Magistrados respaldan retención forzada del 10% a deudores de pensión de alimentos
El proyecto que avanza en el Congreso incluye la retención del 10% a los deudores de pensión de alimentos y se les podrá descontar el monto aunque no lo soliciten.
El segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya aprobado por la Cámara de Diputados y que debe ser votado en el Senado, contiene un cambio relevante respecto del primer retiro autorizado en el contexto de la pandemia.
En esta oportunidad, la Cámara Baja aprobó de manera unánime que se permita el retiro forzoso del 10% de los fondos de los demandados por deudas en la pensión de alimentos, algo que en la primera ocasión quedó limitado a la solicitud que hacía el dueño de los fondos.
La vocera de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Susan Sepúlveda, en Primera Pauta, de Radio PAUTA, explicó que más de 500 mil personas solicitaron la retención del 10% a los padres deudores, lo que derivó en más de 300 mil causas que están en pleno proceso.
Los magistrados fueron parte de la redacción del segundo proyecto y aconsejaron hacerlo forzoso, para facilitar el pago y acortar el plazo de tramitación de la entrega de dichos dineros. “Consideramos positiva (la medida) porque al momento que se posibilitó el retiro de los fondos, quedó una imposibilidad de pagarse, en el caso de que los afiliados no solicitaran el retiro […] lo que viene a hacer esta norma es que el alimentario puede subrogarse los derechos del deudor para solicitar el retiro”.
La primera finalidad del proyecto que ahora pasó al Senado es acelerar los pagos, ya que además de las trabas que generó el que el afiliado no solicitara los fondos, se agregan otros recursos que puede solicitar para que evalúe la entrega, lo que alarga los tiempos. “El pago nunca es inmediato. Porque primero hay que determinar el monto actual de la deuda […] eso ha implicado retardo en la tramitación judicial […] hay montos que no está definido si es el definitivo que se adeuda”, precisó.
La recarga de trabajo del primer retiro, explicó la jueza del Tercer Juzgado de Familia Susan Sepúlveda, fue evidente. El número de demandas subió de manera significativa, lo que plantea un nuevo desafío al sistema si el proyecto se termina por aprobar en el Congreso. “Es una preocupación que tenemos […] se ha generado una recarga en los Juzgados de Familia […] los requerimientos superaron un mil por ciento […] hemos solicitado mayor dotación de funcionarios y jueces, para dar respuesta oportuna a las peticiones de pagos”, agregó.
Tras el primer proceso, además de la tramitación y recursos, se sumó un nuevo factor: las AFP, ya que la primera norma no determinó plazos para el pago. No conoce las razones, asume la jueza Sepúlveda, pero al no existir plazo que los obligue, esto demoró más de lo deseado los procesos.
Escuche la conversación con Susan Sepúlveda en Primera Pauta