Los diputados sellan un conflicto con el Poder Judicial: acusan a la jueza Donoso
Es la primera vez que una ministra de Corte de Apelaciones es acusada constitucionalmente.
La Cámara de Diputados aprobó por 73 votos a favor, 52 en contra y 15 abstenciones la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por notable abandono de deberes. Esto, luego que en 2016 presidiera la Comisión de Libertad Condicional que dejó fuera de la cárcel a Hugo Bustamante, imputado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo, de 16 años.
Tras la votación de la Cámara, la acusación pasa al Senado, que deteminará si la destituye o no. Quienes expondrán el caso son los diputados de RN Andrés Longton y Gonzalo Fuenzalida y el DC Daniel Verdessi.
Mientras tanto, la jueza Donoso quedará suspendida de su cargo hasta que el Senado resuelva su futuro.
El libelo fue presentado po 14 parlamentarios de distintas tiendas, encabezados por Longton: cuestionaron el criterio de Donoso, que presidió la comisión que integraban otros cuatros jueces orales y de garantía, que dieron el visto bueno para la salida de Bustamante pese a que un informe de Gendarmería no recomendaba darle la libertad.
El cuestionamiento principal apunta a que, como presidenta de esa comisión -que el 2016 permitió la salida de más de 700 condenados-, dejó en libertad a Bustamante aun cuando tenía antecedentes de un doble homicidio cometido en 2005 a su expareja y al hijo de ella, de 9 años.
Aunque el informe de Gendarmería (que no recomendaba su salida al medio libre) no era vinculante en la decisión de los jueces, como sí lo son ahora tras una modificación del Decreto Ley 321 en 2019, sus acusadores le impugnaron no haberlos tomado en cuenta y que, de todas formas, debía valorarlos.
Previamente a que la Sala votara, la tarde de 9 de septiembre una comisión de diputados analizó el libelo. Encabezados por Marcelo Díaz (ex PS), escucharon a la defensa de la jueza Donoso -el penalista Jaime Winter y la abogada constitucionalista Dafne Guerra, del estudio Estudio Albagli Zaliasnik–; a miembros de Gendarmería, profesores de derecho, además de jueces y del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, entre otros invitados. Al cierre entregó un informe negativo a la acusación constitucional. Unas horas después, la Sala rechazó la cuestión previo, lo que implicó que se podía analizar el contenido de la acusación que a la postre sería aprobada.
En paralelo, el libelo provocó roces entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, luego de que el Pleno dela Corte Suprema emitiera una dura declaración, el pasado 2 de septiembre, en la que además de “exigir respeto”, entregó su postura. “En este caso –y tal como ocurrió con las anteriores tres acusaciones, todas rechazadas–, no es el cargo de la señora ministra el que está en riesgo, sino la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Constitución Política”, dice uno de sus párrafos.
Este mismo jueves 10 de septiembre, la vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, confrontó la opinión de los acusadores: “No se configura la causal de notable abandono de deberes”, por lo que “esta acusación no tiene sustento”.
Informes de Gendarmería
Los abogados de la magistrada insistieron en que al momento en que la Comisión de Libertad Condicional resolvió el caso de Bustamante, el Decreto 321 que regula el beneficio tenía requisitos distintos a los que hoy exige la ley.
Explicaron que en 2016 el criterio de la Corte Suprema, como tribunal superior, era que la libertad condicional se entendía como un derecho y no como un beneficio, como se estima actualmente. Por ello, sostuvieron que la magistrada siguió esa línea.
Además, los abogados de la jueza dijeron que cuando los jueces analizaron el caso de Hugo Bustamante, la Comisión de Libertad Condicional solo tuvo a la vista un informe de Gendarmería. Se trata del documento que elabora el jefe del establecimiento para todos los postulantes y que, según la defensa, era “copy paste” para todos los casos, tanto para quienes se les rechazaba salir de la cárcel tanto como para los que lograban volver al medio libre.
Pero para los diputados acusadores ese antecedente resultó insuficiente. Plantearon que la jueza debió tener criterio y, a la vez, pedir para resolver el otro informe de Gendarmería, donde se evaluaba la situación sicosocial de Bustamante.
Solo un juez destituido
En 1991, la Cámara de Diputados destituyó al ministro de la Corte Suprema Hernán Cereda por un caso de derechos humanos.
En agosto de 2018, diputados de oposición acusaron constitucionalmente a los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller por haber concedido la libertad condicional a siete condenados por causas de violaciones a los derechos humanos que cumplían condena en Punta Peuco. La acción no prosperó.
En el caso de Silvana Donoso, esta es la primera vez que acusa a una ministra de Corte de Apelaciones.