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Las propuestas de ajustes legales que se analizan para combatir el crimen organizado

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Agencia Uno
POR Ana María |

Dividir el delito de asociación ilícita en dos figuras y sumar nuevas formas delación. Esas son algunas de las ideas, aunque también hay críticas por duplicaciones con leyes ya existentes.

Ha pasado menos de una semana desde que el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío del proyecto de ley contra el crimen organizado, que recién está en primer trámite en la Cámara de Diputados, cuando ya suma críticas de la oposición y de abogados penalistas -entre ellos Paula Vial y Francisco Cox-, así como también propuestas para agregar nuevas figuras penales a la iniciativa desde el oficialismo.

El proyecto fue enviado después de que ocurrieran varias balaceras -una de ellas el 24 de diciembre en la plaza de Maipú, que dejó una mujer fallecida y cuatro heridos- en las que han participado grupos dedicados al tráfico de drogas que se disputan el territorio para vender estas sustancias a los consumidores.

La iniciativa del Gobierno contempla modificar el delito de asociación ilícita contenido en el Código Penal; establece incentivos de delación para los miembros de la organización criminal -rebajando sus penas de acuerdo con su nivel de colaboración- y, además, entrega técnicas de investigación a los policías. Por ejemplo, el uso agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas.

Gobierno: dos tipos de delitos

De acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, el delito de asociación ilícita se modifica en el Código Penal y se reemplaza por dos nuevas figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal. 

“La asociación delictiva sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad de hasta 5 años”, dice el proyecto. Mientras, la asociación criminal “sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años”.

La idea de la iniciativa es que se establezcan criterios cuando se esté frente a una asociación y no simplemente en un concierto de voluntades para cometer un delito. “El sólo hecho de organizarse será delito, con independencia de si se comete o no el delito que se planifica”. 

¿Cómo probar esto ante la justicia? Según la iniciativa, “el tribunal deberá apreciar una asociación delictiva o criminal atendiendo a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo”.

Dentro de los argumentos del Ejecutivo para este cambio es que el delito de asociación ilícita, que está contenido en el Código Penal (que data de 1974) y sanciona la delincuencia organizada, no ha sido estructuralmente modificado. Y que ello es un indicio que da cuenta de la desactualización de la norma penal.

¿Más de lo mismo?

Parte de las críticas al proyecto del Gobierno son que las técnicas de investigación -como agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas- son herramientas que ya están contenidas dentro de otras legislaciones, como la Ley 20.000 que tipifica y sanciona los delitos y las penas vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes.

En entrevista con PAUTA, el penalista Francisco Cox, recordó que varias de estas herramientas ya se aplican en la ley de drogas, y que, por ello, antes de añadirlas a una nueva iniciativa, se debe verificar su eficacia. Además, dijo que hay que mirar el consumo de drogas como un tema de salud pública.

Apenas se anunció el proyecto de ley -el 27 de diciembre de 2020-, el senador del PPD, Felipe Harboe, dijo que su contenido “es más de lo mismo” y que “hay muchas de estas cosas que ya están en la ley”. Agregó que si bien la legislación siempre se puede perfeccionar, el problema de hoy no es de ley, sino de gestión y que el Presidente Piñera debiera convocar a un equipo de élite de Carabineros e Investigaciones para trabajar coordinados con un fiscal con dedicación exclusiva para perseguir las armas. 

También la exdefensora nacional, Paula Vial, abordó el proyecto sobre crimen organizado en una carta en La Tercera titulada “Nada nuevo bajo el sol”. Dijo que se trata de una iniciativa destinada a endurecer las normas, aumentar las penas, crear nuevos delitos y entregar más facultades a policías y fiscales, “seguidas de leyes que parchan un Código Penal que no resiste más enmiendas y modificaciones”.

Críticas a las que se sumó, el 4 de enero, el senador DC Francisco Huenchumilla, quien integra la Comisión de Constitución del Senado: “El combate a la delincuencia no implica una ley más o una ley menos (…) el Código Penal tiene 500 artículos, está lleno de delitos. Y el delito de asociación ilícita de este proyecto está contemplado ya en el artículo del Código Penal, con las penas respectivas y con un montón de otras exigencias de tipo legal”.

Chahuán propone denuncia pagada 

Desde el oficialismo, en tanto, el senador Francisco Chahuán junto con el diputado Tomás Fuentes, ambos de RN, se reunieron la mañana de este lunes 4 de enero con los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Juan Francisco Galli y Katherine Martorell, respectivamente, para entregar sus propuestas para la agenda contra la delincuencia y el crimen organizado.

Así, a la figura que ya contiene el proyecto del Gobierno de delación compensada ante la colaboración de un integrante de la organización delictual, propusieron otra más: una denuncia recompensada en la que participe la comunidad.

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“La delación supone que una de las personas dentro de la banda denuncia. Me parece que eso es un primer paso importante” dijo el senador. Pero añadió que es necesario involucrar a la comunidad con “una denuncia que sea compensada con beneficios fiscales”

El diputado Fuentes agregó que ante la urgencia, “la ciudadanía debe tener un rol relevante y es por eso que podría entender que denunciando en forma segura, pero también recompensada, podríamos llegar no solo a quién vende el pito en la calle, sino que al laboratorio que trabaja la droga o al container que la transporta”.

Calisto propone comisión bicameral

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (DC), planteó que era necesario reactivar la comisión bicameral para abordar el tema de la delincuencia.

“Si los proyectos de seguridad no dialogan, son meros titulares”, dijo Calisto tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. “No es posible seguir planteando titulares de proyecto de ley, cuando no tenemos claridad respecto de todas las iniciativas que se están tramitando. Son proyectos que buscan combatir hechos delictuales, pero el problema radica en que se discuten en distintas comisiones y distintas Cámaras”, señaló el parlamentario.

Por esta razón, planteó a Delgado reactivar la comisión bicameral del Congreso, integrada por diputados, senadores y el Gobierno, con el objetivo de abordar estos temas de manera integral. “Tenemos iniciativas muy importantes que se están viendo por vías distintas, como el que modifica el Código Penal por temas de crimen organizado; la ley de drogas que se discute en la Comisión de Constitución o el que modifica la ley de tenencia de armas, que está en segundo trámite en el Senado”.

La Comisión de Seguridad abordará el 5 de enero el proyecto sobre crimen organizado.