y en causas electorales. De hecho, tiene en su expediente también el haber logrado, en 2013, dejar sin efecto la candidatura al Senado por Antofagasta del actual diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke tras dejar de ser ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del primer gobierno de Sebastián Piñera.
La idea de impugnar la candidatura fue del exsecretario general del Partido Socialista Francisco Díaz. Entonces, Osorio trabajaba en el equipo electoral de abogados del PS, partido en el que milita desde 2002. Díaz consultó a varios constitucionalistas si podían ayudarlo y ninguno quiso aceptar, pues no veían destino jurídico a la impugnación de la candidatura de Cruz-Coke. Osorio sí lo hizo y ganaron.
“Creo que aceptó porque era un desafío político importante. Pero, sobre todo, porque él se caracteriza, en derecho, por tener una visión muy moderna. Está muy al día en la literatura moderna del derecho, lo que le permite siempre estar un paso más allá”, explica Díaz.
Bajar la candidatura de Cruz-Coke fue el debut más público del abogado, que en ese momento tenía 30 años. Él y el exministro de Cultura se han vuelto a encontrar. Y varias veces. Una de las más simbólicas, según recuerdan quienes la presenciaron, fue en 2018, cuando la bancada de diputados de Chile Vamos acudió a Contraloría para intentar inhabilitar a los abogados que llevaban la causa del nombramiento de Pablo Piñera.
De acuerdo con la versión de los presentes, Osorio se presentó ante Cruz-Coke como el abogado al que intentaban denunciar. “Bueno, esto es política”, le habría dicho el actual diputado de Evópoli.
“Política”, habría respondido el litigante, “al igual que en 2013: yo soy el abogado que le bajó la candidatura”.
Sus nexos en el PS
Gabriel, el mayor de los Osorio, tuitea con frecuencia y opina de la contingencia, incluso más que Cristóbal. Un riesgo de su estilo, dicen abogados consultados por PAUTA, es que puede verse “muy politizado” si quisiera dedicarse a otro tipo de causas, aunque de hecho las tiene. Su domicilio es conocido y el de su hermano también.
Gabriel Osorio llegó al PS a los 19 años y estuvo al alero, durante mucho tiempo, del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, otro de los nombres preferidos del socialismo. Zúñiga, quien fue su profesor en pregrado y luego en el magíster, lo recomendó para participar del equipo que llevó el 2012 el caso de la derrota a la alcaldía de Ñuñoa de Maya Fernández.
La relación con Zúñiga ya no es lo cercana que era. Un proyecto de estudio conjunto, que fracasó sin remedio, habría sido la causa del quiebre entre ambos.
Hoy, ya independiente de la influencia de Zúñiga, Osorio forma parte de la generación nueva de abogados que es recurrentemente consultada dentro de la colectividad y que conforman parte de “las caras jóvenes” del socialismo.
En la noche del 15 de noviembre, cuando se tejía el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, Osorio fue uno de los dos abogados a quien el PS llamó. El otro fue Zúñiga. Pero fue Osorio finalmente quien representó al partido en la mesa técnica constitucional que bajó a tierra el compromiso de los partidos.
Ha trabajado con las administraciones de los expresidentes del PS Osvaldo Andrade e Isabel Allende y también con la del actual timonel, Álvaro Elizalde. De este último es más cercano y ha colaborado más públicamente.
“Buena persona, gran abogado y gran trabajador”, dice Elizalde sobre Osorio a PAUTA. Es conocido de personeros de todas las corrientes internas del PS, sin pertenecer formalmente a ninguno de los lotes históricos. En sus conversaciones habituales están el exsubsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el senador Carlos Montes, el exministro de la Segpres Gabriel de la Fuente; William García, quien fue su jefe en la Segpres, y Francisco Díaz, exsubsecretario del Trabajo, entre otros.
Al otro lado de la vereda, Gabriel Osorio tiene una relación fluida con el abogado y exsecretario general del Partido Republicano, Jorge Barrera. Y también con el jefe de la división judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery. E, incluso, comentan sus cercanos, tiene buena llegada con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
En el PS reconocen que es un asesor activo de la colectividad y una de las voces que “cada vez se escuchan más”, aunque a veces menos de lo que a varios les gustaría.
Por ejemplo, a fines de mayo, en pleno debate por el límite a la reelección de autoridades, el litigante fue el primero que advirtió a los senadores del partido que la retroactividad de ley que estaban por votar no tenía ningún sentido, pues la iniciativa regiría in actum. Lo planteó en privado y luego fue de los primeros en comentarlo en redes sociales.
Sin embargo, en el debate solo los senadores Elizalde, Rabindranath Quinteros (PS) y Francisco Huenchumilla (DC) mencionaron el cuestionado punto.
Litigante electoral
“Su rol en la mesa técnica del 15 de noviembre fue muy relevante” con miras de Acuerdo por la Paz, dice a PAUTA el abogado constitucionalista Tomás Jordán.
Ambos coincidieron en la Segpres durante el segundo gobierno de Bachelet, mientras Jordán era el encargado del proceso constituyente que impulsó la expresidenta.
“Me parece que, de la nueva generación de constitucionalistas, de derecho público, es de los más destacados y de los que más dará que hablar. Porque es joven, ha tenido causas relevantes, es una persona que seguramente con los años va a estar entre los constitucionalistas más destacados de Chile”, explica Jordán.
Entre esas “causas relevantes” a las que se refiere Jordán, Gabriel Osorio se anota la ayuda en la inscripción de la Nueva Mayoría en las primarias de 2016. Si bien no fue nombrado en el caso, que llevaron Zúñiga y su hermano Cristóbal, Gabriel Osorio aconsejó en bambalinas.
No presentar querellas muy generales, es decir, en contra “quien resulte responsable”, ni reclamos ante Contraloría sin fundamentos, dicen en su entorno, son los secretos del abogado. “Es como un cowboy del farwest: donde pone el ojo, pone la bala. No sale a disparar al aire y eso es fundamental”, dice Francisco Díaz.
También se apunta el vuelco en el caso de las elecciones de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, quien estuvo a punto de dejar su puesto en 2017. En mayo de ese año, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana invalidó los comicios que la dieron como ganadora.
Un asesor de la CUT, amigo de Figueroa y de Osorio, le presentó el caso al abogado. Ganaron y la líder de la gremial confió en él desde entonces. Así, hasta que en abril pasado le consultó si, por el caso del retorno de los funcionarios públicos, era mejor interponer un recurso de protección o acudir a Contraloría. “Yo confío en usted”, le dijo al litigante.
La estrategia es conocida. Optaron por la Contraloría y aquella también fue una victoria.