La otra acusación constitucional que complica a las bancadas de la oposición

En febrero, los diputados de RD anunciaron que el proceso contra Gonzalo Blumel iba sí o sí. El impulso se enfrió y tiene un apoyo esquivo.

Era fines de enero y no había pandemia cuando los diputados de Revolución Democrática dieron un ultimátum al Gobierno: o en un mes removían de su cargo al general director de Carabineros, Mario Rozas, o impulsarían una acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Han pasado más de 200 días desde ese momento y, a pesar de que Blumel no continúa en el cargo, Rozas sí. Pero el libelo acusatorio no ha prosperado.

En marzo, la bancada anunció que suspendería el proceso producto de la pandemia. Ahora, si bien las cifras del contagio siguen críticas en varias regiones del país, los diputados de la oposición ya han apoyado o impulsado otras dos acusaciones -contra la jueza Silvana Donoso y el exministro Jaime Mañalich– y se encuentran redactando una tercera contra Víctor Pérez, quien sucedió a Blumel.

No obstante, el inicio de un proceso tiene expiración: hasta tres meses después de que una autoridad abandone su cargo. En el caso del extitular de Interior, ese plazo se cumple el 28 de octubre, tres días después del Plebiscito. Ese, de hecho, es uno de los motivos por los que el trámite parece no contar con el apoyo de las demás bancadas. Y a eso se suma la seguidilla de acusaciones que ya se están discutiendo, y cuya procedencia o tiempo en el que se presentaron ya dividen a la centroizquierda e izquierda.

Sin avances

Lo que plantean en el Frente Amplio es que, a poco más de 40 días de que se termine el plazo para ingresar el texto, aquel proceso no ha avanzado nada en estos meses ni se ha reactivado recientemente. Incluso, un diputado de la coalición afirma que el documento ni siquiera ha sido terminado. Pero en marzo los distintos dirigentes del bloque aseguraban sin dudar que la acusación iría y que esperaban contar con el apoyo de las demás bancadas opositoras. 

Seis meses después ese impulso se enfrió. Desde Revolución Democrática no quisieron responder directamente la consulta de este medio. Dentro del bloque aún hay voces que piensan que la acusación debiera impulsarse, aunque por fuera, entre los otros partidos, un nuevo libelo acusatorio es tildado como “inconveniente”.

“No es el momento de presentarla. El plazo nos apremia, pero tenemos hechos de máxima importancia como el Plebiscito y la situación de pandemia que no muestra signos de disminuir. Hay mucho estrés social y la gente está preocupada de otras cosas. Si hay méritos, los conoceremos”, contesta a PAUTA el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi.

De hecho, la DC este lunes confirmó que el proceso contra el ministro Pérez quedará congelado hasta no resolver la acusación contra Mañalich, presentada el domingo pasado, justo a un día del fin del plazo para hacerlo. Esto mismo también operaría para el trámite contra el anterior jefe de gabinete, pues, según explica Verdessi, las acusaciones son muy demandantes para los parlamentarios y es preferible concentrarse exclusivamente en una.

Otros argumentan que tampoco es el momento porque la prioridad debiese ser la consulta constitucional de octubre. Así lo manifiesta a este medio el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull. “Cuando hablamos de gestionar una acusación constitucional, tiene que ver con ser parte de la ella, ser parte de la redacción del documento, ser parte de la búsqueda de antecedentes y poder enfocarnos y tener una acusación contundente. En el caso de Mañalich, no lo hemos hecho por lo mismo y no vamos a hacer ningún tipo de acusación porque nuestra prioridad es el Plebiscito”, explica.

Las alternativas

“El otro camino es llevar esto a la justicia y que también respondan ante los tribunales. Si la oposición decidiera no levantar la acusación contra Blumel, que desde mi punto de vista debería hacerse, queda aún la herramienta jurídica para poder presentarse. Lo que no puede pasar es que la violación de derechos humanos en nuestro país quede impune”, contesta a PAUTA el presidente de Comunes, Jorge Ramírez.

A su juicio, el proceso contra Blumel debería hacerse pues “las razones de febrero son las mismas de hoy”. ¿Por qué no se ha hecho? Porque, primero, presentar dos acusaciones al mismo tiempo “podría hacer perder la arista de la otra”, pero también porque, según plantea, hay una visión de parte de la oposición de buscar la unidad solamente en torno a los desafíos electorales. 

“Eso hace que dejen de lado o se piense que no ayuda la presentación de este tipo de acusaciones. Siempre han sido muy complejas para la oposición, porque hay un sector que fue Gobierno y fue acusado constitucionalmente, entonces hay una debilidad en enfrentar este tipo de herramientas que la ley da”, agrega.

En el PPD tampoco creen que haya pie para impulsar otro libelo. “No lo hemos conversado y no me parece conveniente”, declara el jefe de la bancada del partido, Raúl Soto. A principios de año, los diputados de la tienda liderada por Heraldo Muñoz tampoco se habían inclinado por el trámite contra Blumel.

De acuerdo con Ricardo Celis, antecesor de Soto en el cargo, alguien debería hacerse responsable de lo sucedido en octubre del año pasado. “Lo que hay que activar ahora es fundamentalmente lo que quedó pendiente, que es que el general director sea acusado constitucionalmente. La responsabilidad creo que están centradas allí más que en el ministro Blumel”, dice a este medio.

La AC contra Mañalich

A la ensalada de acusaciones se sumó este domingo el documento ingresado por la diputada de Comunes, Claudia Mix, que busca responsabilizar al exministro Mañalich de “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y síquica de miles de personas” y “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad sobre acceso a la información pública”. Tiene 50 páginas y cuenta con la firma de representantes de la mayoría de las bancadas opositoras.

La noticia no cayó tan bien en la Democracia Cristiana, desde donde acusan que no fue debidamente consultada -o que sí les preguntaron, pero no la apoyaron en su minuto-, y que además se entromete en el proceso que ellos ya estaban llevando a cabo contra Víctor Pérez. Por la superposición de ambos trámites, los democratascristianos decidieron ponerle pausa al trabajo contra el ministro del Interior.

“Los timing políticos hacen que toda nuestra atención debiera haber estado en la acusación constitucional contra Pérez. Hacer una acusación en el momento oportuno, en la semana misma en que estaba ocurriendo, tenía sentido. Hacer una tres meses después, fuera de timing, a último minuto, con un libelo de 50 páginas… Los temas de salud son prioritarios, muy importantes, por lo que nos obligan a concentrarnos”, suma Verdessi.

En Pauta Final, de Radio PAUTA, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, fue suficientemente escueto: Mañalich tuvo una “gestión deficiente”.

En el Gobierno respaldaron a Mañalich y, además, insistieron en que las acusaciones constitucionales son solo una de las herramientas de fiscalización que tienen los diputados, por lo que podrían utilizar también otras. “Es una herramienta extrema, por lo que sobreutilizarla normalmente genera más dudas respecto de su resultado”, dijo el ministro Cristián Monckeberg.