Los 12 capítulos que dejó el 18-O

El estallido social causó una estela de vandalismo sin precedentes en la historia de Chile y provocó las mayores transformaciones políticas e institucionales desde la recuperación de la democracia.

El Metro cerrado; estaciones incendiadas. Miles de personas copando el eje Alameda-Providencia, sin transporte para llegar a su casa; cacerolazos nocturnos, mientras el Presidente Sebastián Piñera era captado en una pizzería celebrando el cumpleaños de su nieto. Así inició un estado de emergencia y una crisis social que se extendió durante meses. Por ahora, durante 12 meses, incluso si se descuenta la pandemia que a su turno también lo ha trastocado todo.

Un año después del 18 de octubre de 2019 (18-O), PAUTA recoge los principales fenómenos que el estallido social provocó en Chile.

1. La destrucción del Metro y la explosión del vandalismo

El alza de $30 pesos del pasaje de transporte fue la carátula. Aquel hito, que por sí solo podría no haber sido tan resistido, se tradujo los primeros días de octubre en evasiones masivas al sistema de transporte, originadas entre los estudiantes del Instituto Nacional. Rápidamente se extendió a escolares de toda la región y todo el país, y un desconcertado Gobierno respondió con el cierre de varias estaciones de Metro. Pero el viernes 18 de octubre la clausura de la línea fue completa. Y miles de personas tuvieron que desplazarse a sus casas caminando desde el centro de Santiago.

Recién entrada la noche, algo hizo que cambiara el rumbo. Mientras el Presidente pasaba a saludar a un nieto de cumpleaños en el restaurante Romaria, en Vitacura, se reportaban daños por fuego en 20 estaciones del Metro y en la torre de la eléctrica Enel, casi en plena Alameda y a pasos de La Moneda.

Aquel fue solo el comienzo, pues la historia continuó en las horas y jornadas posteriores con barricadas, saqueos, vandalismo y destrucción de infraestructura pública y privada de toda índole. En total, 77 terminales del subterráneo resultaron con daños. Aquello tuvo consecuencias drásticas para miles de ciudadanos: algunas estaciones de la zona sur del Gran Santiago, como Protectora de la Infancia o Trinidad, en Puente Alto, recién reabrieron el 25 de septiembre de este año.

Por delitos asociados al estallido social, el Ministerio Público formalizó a 5.084 personas. 4.004 de ese total, por saqueos. 

2. Las protestas y sus heridos 

El día después del inicio de todo, hubo cacerolazos. Y manifestaciones violentas y pacíficas. La mayor protesta masiva ocurrió una semana después, el 25 de octubre, en lo que se llamó la “Marcha más grande de Chile”, que con Plaza Italia como vértice se extendió hacia el poniente y el oriente por decenas de cuadras.

Hubo jóvenes, adultos, familias. Las demandas eran de toda índole y variaban de letrero en letrero. Desde el inicio del estallido hasta el 31 de marzo ocurrieron más de 4 mil manifestaciones y casi 6 mil eventos de desorden público, según los datos de Carabineros. En varios de ellos se enfrentaron entre los mismos manifestantes y transeúntes, por ejemplo, a partir de la práctica de “el que baila, pasa”. En un contexto así se enmarca el episodio del estadounidense radicado en Reñaca John Cobin, que disparó a quienes bloqueaban su auto durante una protesta en noviembre.

El volumen de manifestantes en marchas mayormente no autorizadas sorprendió a la policía sin suficiente personal y sin formación acorde. Los gases lacrimógenos, el uso del carro lanzaaguas y de la escopeta antidisturbios fueron la tónica de muchas jornadas. Fruto de aquellos enfrentamientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró denuncias de 3.023 personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los casos más emblemáticos en investigación fueron los de Gustavo Gatica, quien quedó ciego luego de que presuntamente el carabinero Claudio Crespo le disparara; y el de Fabiola Campillai, impactada por una bomba lacrimógena cuando esperaba transporte para ir a trabajar. El policía Patricio Maturana es hoy investigado por aquel hecho, en el que Campillai perdió la vista, gusto y el olfato.

Según el mismo INDH en sus cifras más actualizadas, fueron 163 las víctimas de trauma ocular en las manifestaciones de 2019. Al mismo tiempo, el Ministerio Público inició investigaciones por la muerte de 33 personas en el contexto de las protestas, cuatro a manos de agentes del Estado. Además, el Ministerio Público informó este octubre de la formalización de 75 agentes del Estado por violencia institucional. En esa lista están Crespo, Maturana; y tres carabineros más recientemente: por torturas, Sebastián González y Juan Pablo Leiva y por apremios ilegítimos, Carlos Fuenzalida.

3. Los ataques a Carabineros

Una bomba molotov impactó a dos carabineras en Plaza Italia los primeros días de octubre. Aquello marcó la otra cara de la crisis, la violencia contra Carabineros, que en 2015 era la institución mejor evaluada según el Centro de Estudios Públicos (CEP): el 57% de la población manifestaba mucha o bastante confianza en ella. El hecho generó incluso una discusión sobre la necesidad de condenar la violencia “de ambos lados”, como decían desde el Gobierno y en el oficialismo. 

Pero las funcionarias no fueron las únicas. En marzo de este año, el general director de la institución, Mario Rozas, entregó un balance sobre los daños al personal y a la infraestructura de la policía uniformada. Hasta el 31 de ese mes había 4.817 carabineros lesionados en el contexto de las manifestaciones y 544 ataques a cuarteles. Entre los lesionados, 263 estuvieron “graves” y 30 resultaron con traumas oculares. Durante octubre hubo 5,6 ataques diarios a comisarías en el país. Las que recibieron los daños más grandes: la Subcomisaría de Peñalolén y la 54° Comisaría de Huechuraba.

La confianza en la institución también quedó fracturada. En diciembre de 2019, solo el 17% confiaba mucho o bastante, según la encuesta del CEP.

4. La reforma policial

Los hechos de octubre y noviembre pusieron presión sobre Carabineros y el Ministerio del Interior, que ya desde 2018 había comprometido cambios en la policía uniformada. El Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que el Mandatario presentó en julio de ese año incluía una “modernización” de las policías a través de una serie de proyectos y medidas administrativas que el Ejecutivo tomaría. La operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca y el fraude multimillonario en la institución habían sentado los precedentes para que el Gobierno impulsara aquellos cambios.

El estallido social solo reforzó aquello. Desde entonces, la idea de una reforma total cobró fuerza y antes de finalizar el año ya había dos comisiones funcionando para materializarla. Una la lideró el senador Felipe Harboe (PPD) y la otra fue organizada por el Ejecutivo. De esa última salió un informe presentado en marzo de este año, en una actividad en La Moneda. Desde entonces, se avanzó casi nada. 

Recién en octubre y a partir del “incidente en el Mapocho” que dejó a un carabinero formalizado y a un adolescente con múltiples fracturas en el lecho del río, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se comprometió a acelerar el trámite. Esta semana comenzó a funcionar la Unidad Coordinadora para la Reforma, creada para poner en marcha los pendientes.

5. El regreso de las misiones de DD. HH.

Los casos de heridos en manifestaciones se empezaron a acumular y de repente la atención mundial estaba sobre Chile. Así llegaron cuatro misiones de organismos de derechos humanos, tres invitadas por el mismo Gobierno, y desde el 28 de octubre hasta el 22 de noviembre se entrevistaron con víctimas, carabineros, personal de salud y autoridades de los tres poderes del Estado.

Las cuatro instituciones, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entregaron informes de la situación de derechos humanos en Chile.

El más duro fue el de Amnistía Internacional, que fue cuestionado por el Gobierno. Acusaba una clara intención de las fuerzas de seguridad de lesionar para desincentivar la protesta. Los demás, considerados de mayor seriedad por los especialistas, coincidieron en la preocupación por las denuncias de violencia sexual durante las manifestaciones, malos tratos reiterados en el tiempo y en una recomendación recurrente: reformar a la policía uniformada. 

6. La semana del acuerdo de noviembre y sus efectos

Ya era noviembre y la crisis no cesaba. Un llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social coincidió con el recrudecimiento de la violencia, el 12 de ese mes. Esa noche, el Presidente consideró incluso reponer el estado de emergencia. Pero luego de conocer las opiniones de distintos asesores y ministros presentes en La Moneda, optó por convocar a tres grandes acuerdos: por la paz, la justicia y una nueva Constitución.

No obstante, ya desde los últimos días de octubre la idea de un proceso constituyente iba cobrando fuerza, sobre todo en el Congreso. Se sumó a eso la irrupción de cabildos ciudadanos, donde se pretendía abordar este tema; y la primera semana de noviembre, la Asociación Chilena de Municipalidades decidió que harían una consulta nacional, el 7 de diciembre, para preguntar a los vecinos si deseaban o no una nueva Constitución.

Se les adelantaron los parlamentarios, pues luego de varios días de negociaciones, la madrugada del 15 de noviembre personeros de todo el espectro político –con excepción del PC y sectores del Frente Amplio– alcanzaron un acuerdo para trazar el camino hacia una nueva Carta Magna. El resultado: la convocatoria a un Plebiscito, fechado primero para el 26 de abril, que preguntara a la ciudadanía si quería o no un proceso constituyente y a través de qué mecanismo se efectuaría. La pandemia provocó la postergación del evento para este 25 de octubre.

7. Plaza Italia: la “Zona Cero”

El 14 de noviembre apareció una placa en el monumento a Manuel Baquedano, en Plaza Italia, que rebautizaba el espacio como “Plaza Dignidad”. El nombre surgió de forma espontánea entre los manifestantes que día a día se acercaban al lugar. Los vecinos y locatarios de la zona presenciaron eso y mucho más. Desde los primeros días de la crisis, Plaza Italia se transformó en una zona prácticamente inhabitable.

Con las manifestaciones llegaron los enfrentamientos con Carabineros, las bombas molotov, las barricadas, la aniquilación del pavimento, los cobros abusivos de individuos violentos a los vecinos, las bombas lacrimógenas, la destrucción de las fachadas de las viviendas y de los locales comerciales. El olor, durante meses, fue insoportable para quienes residían en el área y sus alrededores. Cientos de locales tuvieron que cerrar; muchos jamás pudieron volver a abrir.

Cuando se decretaron las cuarentenas en la Región Metropolitana, Plaza Italia y sus vecinos tuvieron un descanso. La Municipalidad de Providencia volvió a poner pasto alrededor del monumento, repusieron las señaléticas y los semáforos. Aquello solo duró seis meses. Un mes antes del Plebiscito la zona volvió a recibir a decenas de manifestantes y vándalos. Las protestas retornaron, viernes a viernes, con lo que llegaron nuevamente los enfrentamientos y, en paralelo, la destrucción.

8. Chile queda fuera del circuito de eventos internacionales

El pasado octubre sepultó la imagen del Chile líder organizando eventos de corte internacional. Tanto la APEC y la COP25 debieron cancelarse, lo que se anunció en un punto de prensa en La Moneda. Allí, flanqueado del entonces canciller Teodoro Ribera y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, Piñera dijo que les causaba “mucho dolor” la decisión, pero debían priorizar el restablecimiento del orden público y el cumplimiento de la agenda social que habían anunciado solo días atrás.

Se cancelaron también conciertos, la clásica Teletón que año a año toma lugar durante los primeros días de diciembre, y hasta la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, que se jugaría el 23 de noviembre en Santiago. 

Las cancelaciones se extendieron hasta este año, ya no por las manifestaciones, sino ahora por la pandemia. Eventos masivos como Lollapalooza o el mismo Plebiscito Constitucional fijado para el 26 de abril se reprogramaron.

9. La otra crisis: la económica

La destrucción, la violencia y la incertidumbre también causaron daños en la economía. El 28 de febrero de este año, Chile informaba la cifra más alta de desempleo en casi una década. 7,4% fue en ese entonces para el trimestre noviembre-enero, número que no se veía desde 2011 y que desde el Ministerio del Trabajo atribuyeron a la pérdida de puestos de trabajo que el estallido ocasionó. Muchos de esos ya nunca se recuperaron. Las cuarentenas decretadas los primeros meses de 2020 obligaron a suspender contratos y a despedir a varios miles de trabajadores más.

El Imacec durante los meses del estallido estuvo en esa misma lógica: caídas de 3,4% en octubre y de 4% en noviembre. Durante el verano, los números vieron alguna mejora. Pero una vez entrado marzo -y llegada la pandemia-, las cifras volvieron a desplomarse. El Producto Interno Bruto (PIB) también se vio afectado: se contrajo 2,1% en el último trimestre de 2019 y, así, acabó con las cifras positivas de los meses anteriores. Con esa baja, el PIB del año pasado creció solo 1,1%. 

Ese cóctel determinó que el Gobierno, con el apoyo del Congreso, preparara un paquete de medidas para ir en ayuda de las familias que quedaron en las condiciones más vulnerables. Un ingreso familiar de emergencia, bonos para la clase media, subsidios al empleo, subsidios al arriendo y préstamos solidarios fueron parte de estas. 

10. El relajamiento de la Constitución

Las demandas ciudadanas que surgieron a partir del 18 de octubre eran múltiples, pero algunas muy concretas: mejor salud, mejores pensiones y mejor educación, por ejemplo. El estallido social y luego la pandemia detonaron una explosión de proyectos considerados inconstitucionales que buscaban hacerse cargo de dichas demandas, lo que enfrentó hasta a los mismos partidos del oficialismo. Lo que planteaban desde la oposición era que aquellos proyectos demostraban que la Constitución había quedado vieja.

Mientras, en el Congreso avanzaban iniciativas tildadas de inadmisibles, como la que extendía el posnatal; la que evitaba la suspensión de servicios básicos por no pago; e incluso una que busca generar un impuesto para los patrimonios más grandes del país. Hasta un “mecanismo” para frenar dichos proyectos quiso implementar el Presidente Piñera, con pésimo recibimiento por parte de las testeras de ambas cámaras, desde donde lo acusaron de intromisión en otro poder del Estado.

El máximo hito fue un proyecto cuya tramitación y aprobación propinó una derrota al Gobierno. Cuando el retiro del 10% de fondos previsionales comenzó a cobrar popularidad, desde el Ejecutivo y en el oficialismo argumentaban que se estaba utilizando un “resquicio legal” para hacerlo avanzar. El argumento era que una materia así debía ser de exclusiva iniciativa del Presidente, dado que se relacionaba con seguridad social e irrogaba gastos fiscales. Aquel proyecto no solo se aprobó; actualmente se está discutiendo la posibilidad de un segundo retiro y otros tres más, que abarcan a jubilados con rentas vitalicias (aunque el dinero no sea de ellos), retiros forzosos para deudores de pensión alimenticia y un retiro total para enfermos terminales.

11. Un gabinete inestable 

Brevísimas gestiones, enroques y despedidas entre aplausos: todo se vio en un año a contar de octubre de 2019. Desde entonces han pasado tres ministros del Interior, tres Segpres, tres de Desarrollo Social, tres voceros de Gobierno y tres ministras de la Mujer y Equidad de Género.

La primera baja fue la de Andrés Chadwick, ministro del Interior y mano derecha de Piñera. Se fue entre fuertes cuestionamientos 10 días después del inicio del estallido social y en su reemplazo iría Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales, pero quedó fuera por algunas polémicas declaraciones del pasado. Lo reemplazó el entonces Segpres Gonzalo Blumel.

Otras caídas: Felipe Larraín, de Hacienda, y Juan Andrés Fontaine, de Economía. También Marcela Cubillos, ministra de Educación, que se marchó para formar parte de la campaña del Rechazo. La siguió la titular del Ministerio de la Mujer Isabel Plá, quien fue sucedida por Macarena Santelices. Alcanzó a estar solo un mes en su puesto y la reemplazó, por ahora de forma definitiva, Mónica Zalaquett.

Pero entonces lo que incomodaba en La Moneda era el diseño del comité político. Así, Sebastián Sichel abandonó Desarrollo Social y fue reubicado a la cabeza del Banco Estado. La gestión de la pandemia se cobró el cargo de Jaime Mañalich y el último cambio hizo una cirugía mayor al círculo de hierro del Presidente: entraron Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI)y Jaime Bellolio (UDI), todos parlamentarios.

12. La suspensión del fútbol

El 18-O también trajo consecuencias en el fútbol chileno. Tras el estallido social, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tomó la decisión de suspender de inmediato las actividades deportivas. El 22 de noviembre, en La Florida, se intentó retornar a disputar la fecha de la Primera División entre Iquique y Unión La Calera. Sin embargo, una manifestación de hinchas de Colo Colo en el minuto 65 impidió la culminación normal del compromiso.

Ante ello, se decidió dar cierre al campeonato, lo que entregó a la Universidad Cátolica el primer bicampeonato en su historia en torneos largos. El equipo cruzado logró una ventaja de 13 puntos faltando 18 por disputar y el elenco, en ese entonces dirigido por Gustavo Quinteros, se alzó con el título nacional. La decisión de dar por terminado el campeonato, y con ello dar el título a la UC, fue aprobada por la unanimidad de los clubes, menos dos. Uno de ellos… la propia UC, que quería ganar en cancha su estrella número 14.