Un paro, un nombre y una huelga: los eventos que marcaron un agosto conflictivo

Fueron 31 días de polémicas y hechos violentos, la mayoría enmarcados en la disputa latente en la Macrozona Sur.

Agosto empezó con incendios. El 2 de agosto, La Araucanía despertó con fuego en las municipalidades de Traiguén y Ercilla, pero también hubo destrozos en las sedes comunales de Victoria y Curacautín. Los hechos se enmarcaron en la demanda de algunas comunidades mapuche por la liberación del machi Celestino Córdova, en prisión por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013, y otros 26 comuneros en huelga de hambre en tres cárceles de la zona.

Ese fin de semana, el primero del mes, vecinos del área se organizaron para desalojar a quienes ocupaban las sedes comunales de Victoria y Curacautín, entre palos, detenidos y denuncias de cánticos racistas. Las críticas apuntaron al viaje que el recién estrenado ministro del Interior, Víctor Pérez, hizo el viernes inmediatamente anterior a los hechos. El mismo día de la Cuenta Pública Presidencial, 31 de julio, Pérez llegó a La Araucanía, afirmó que allí no existían presos políticos e instó a los alcaldes a pedir el desalojo de los municipios, que cumplían una semana en toma.

Sus declaraciones cayeron mal entre los partidos de la oposición y representantes de un sector del mundo mapuche, quienes lo acusaron de agravar el conflicto en la zona. Los actos, además, reavivaron la discusión sobre la demandas mapuches y la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Ese fue simplemente el punto de partida.

El crimen de Ámbar

Mientras aumentaba la tensión en el sur y ocho comuneros se acercaban a los 100 días de huelga de hambre, Villa Alemana se remeció. El 6 de agosto, la PDI encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo, de 16 años. El mismo día se conoció que el presunto responsable de su asesinato fue Hugo Bustamante, pareja de la madre de la menor, y ya condenado por el asesinato en 2005 de otra expareja e hijo de la misma. 

El crimen desató la ira de los vecinos de Villa Alemana, quienes incluso vandalizaron el departamento de la madre de Ámbar. La discusión escaló hasta la pertinencia de las libertades condicionales y reducciones de condenas a convictos por delitos graves. Incluso reavivó el debate de la pena de muerte, de manos de la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, cuyas declaraciones en contra de los jueces la pusieron en la cuerda floja. 

De aquellos eventos nació una acusación constitucional a la jueza Silvana Donoso, proceso que aún está en marcha en el Congreso.

Un ultimátum

Cinco días después, los representantes de los tres gremios más importantes que agrupan a los transportistas del país, la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, Chile Transportes y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, llegaron a La Moneda a reunirse con el titular de Interior. La demanda fue una: mayor seguridad y garantías para el trabajo de los transportistas. Pero las palabras de José Villagrán, líder de Fedesur y parte de la CNTC, subieron el tono y advirtieron lo que vendría unos días más tarde. 

“Los plazos ya se terminaron. Esta es una semana que los camioneros vamos a estar pendientes de cómo va a actuar el Gobierno. Si el Gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver cómo solucionamos el problema. Ya tenemos un mártir, no queremos más. Una quema más y vamos a reaccionar”, dijo Villagrán el 10 de agosto.

Tres días después de aquello, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de la ley Juan Barrios, que era parte del petitorio de los transportistas, y que agrava las penas por quemas de camiones. Con eso, la arista de los camioneros quedó en pausa. Incluso, el 18 de agosto Celestino Córdova llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y depuso su huelga de hambre a cambio de una serie de condiciones que incluían una visita a su rewe, por 30 horas después de recuperarse. Los ocho comuneros en huelga de Angol aún se encuentran en negociaciones con la cartera.

Un nombre y una formalización

Pero unos días después, el incendio lo produjo Carabineros. El 19 de agosto trascendió una orden del general director de la institución, Mario Rozas, en la que decretaba que la Academia de Ciencias Policiales cambiara su nombre a “General Director Rodolfo Stange Oelckers“, exmiembro de la Junta Militar y cuestionado por su manejo del “Caso Degollados”. 

La policía uniformada debió echar pie atrás luego de la ola de críticas provenientes de la política, pero también desde el mundo social. Incluso alzó la voz por el hecho Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, víctima del “Caso Degollados”. “La decisión la tomó el General Director de Carabineros y la revirtió el General Director de Carabineros”, declaró Piñera.

La semana no terminó sin un hito más: justo la mañana siguiente a la rectificación de Carabineros, el teniente coronel Claudio Crespo fue formalizado por “apremios ilegítimos” y provocarle “lesiones graves gravísimas” a Gustavo Gatica, el joven estudiante de sicología a quien Crespo habría cegado el 8 de noviembre del año pasado.

Se reactiva el conflicto

Doce días después de la visita de los camioneros a la sede de Gobierno, el conflicto en el sur tuvo un “antes y después”. En medio de la ruta que une Collipulli con Angol, cuatro encapuchados atacaron un camión cargado con cemento en el que viajaban el conductor, su esposa y su hija, Monserrat, de 9 años. La niña fue herida con una bala calibre .22. Evolucionó bien con el paso de los días, pero reactivó las demandas de los camioneros. 

Fue Sergio Pérez, presidente de la CNTC, quien anunció una movilización de su gremio si el Gobierno no agilizaba para el jueves 20 la tramitación de 13 proyectos de ley que ya estaban en el Congreso. Entre ellos, el que fortalece la persecución del robo de madera, la revisión del control de armas y una ley de reparación a las víctimas de violencia rural. “Las demandas son razonables, no su tono casi sedicioso“, declaró en Primera Pauta de Radio PAUTA el diputado y exintendente del PPD, Ricardo Celis.

Desde el Gobierno rápidamente respondieron que no obrarían por ultimátums, que todas esas iniciativas ya tenían distintas urgencias y ya estaban en el Parlamento, por lo que desplazaron la presión hacia el mismo Congreso.

“Ha existido una actitud poco activa por parte del Ministerio del Interior en poder responder con eficiencia frente a los actos vandálicos, de violencia, claramente de delito que están ocurriendo en la región de La Araucanía. El Gobierno vuelve a cometer el grave error de responsabilizar al Congreso de una responsabilidad que le compete directamente a ellos”, responde a PAUTA el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Miguel Angel Calisto (DC).

El paro empezó, las partes intercambiaron propuestas y hasta este lunes aún no hay una salida. 

“Es nuestra obligación servir a la nación, ¡pero por favor, si nos están matando!, ¡cómo no se va a entender que esto es un clamor!”, dijo Sergio Pérez en conversación con Primera Pauta, de Radio PAUTA.

En tanto, los atentados en la Macrozona Sur continuaron. Incluso afectaron a las propiedades de la familia del presidente de la DC, Fuad Chahin, pues desconocidos incendiaron el fundo de su padre y madre. El ataque fue condenado por el líder del partido y se sumaron representantes de todas las fuerzas políticas.

“Lo único que quiero decirle a esa gente que goza destruyendo lo ajeno, que algún día tenga la satisfacción de construir algo para nuestro querido país”, dijo el padre de Chahin en un video. 

El mismo día, cuatro cabañas en el borde del lago Lanalhue, en Contulmo, fueron incendiadas y sus habitantes debieron escapar en bote para evitar el fuego. En paralelo, la movilización de los camioneros continúa, en medio de denuncias de desabastecimiento de combustible y hasta la acusación del ministro de Salud, Enrique Paris, de que los transportistas no estaban permitiendo el pase de los médicos, ambulancias y suministros médicos.

A qué hora el presidente @sebastianpinera presenta requerimiento por ley de seguridad del estado contra convocantes del paro de camioneros?

— Felipe Harboe B (@felipeharboe) August 27, 2020

El accionar de los camioneros fue duramente criticado por personeros de la oposición, quienes acusaron un trato diferenciado para ellos en detrimento de otro tipo de manifestaciones. Varios recordaron el uso en distintas ocasiones de la llamada Ley Antibarricadas, que en este caso no fue utilizada. O a principios de mes, las querellas presentadas contra los comuneros que se tomaron las municipalidades de La Araucanía. 

En ese caso, “son situaciones muy distintas”, responde otro de los miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). El diputado explica que está en contra de los bloqueos de las rutas, a pesar de que entiende el pesar de los camioneros.

“Es muy distinto alguien que viene a pedir ayuda al Estado para trabajar en paz, alguien que le viene a pedir ayuda al Estado para que cumpla su deber que es proteger las carreteras, a alguien que está atentando contra la propiedad privada. Son situaciones distintas y merecen un tratamiento distinto. Creo que Víctor Pérez ha tomado eso en cuenta y no se ha separado un milímetro de lo que establece la ley y el Estado de Derecho”, responde Alessandri a este medio.