Francisco Cox y el crimen organizado: “Si solo se descabeza a las bandas, se multiplican”

El penalista, que investigó en México la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dice que un un proyecto de ley no puede abordar solo una persecusión penal caso a caso, sino que el crimen organizado es multifactorial.

En 2015, el penalista Francisco Cox fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los cinco expertos internacionales para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante esas pesquisas el abogado –cuyo testimonio aparece en el documental de Netflix Los días de Ayotzinapa-, entrevistó no solo a algunos de los jóvenes sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas, sino también a policías e, incluso, a miembros del cartel narco Guerreros Unidos.

Desde esa experiencia -Cox también trabajó con la Clínica de Acciones de Interés Público y DD.HH. UDP en La Legua Emergencia mientras operaban los clanes narco-, el penalista ha observado cómo el crimen organizado ha ganado espacio en Chile. Uno de los últimos crímenes fue la tarde del 24 de diciembre en la plaza de Maipú, cuando dos bandas rivales dispararon en una feria navideña en disputa de territorio: una mujer de 59 años murió y hubo cuatro heridos.

Aunque lo que pasó en Maipú no es un hecho aislado, provocó que el Presidente Sebastián Piñera presentara un proyecto de ley contra el crimen organizado que modifica el delito de asociación ilícita, establece incentivos a la delación para rebajar las penas y, entre otras herramientas, permite el uso de agentes encubiertos. Además, entrega nuevas técnicas de investigación.

Sin embargo, Cox señala que el proyecto, si bien tiene algunas conceptualizaciones relevantes, recoge técnicas de investigación que ya son parte de la Ley de Drogas (Ley 20.000). Por ello, el abogado pone énfasis es que es necesario no solo verificar la eficacia de estas herramientas, sino también mirar el crimen organizado como un problema multifactorial: no es solo perseguir narcos, también -enfatiza- hay que mirar el consumo de drogas como un tema de salud pública.

-¿Le sorprende el cambio que habido en el crimen organizado?

“Sí y no. Sí, porque ahora se está visibilizando más y se está moviendo de sectores. Antes estaba en ciertos barrios, quizás un poco estigmatizados y creo que algunas de esas políticas dan cuenta de un fracaso en la aproximación al tema. Por ejemplo, si uno ve los clanes de La Legua Emergencia, donde me tocó trabajar, se veía mucho abuso de las policías en los controles de identidad. Y el problema de eso, y es dramático que de eso no se den cuentas las autoridades ni los propios carabineros, es que va mermando la confianza en la policía, porque es fundamental que la ciudadanía confíe en ella para que pueda cumplir sus funciones respecto de las estructuras más altas del narcotráfico”.

-¿Y por qué, por otra parte, no le sorprende?

“Porque, lamentablemente, no sé si hemos sido tan sistemáticos o analíticos a la hora de enfrentar el problema. En el Informe sobre Narcotráfico 2020 de la Fiscalía Nacional se observa que somos frontera con ciertos países productores, pero también tenemos distintos puertos de salida. No digo que no se esté trabajando, pero me parece que se sigue mucho en el narcomenudeo, por ejemplo, en la señora que almacena. Mientras que si bien la colaboración eficaz (de la Ley 20.000) es bastante utilizada, no de una forma tan estratégica”.

–En el nuevo proyecto del Presidente se toman herramientas que ya existen en la Ley 20.000.

“Eso es lo no se entiende. Que se presente este proyecto está bien. A lo mejor hay que adecuar la asociación ilícita, pero el problema del crimen organizado en estos momentos en Chile es de narcotráfico. Y esas herramientas ya existen. Entonces, las autoridades tienen que dar cuenta de cómo están empleando esas herramientas para que las y los legisladores puedan determinar si es que se están usando de manera eficiente. Y, por lo tanto, si se requiere expandir a otros delitos”.

-¿Cómo ha sido la jurisprudencia en ese sentido?

“No hay un problema de principio. La Corte Suprema ha validado los agentes provocadores y una serie de técnicas de investigación que están en la Ley de Drogas. El tema es que se usen de una forma estratégica, analítica y con una política de persecución inteligente para, justamente, alcanzar a los cabecillas y los delitos de corrupción en los que pueden estar influyendo estas bandas. Hay que hacer un análisis mucho más global. Sin duda, que hay hacer el análisis financiero para ver hacia dónde están sacando las platas. Y en eso, los compliance tienen que dejar de ser una cosa de papel. Hay que implementarlo, pero darle seguimiento”.

“No hay que seguir el modelo mexicano”

-¿El crimen organizado lo ve como un fenómeno global?

“Todo esto está relacionado. La deslegitimización de Carabineros es algo fatal para el combate a la delincuencia. Porque que haya vivido en niveles de corrupción tan altos, además de los abusos policiales que se han visto a raíz del estallido social, todo eso va mermando la confianza de los sectores donde ocurre el narcotráfico. Y, por lo tanto, se tiene que volver a confiar en la policía. Por eso, la reforma policial tiene que ser a fondo y no algo cosmético. La PDI parece tener mejor reputación, sin embargo, el tema de enfrentar el crimen organizado es multifactorial. No es una sola causa. Alguien me recordaba cómo fue el fracaso a la guerra de las drogas, y justamente lo que no hay que seguir es el modelo mexicano”.

-¿Qué no hay que hacer, a su juicio?

“Por favor, no vayan a meter al Ejército. Porque si tú simplemente descabezas a las bandas, lo que se produce es la multiplicación de carteles. Esa fue la política de Felipe Calderón en México: al encarcelar a las bandas, se multiplicaron. Y así es como surgieron Los Zetas, que eran el brazo armado de un cartel. Cualquier militar sabe que “Zeta” es un código militar. Y en México, la Fuerza Zeta era la fuerza especial, pero se dejó de usar porque el cartel se apropió del nombre. Pero sus cabezas fueron todos ex fuerzas especiales del Ejército mexicano y guatemalteco. El problema es que si se pones a gente altamente especializada en guerra y con armas bélicas con el narco, inicialmente para vigilarlos, en contacto cotidiano con el narco se puede corromper. Por eso se tiene que hacer una investigación inteligente y una fiscalización muy fuerte de los funcionarios que están participando para que no sean corrompidos”.

-Usted propuso en una columna en El Mercurio la legalización de la marihuana como una forma de privar de ingresos a los narcos ¿Pero Chile está preparado para eso?

“Falta voluntad política. Hay estados en Estados Unidos, que es el tótem de la lucha antinarcóticos, que lo han hecho. También Uruguay. Pero también hay que hacer algo con el consumidor, incluso de quienes consumen drogas duras, y tomarlos como un problema de salud pública. De esa forma se va quitando gente al narcotráfico”.

“La extradición es una señal que hay que dar”

-¿Qué es lo más problemático que ve hoy en el crimen organizado en Chile?

-“El control territorial. Me parece sorprendente escuchar a gente que dice que hay zonas donde no entra la policía y que los narcofunerales no es tan relevante porque el verdadero narco no hace eso. ¡Pero lo de los narcofunerales y los fuegos artificiales son símbolos! Demostraciones de fuerza y control del narcotraficante al resto de la comunidad que vive cerca para decir que ellos no están sometidos a las normas. Y si uno quiere, ellos te dan la protección y acceso a beneficios, que es lo que supuestamente ha estado ocurriendo en la pandemia”.

-Como partió en México.

“Si vas a Sinaloa, donde partió el Chapo Guzmán, un gran porcentaje lo quiere porque la da ciertos beneficios al pueblo. Pero si no te alineas, te descuartizan. Por eso insisto que esta es una política de Estado y se tiene que tomar así y no solo con la dictación de una ley. Porque al anunciar una ley para combatir el crimen organizado, y que vaya al Congreso, lo que hay que ver es cómo esas mismas técnicas, que ya existen, se han implementado; cuál es el nivel de coordinación entre las autoridades; qué influencia tiene. ¿Cómo es posible que haya narcotraficantes que tengan control de ciertas áreas de Chile? Eso es inaceptable”.

-Lo que ocurrió en Maipú no es un hecho aislado. La diferencia es que pasó de día, en un lugar céntrico y no periférico.

“Por eso digo que está todo relacionado, como la segregación de nuestra ciudad. No quiero decir que el Ministerio Público no esté haciendo el trabajo, porque tengo la mejor opinión de Luis Toledo, quien es el encargado de la Fiscalía Nacional. Y me tocó conocer a fiscales de la Fiscalía Metropolitana Sur que se dedican al tema de drogas y son gente seria y honorable. Pero esto requiere una política de Estado, no solo una persecución penal de caso a caso, sino que una visión global y de cómo impedimos de que esto llegue a Chile”.

-¿Llegue a Chile?

“La semana pasada -no tengo la certeza- pero en un noticiario se informó que el cartel Jalisco Nueva Generación podría estar involucrado en una de las importaciones de una incautación reciente. Pero, si efectivamente llega a Chile, de verdad que estaríamos en una situación dramática. Es los carteles más violentos, que le combate a Los Zeta y a los Mata Zetas y eso que su jefe, El Mencho, está preso”.

-¿Cómo es la política de colaboración que se requiere?

“De colaboración y solicitud internacional, de ida y vuelta. Es decir, si es que hay interés de parte de autoridades de afuera de cabecillas importantes de los carteles que se están armando acá, extraditarlos. Porque una extradición a Estados Unidos es algo que aterra a un narcotraficante. Y esas son el tipo señales que hay que empezar a mandar”.

–Luis Toledo dijo a PAUTA que uno de los graves problemas que tienen los puertos chilenos es que la seguridad es privada, como si fuera un mall. Y que eso dificulta la revisión de los envíos de droga hacia el exterior.

“Sin duda que hay que buscar fórmulas para infiltrar, y eso por es que el agente encubierto es una figura importante. Pero hay otra cosa: en Chile está subdesarrollada la protección de testigos”.

-¿Por qué?

“Porque puedes cambiar de identidad. Pero, por ejemplo, en Guatemala en casos de derechos humanos se ha sacado a personas y se le ha conseguido residencia fuera del país. Acá es muy débil, pero respecto de ciertos casos no se da protección más allá del juicio, pero esa es un área que hay que fortalecer muchísimo. Por ejemplo, en México, a raíz del caso Ayotzinapa, con colaboración de personas del narco, se hizo. Y es complejo, porque no solo tienes que hacerte cargo de la persona, sino que de todo el núcleo familiar. Porque si no, hay represalias”.