Del crimen de Guzmán al Caso Quemados: la vía de Carroza a la Suprema
El ministro de la Corte de Apelaciones necesita dos tercios del Senado para su ascenso. Los parlamentarios tendrán a la vista sus sentencias, todas relacionadas con violaciones de derechos humanos.
En dos años, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza -quien lleva más de una década investigando violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1987- ha integrado cuatro quinas para postular a la Corte Suprema: en los cupos que dejó Milton Juica, Héctor Carreño, Hugo Dolmestch y ahora el de Lamberto Cisternas.
La diferencia con las oportunidades anteriores es que esta vez el Presidente Sebastián Piñera sí lo eligió como candidato para sumarse al máximo tribunal.
En su camino a la ratificación todavía tiene que sortear algunas vallas. La principal, y que suele ser la más complicada para los postulantes a la Suprema: la exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, donde debe contestar una serie de preguntas formuladas por los parlamentarios.
Previo a esa instancia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentará sus credenciales a esa instancia integrada por tres senadores de oposición y dos oficialistas: Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (independiente), Francisco Huenchumilla (DC), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).
El factor “derechos humanos”
Fue justamente en esta comisión cuando, en agosto pasado, ocurrió el último episodio en el que un candidato fue cuestionado por sus fallos.
Fue el caso del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Raúl Mera, a quien se le impugnó por haber absuelto a cuatro carabineros del crimen de los exfrentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin -quienes habían participado en un atentado a un cuartel policial- y cuyos cuerpos fueron encontrados en 1988 en el río Tinguiririca en el sector de Los Queñes.
Fue el preámbulo para que el nombre de Mera fuera rechazado en el Senado –solo le faltó un voto de la oposición– en circunstancias que necesitaba 2/3 de los votos de los parlamentarios. Todo aquel revuelo, de principio a fin, fue criticado por la Corte Suprema.
Tras el rechazo a Mera, el Gobierno propuso a la ministra Adelita Ravanales. El Senado fue entonces más expedito: obtuvo el respaldo unánime el pasado 1 de octubre.
Los pro y contra del juez
Aunque en la carrera de Mario Carroza hay mucho más que solo investigaciones de causas de derechos humanos -partió como actuario y fue juez del crimen y civil-, gran parte de su currículum está concentrado en las investigaciones cometidas por agentes del Estado mientras Augusto Pinochet estuvo en La Moneda.
Lleva 10 años a cargo de este tipo de causas, razón por la que estas resoluciones concentrarán la atención de los senadores. De hecho, los parlamentarios tendrán en sus manos, además de su currículum, los 10 fallos con los que el juez presentó su postulación al Pleno de la Corte Suprema. Estas resoluciones son parte de los requisitos del concurso para ascender y son los que lo dejaron dentro de la quina de la cual Piñera lo escogió.
PAUTA revisó esas resoluciones. Si bien la mayoría se trata condenas a exuniformados por crímenes entre 1973 y 1987 –algo que ya fue criticado por el senador UDI Iván Moreira-, también adjuntó la sentencia en contra de la exfrentista Marcela Mardones por el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
Este caso, y la extradición a Chile desde Brasil de otro de los asesinos de Guzmán, el también exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, son parte de sus credenciales que generan mayor atención desde la derecha, y en especial en la UDI.
Además, entre sus fallos tiene el esclarecimiento del llamado Caso Quemados, pues Carroza logró las confesiones de los exmilitares que fueron parte de la patrulla que quemó a Carmen Quintana y Rodrigo Rojas en 1986. Solo ella sobrevivió.
También, Carroza presentó entre sus sentencias la condena a 11 militares que eran parte de la Caravana de la Muerte -el caso por el que en 2000 fue desaforado y procesado Pinochet por el exjuez Juan Guzmán– por los asesinatos de 16 personas en La Serena en 1973. Y las sentencias por secuestros y homicidios en Pisagua.
Otros fallos de su carpeta -y que serán clave en las votaciones de los senadores de oposición, en especial del PS- son el fallo contra Vicente Rodríguez, general (r) de la Fach, por el secuestro calificado de miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) de Salvador Allende.
Agregó la condena al exagente de la Dina Miguel Krassnoff y otros 11 miembros de ese organismo de inteligencia, por el crimen de Miguel Enríquez, fundador del MIR, en 1974.
Y adjuntó otra sentencia por los homicidios calificados de los dirigentes MIR Bautista Van Schouwen y Patricio Munita, ocurridos en diciembre de 1973.