Se buscan candidatos para los escaños reservados

Dirigentes kawésqar, collas, atacameños y rapanui cuentan en PAUTA las dificultades para presentar postulantes de pueblos originarios más pequeños.

Veintiséis horas debería navegar una persona desde Puerto Natales, o 14 desde Caleta Tortel, para encontrarse con lo que la Unesco llamó “Tesoro Humano Vivo” en 2009: una de las últimas comunidades kawésqar aún en pie en el siglo XXI, la de Puerto Edén. Son solamente 15 socios mayores de edad y suman 25 personas contando a los niños. Producto de la pandemia, este año perdieron a dos de los ancianos que mantenían vivas las tradiciones. Del total del grupo, menos de un cuarto aún habla la lengua originaria.

Uno de esos 15 adultos podría ser candidato a la Convención Constitucional (CC).

La reforma que garantiza escaños reservados para los pueblos originarios, que apareció publicada el miércoles en el Diario Oficial, le entrega un cupo al pueblo kawésqar y otros 16 a los nueve pueblos restantes. En teoría, la posibilidad de participar existe. Pero en la práctica, desde Puerto Edén reconocen una serie de dificultades que podrían poner en riesgo que la tradición kawésqar llegue a la sede de la CC el próximo junio. Además, el tiempo corre en contra: les quedan dos semanas para inscribir sus candidaturas.

Abandonando el Golfo de Penas y la Región de Magallanes, a dos mil kilómetros hacia el norte, los problemas son muy parecidos. Difiere el paisaje, la cultura y la tradición, pero la urgencia por participar y la preocupación de no poder hacerlo de forma efectiva son compartidas por otros representantes. 

La memoria de Puerto Edén

Actualmente, los pueblos indígenas reconocidos en Chile son 10: mapuche, aymara, diaguita, chango, atacameño, colla, quechua, rapanui, kawésqar y yaganes. No hay comparación en sus tamaños: los mapuches ocupan el primer lugar, tanto en el Censo 2017 (1.745.147 personas) como en los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (628.834). Les siguen los aymaras, que son casi una décima parte del pueblo anterior, y luego los números van decayendo hasta llegar al pueblo más pequeño de Chile: los yaganes, que de acuerdo con los registros de Conadi son exactamente 156. No hay datos oficiales de los changos, dado que este año fueron reconocidos por el Estado. 

Superando la valla de los mapuches, cuya mayor población se registra en la Región Metropolitana, los demás grupos podrían tener problemas de seria magnitud durante el proceso. Ya en el Gobierno reconocían durante la tramitación de la reforma que los pueblos más pequeños tendrían que hacer “un esfuerzo gigante” para llegar con un candidato. 

En esa realidad están los kawésqar, el segundo grupo indígena más pequeño del país. La comunidad kawésqar de Puerto Edén ha sido una de las más activas en cuanto a mantener vigente la memoria y las costumbres del pueblo en el territorio. Han participado en distintos documentales y publicaciones para difundir la cultura a la que pertenecen: quienes viven ahí aún resguardan la memoria de la tradición nómade cazadora que caracterizó al pueblo por seis mil años. 

Es más. Los únicos hablantes kawésqar que existen en el mundo residen en esa comunidad. Y conforman su Consejo de la Lengua, integrado exactamente por seis personas. 

Aún los ancianos del grupo no han decidido si participarán o no de la Convención Constitucional. Pero ven un peligro concreto: que los kawésqar que residen en zonas urbanas y están más alejados de la tradición original terminen imponiéndose por mayoría. La reforma publicada no hace ninguna distinción entre candidatos de zonas como Puerto Edén o el resto de la Región de Magallanes. 

Un tema de números

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena reconoce a 485 kawésqar en Chile, pero en Puerto Edén dicen que son muchos menos y que los clanes familiares se reconocen entre ellos perfectamente. Ni hablar del Censo de 2017, que registró a 3.448 personas autoidentificadas como parte del pueblo. Según Carolina Huenucoy, presidenta de la comunidad, el problema está en que la ley permite que se acrediten con calidad indígena no solo descendientes directos, sino también cónyuges de indígenas.

“Somos 15 personas que votamos por un candidato. Estamos jugando contra todo, contra el número mayoritario. No prevalece la importancia cultural, la importancia de una comunidad que ha marcado los puntos tanto políticos, como económicos, culturales y sociales. Estamos en desventaja en todo sentido”, reclama Huenucoy a PAUTA.

Y no es solo eso. Las limitaciones físicas también son relevantes: para trasladarse desde esa zona, el único medio disponible es el barco. Hay dos recorridos: uno desde Puerto Natales a Puerto Montt y otro de Puerto Natales a Caleta Tortel. Ambos pasan una vez por semana por aquel lugar. 

“Tampoco tenemos buena señal de internet. El gobierno regional no ha respondido por los problemas de conectividad digital. Hace tres semanas, Puerto Edén quedó sin conexión por tres días. Imagínate lo complicado que es comunicarse cuando debes tomar decisiones que son inmediatas. Quienes van a estar en la Convención tienen que estar constantemente conectados con sus respectivas comunidades”, agrega.

Con las adversidades que el proceso implica, desde Puerto Edén ven complejo el panorama. 

“Viendo cuáles son las reglas del juego, es imposible que esta comunidad presente un candidato. No hay muy buenos augurios. Por eso es difícil tomar una decisión ahora, estaríamos arriesgando mucho más de lo que podríamos hacer”, concluye Huenucoy.

Más de dos mil kilómetros al norte, la situación se parece bastante.

El problema de los patrocinios

La posibilidad de tener escaños reservados en la Convención Constitucional vino con una serie de normas específicas para inscribir candidaturas y votar por esos candidatos. En primer lugar, quienes quieran competir por esos cupos tienen que hacerlo individualmente. No pueden formar listas ni asociarse con partidos políticos.

“Distinto es el caso de personas de algún pueblo originario que quisieran concurrir como independientes o en una lista con partidos políticos. En ese caso se aplican las normas que rigen para la elección de diputados, con patrocinios distintos -salvo que vaya en pacto con partidos- y con normas del sistema proporcional. Son mecanismos diferentes” explica a PAUTA el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría.

Así, para sustentar una candidatura, los interesados tendrán que demostrar que cuentan con el respaldo al menos de su comunidad o de personas con calidad indígena. La presidenta de la comunidad colla Flora Normilla, Isabel Godoy, estuvo involucrada en el debate de esta reforma asistiendo a comisiones en el Congreso y colaborando con la redacción de indicaciones que resguardaran la cosmovisión de los colla. Quiere ser candidata.

Reconoce que el resultado no fue el óptimo para ellos, pero que al menos ganaron una batalla: se rechazó la idea promovida por Chile Vamos de compartir el escaño con los changos, un pueblo de las mismas regiones pero de la zona costera.  

El problema ahora es cómo llevar a la práctica esa intención de participar. Para inscribirse ante el Servel, los candidatos de los pueblos mapuche, aymara y diaguita deben contar con el patrocinio de al menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante Conadi o un cacicazgo tradicional; o tres organizaciones representativas de pueblos que no estén inscritas; o 120 firmas de personas con calidad indígena acreditada, del mismo pueblo. Para los otros pueblos, alcanza solo con el patrocinio de una comunidad, asociación registrada u organización no registrada; o al menos 60 firmas.

Los collas registrados por el Censo 2017 son 20.744, según Conadi 8.342. El problema no es la cantidad, sino la distribución. Las comunidades están más bien aisladas. 

“Nos siguen pisoteando y nos dejan 10 días para inscribir candidaturas. Tenemos que organizar una asamblea, vivimos en zona minera, tenemos muchos que trabajan en sistema de turnos. Debemos coordinar esos tiempos y además conseguir y coordinar con los tiempos de un ministro de fe”, describe Godoy desde la localidad de Piedra Colgada, próxima a Copiapó.

Todo antes del 11 de enero, fecha en la que deben presentar los candidatos y sus patrocinios respectivos. La reforma considera la dificultad de hacerlo ante un notario y, al igual que como se estipuló para los independientes, podrán hacerlo por internet. Pero algunas de las comunidades no tienen internet. De hecho, en algunos casos se complica el traslado físico a alguna sede del Servel para efectos de la tramitación. Con todo eso, esperan al menos alcanzar a tener ocho candidatos.

Los lickanantay o atacameños, en la Región de Antofagasta, tienen observaciones parecidas. 

“Habíamos planteado otro método de poder inscribir candidaturas, pero no se dio, y tendremos que hacer un esfuerzo doble para aquellos hermanos que quieran postular y estén lejos; ver si podemos colaborar con el traslado u otras complicaciones que puedan tener”, agrega Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y líder de la comunidad de Peine, cerca de San Pedro de Atacama.

Paridad, no dualidad

La fórmula para garantizar la paridad a la que llegaron diputados y senadores tras largas madrugadas de debate es uno de los puntos más criticados por los pueblos. La idea es que los candidatos presenten sus nombres junto a una candidatura alternativa, del género opuesto. De esta forma, si la paridad no se produjera naturalmente al conocer los resultados de la elección, el Servel tendría que hacer una corrección.

En la visión andina, según cuenta Godoy, no existe la paridad sino la dualidad, reciprocidad y complementariedad. De hecho, en las indicaciones que habían presentado en conjunto con representantes del pueblo atacameño pedían que fueran dos escaños para cada uno, de tal forma de llevar tanto a una mujer como a un hombre.

No se logró. Y la propuesta de paridad que está vigente hoy implica distinciones según pueblos. En el caso de los mapuches y aymaras, si hubiera un sexo sobrerrepresentado al obtener los resultados de la elección, se reemplazarán los candidatos electos menos votados por la candidatura alternativa paritaria, del mismo pueblo. En los ocho pueblos restantes, si se sumaran sus ocho escaños y no se alcanzara paridad de género, se sustituirá a los candidatos menos votados por sus candidaturas alternativas paritarias, hasta alcanzar el equilibrio.

“Nos perjudica a los pueblos pequeños. Nosotros podemos presentar a la candidata idónea o el candidato idóneo y cuando se compongan finalmente los escaños, si se provoca esta disparidad de género, es el Servel entonces quien decide finalmente”, critica el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds.

Isla de Pascua tendrá primarias

Edmunds asistió vía telemática a la una de las tantas sesiones de la Comisión de Constitución en las que se debatió sobre un punto fundamental: si existiría o no la posibilidad de que participaran en la elección quienes se autoidentificaran como indígenas. En esa instancia, el alcalde aclaró que el pueblo rapanui no se guiaba por la autoidentificación y que ellos sabían quiénes eran exactamente los pertenecientes a la comunidad, postura similar a la de los kawésqar de Puerto Edén.

Por eso mismo, la reforma publicada hace la salvedad de que solo integrarán el registro especial quienes aparezcan en las bases de datos indígena de Conadi y solo podrán ser candidatos los residentes de la isla. 

Hasta la segunda semana de diciembre, Conadi registraba a 3.721 personas pertenecientes al pueblo Rapanui, muy lejos de los 9.399 que el censo de 2017 identificó. Precisamente porque son el tercer pueblo originario reconocido más pequeño de Chile llegaron a una conclusión que les facilitaría el proceso al momento de inscribir sus candidaturas: medir a los precandidatos en primarias el próximo 3 de enero.

“Los líderes y lideresas de nuestras familias originales nos juntamos y decidimos ir en una primaria interna, sin Servel. Queremos apostar a lo seguro y por eso estamos provocando esta iniciativa, inédita, muy interesante, que a la postre lo que nos trae es evitar conflictos, fricciones, evitar estrés político dentro de las familias”, adelanta Edmunds. 

Hasta la fecha ya hay al menos 16 precandidatos dispuestos a competir.

Sin candidatos

En otros pueblos están bastante más lejos de llegar a una definición. En el último Congreso Atacameño realizado el viernes 18 de diciembre, más de 70 líderes de comunidades de toda la región acordaron reunirse mes a mes para avanzar en un documento que resuma sus expectativas del proceso constituyente. De partida, dicen desde uno de esos grupos, tampoco quedaron satisfechos con cómo quedó la reforma y, de hecho, aún no han resuelto nada relativo a los candidatos. De aquí al lunes, según Sergio Cubillos, deberían tener alguna novedad. 

De acuerdo con el último censo, los lickanantay son 30.369. Conadi registra a 21.525. 

“Sabemos que existen hermanos y hermanas que quieren ir a ese proceso, estamos esperando a que puedan decidirse lo más pronto posible para poder empezar a ver de qué manera los podemos empezar a apoyar. Creo que habrá candidaturas de los distintos sectores donde se ha asentado el pueblo atacameño. Estamos revisando”, anuncia Cubillos.