Temucuicui no es Chile
En su columna de opinión, John Müller dice respecto del llamado conflicto mapuche: “No hay manera de que el imperio de la ley rija plenamente en la Araucanía. Parece que el territorio hubiese vuelto al siglo XIX”.
La prensa del fin de semana ofrece sus páginas a los candidatos presidenciales. Joaquín Lavín en uno de los diarios impresos, Sebastián Sichel en el otro. Los columnistas se concentran en la elección presidencial, la de la Convención Constituyente y los sucesos de Capitol Hill en EE. UU. El tema de la Araucanía está reseñado, pero parece que al país le costara mirar de frente al asunto más grave que tiene entre manos: la constatación de que el Estado de Derecho no rige en una parte del territorio. Que Temucuicui no es Chile.
Lo ocurrido la semana pasada en Ercilla y Victoria, con el asesinato de un agricultor y el fiasco policial que acabó con la muerte de un inspector de la PDI, así lo confirman. Mientras más detalles se ofrecen de la operación policial, más escandaloso parece el resultado. Un total de 850 efectivos policiales, dotados de equipo terrestre y aéreo, con apoyo de Carabineros, no lograron completar la tarea de registrar legalmente 20 domicilios, solo lo consiguieron en cinco de ellos, y se tuvieron que retirar con la cola entre las piernas y un compañero muerto.
Resulta insólito cómo la gestión policial de la cuestión mapuche se le ha enredado en las piernas a los gobiernos este siglo y ha incidido en otros problemas nacionales. Fueron los viciados procedimientos de Carabineros los que quedaron expuestos en la “Operación Huracán”, un escándalo con ribetes grotescos que se inició durante el gobierno de Michelle Bachelet -la presidenta se sentó en el problema hasta que acabó su mandato-, y en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, ocurrida en noviembre de 2018, durante el primer año de administración de Sebastián Piñera.
La consecuencia institucional de la mala praxis policial fue la doble decapitación del alto mando de Carabineros en apenas nueve meses y una fuerte deslegitimación social de una institución que figuraba entre las más respetadas. Este debilitamiento de la policía uniformada jugó un papel importante en la prolongación del llamado “estallido social” del 18-O.
La PDI se había librado hasta ahora de ver comprometido su prestigio en La Araucanía. Pero eso se terminó la pasada semana. La institución quedó tocada tras el operativo en Temucuicui y aunque su director, Héctor Espinosa, tiene una imagen de gran solvencia ante la opinión pública, la sensación de ridículo y fracaso no se puede disimular.
La llamada cuestión mapuche es un conflicto con múltiples dimensiones -política, socioeconómica y cultural- y aunque no es un problema únicamente policial, también lo es. A río revuelto, ganancia de pescadores y en este caso hay una dimensión delictiva que tiene que ver con el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas.
A diferencia de Carabineros y algunos exfuncionarios judiciales que no han titubeado en conectar estos fenómenos con la reivindicación política de algunos mapuches, la PDI había intentado seguir un camino más aséptico, tratando de separar los fenómenos para no politizar su actuación. Sin embargo, el resultado en la práctica ha sido el mismo: no hay manera de que el imperio de la ley rija plenamente en la Araucanía. Parece que el territorio hubiese vuelto al siglo XIX.
El Gobierno, además, ha sido inconstante al abordar las demás dimensiones del problema. Alfredo Moreno era el ministro encargado de ejecutar el famoso Plan Araucanía, lanzado en septiembre de 2018. El entusiasmo duró dos meses, porque el homicidio de Catrillanca lo desbarató. También hubo problemas de ajuste fino con los intendentes. Sebastián Sichel sustituyó a Moreno como ministro de Desarrollo Social y trató de resucitarlo, pero ya en septiembre de 2019, pocos días antes del 18-O, la propia prensa reflejaba la opinión de parlamentarios de la zona que afirmaban que el gobierno se había ausentado de la región. Desde noviembre pasado, el responsable del plan es Cristián Barra, un hombre de confianza del Presidente.
El resultado es que La Araucanía está convirtiéndose en un fracaso colectivo de Chile, donde sus instituciones (Carabineros, la PDI y el Poder Judicial) se estrellan torpemente. Hay una dimensión adicional que son las dificultades para que los chilenos cuenten con información contrastada. Los parlamentarios, que tienen mucha de primera mano, prefieren su interpretación de los hechos antes que establecer la verdad de estos. Los periodistas locales tienen dificultades para ejercer su misión sin cortapisas. Los activistas, que copan los matinales, van a defender sus causas. El resultado es que, sin información contrastada, no es sólo la ley la que no impera, sino la verdad.