¿Se aplican las ciencias del comportamiento a la regulación?

La OCDE recomienda cambios regulatorios basados en un examen del comportamiento de las personas. Un análisis del estudio jurídico Abdalá encuentra algunos nichos de interés en el voto, la privacidad, trabajo, electricidad y salud pública.

Más de 200 entidades gubernamentales de todo el mundo aplican regulaciones basadas en la conducta (“behavioural insights”), según reporta la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La propia OCDE tiene su propio foco en la materia, que se ha masificado en las últimas décadas a partir de los trabajos de académicos como Richard Thaler y Daniel Kahneman (ambos ganadores del Premio Nobel de Economía 2017) sobre la economía del comportamiento.

Esta especialidad investiga cómo actúan las personas ante determinados estímulos y circunstancias. No se trata simplemente de que los individuos tomen decisiones “racionales”. La contribución de esta especialidad de la economía apunta a entender por qué los ciudadanos o consumidores a veces responden de modo distinto a como se esperaba.

Entre los casos que el departamento sobre esta área en la OCDE mencionan es el Sernac, en Chile. Esta agencia sobre derechos de los consumidores trabaja en una nueva metodología sobre cómo presentar una nueva cartola de los créditos hipotecarios, y el 22 de septiembre organizó un seminario internacional con invitados de la propia OCDE e investigadores de Oxford y del Banco Central de México, entre otros.

La corriente práctica tuvo un impulso con la publicación de Nudge, el libro de Thaler y el académico de Harvard Law School Cass Sunstein. El concepto, que podría traducirse como “empujoncito”, abrió un amplia ruta en la idea de crear estrategias que permitan a las personas ciertas tomas de decisiones a partir de refuerzos positivos y sugerencias adecuadas.

El Ministerio de Economía, de hecho, tuvo entre su batería de iniciativas en la gestión de José Ramón Valente la creación en 2019 de una unidad especialidad en sicología del comportamiento (se le denominó “EPIC”). El objetivo era precisamente hacer evaluaciones desde aquella especialidad conductual que hicieran sentido a determinadas decisiones de políticas públicas.

¿Cuál es la mirada que esas tendencias debería tener en la regulación?

“Las autoridades harían bien en echar mano a las llamadas ‘ciencias del comportamiento’, que se enfocan en entender cómo y por qué las personas -y las empresas- reaccionan frente a los cambios de circunstancias”, dice un análisis del estudio jurídico Abdala y Cía., preparado por el abogado especialista en regulación Andrés Culagovski. 

Los ejemplos para Chile

Parte de las recomendaciones que la OCDE le hizo a Chile en 2016 fue incluir consultas públicas obligatorias para determinar políticas públicas más eficientes. Y, en particular, sostuvo que existe espacio regulatorio -no solo legal- para avanzar en aspectos que mejoren el impacto de las herramientas del Estado en la población.

El abogado Andrés Culagovski, magíster en derecho de la London School of Economics and Political Science, enumeró una serie de materias donde la aplicación de la economía conductual podría hacer más eficiente determinadas regulaciones.

1. Incentivos al voto

El abogado recuerda que la Ley N° 20.568 que creó el voto voluntario abrió un camino que no apuntó a la mayor participación electoral. ¿Habría que hacer otra ley para forzarlo; por ejemplo, reintroducir el voto obligatorio? No necesariamente.

Se podrían aprovechar las redes sociales que alimenten los incentivos para acudir a las urnas. Culagovski cita un experimento en Estados Unidos que consistió en un mensaje enviado a millones de electores: “Vamos a votar” (“get out the vote”). La persona podía después cliquear “Yo voté”. “Otro grupo, de 600.000 votantes, recibió un mensaje mostrándole fotos de algunos de sus amigos que ya habían votado. Un grupo de control, con otros 600.000 votantes, recibió un mensaje sin incentivos a votar. El experimentó mostro subidas significativas de quienes hicieron clic sobre el botón ‘Yo voté’ en el grupo que recibió las fotos de sus amigos”, resume.

2. Resguardo de la privacidad

El abogado comenta que la actualización de la Ley N° 19.496 sobre Protección de Datos se basa en el el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El punto es que la pandemia aceleró las transformaciones digitales e impulsó el interés político por reforzar la protección de los datos personales.

“Siguiendo una reciente sentencia de la Corte Suprema”, plantea el especialista, “sería útil establecer en la privacidad ‘por defecto’ en los sitios de Internet, y permitir a los consumidores elegir específicamente cuáles son los datos que permite sean entregados a terceros. Ello se puede lograr regulando, o bien por amplios consensos de autorregulación”.

3. Mercado laboral

Dadas las altas cifras de desempleo que ya han empezado a surgir en Chile debido a la pandemia, los programas de capacitación serán una vía necesaria para fortalecer las habilidades de la masa laboral. ¿Cómo se podría reforzar la atracción a los programas que ofrece el Sence? “La simplificación de los requisitos debe estar acompañada de mayor difusión de los programas: un ejemplo sería mandar correos con información de capacitación a los receptores de seguro de cesantía”, propone Culagovski.

“Para la búsqueda de empleo, hay varias técnicas de ciencias conductuales que pueden prestar apoyo”, comenta. En el caso de las empresas, “pueden promoverse ciertos estándares de contratación inclusiva (por ejemplo, no pedir fotos, ni fecha de nacimiento), y un compromiso de dar retroalimentación a los candidatos no seleccionados. Esto último es de gran importancia para corregir sesgos de quienes buscan empleo, que pueden no darse cuenta, por ejemplo, de que su currículum tiene errores de formato o de énfasis”.

4. Costo de la electricidad

La idea de contar con una “ley larga” en distribución eléctrica, que reúna una serie de cuerpos legales para segmentar la provisión y servicio de esa industria a los consumidores finales, busca reducir los precios sobre la base de una mayor competencia.

“Un obstáculo son los sesgos conductuales que podrían enfrentar los consumidores: por ejemplo, el llamado sesgo de statu quo, en que los consumidores prefieren mantener sus elecciones actuales,  les cuesta tomar la iniciativa del cambio y es relativamente difícil conseguir la información suficiente de las alternativas existentes”, anota el experto. Un incremento de la competencia podría ocurrir con el uso de ciertas herramientas, como “facilitar el cambio de proveedor (como ocurre actualmente en servicios de telecomunicaciones), regular la forma de la entrega de información y publicar comparaciones de precios en los sitios de las autoridades. Este último sistema ya existe, por ejemplo, en materia de pensiones”.

5. Salud pública

Ya existe un ejemplo a estas alturas emblemático de una legislación que apuntó a cambiar conductas mediante el uso de “sellos”: la Ley N° 20.060 sobre Etiquetado de los Alimentos.

“Mirando al futuro, la industria de la salud podría contribuir proactivamente a mejorar otros aspectos de la salud pública. Un ejemplo sería usar mensajes de texto o Whatsapp para recordar las horas de consultas médicas o la vacunación de los niños, para promover el uso de exámenes preventivos, o bien para incentivar a los pacientes a seguir rigurosamente sus tratamientos médicos. Esto último se puede lograr también usando otras herramientas de ciencias conductuales, por ejemplo ofreciendo a los pacientes firmar ‘compromisos de tratamiento’, en que se comprometen, por ejemplo, a tomar sus medicamentos, hacer ejercicios o comer sano”, propone Culagovski.

Revise el documento “Evitando la sobrerregulación después del coronavirus: creando una alianza público-privado para la regulación inteligente”