La otra batalla que darán los candidatos con discapacidad a la Convención Constitucional

Los partidos y pactos debían incorporar a un 5% de candidatos con discapacidad para el órgano constituyente.

Despiertos hasta la medianoche estuvieron los personeros de distintos partidos políticos y pactos, definiendo los últimos nombres para las listas de candidatos y dando las últimas peleas, al filo de la inscripción. La ingeniería electoral estaba en sus momentos más duros, pues para la elección de la Convención Constitucional había una serie de reglas nuevas que complejizaban el papeleo: la paridad de género, por un lado, y por otro la obligación de incluir a un 5% de personas con discapacidad en las listas.

Los representantes de pueblos originarios serán 17, sí o sí. Las reglas de paridad anticipan que la distribución entre hombres y mujeres será equitativa y, si no, el Servel hará una corrección. Pero a diferencia de los escaños reservados y de la garantía de una distribución pareja entre sexos, los candidatos con discapacidad no tienen ningún puesto garantizado. Llegar o no a ocupar un puesto en la Convención tendrá que ver con la votación que logren o con la composición de las listas en las que estén.

Del 10% al 1% al 5%

En realidad, la Cámara de Diputados había aprobado a fines del 2019 una norma que exigía que el 10% de los candidatos, como mínimo, fuesen personas con alguna discapacidad. En el Senado, el guarismo fue parte de la larga discusión que los parlamentarios sostuvieron a propósito del proyecto de escaños reservados para los pueblos originarios. Estaban en el mismo texto, a pesar de que no tenían ninguna relación.

Ese 10% se rechazó y sobre todo en el oficialismo existía la preocupación de que, al ser tan alto el porcentaje, gran parte de las listas fueran impugnadas por el Servel. Esa idea transmutó hasta una propuesta del Ejecutivo y los senadores de Chile Vamos de garantizar un 1%, lo que también se rechazó. Finalmente el consenso llegó con 5%. Donde no hubo acuerdo fue en exigir el mismo porcentaje para listas de independientes: la norma quedó solo para partidos o pactos de partidos políticos.

“Al principio, cuando se presentó esta ley, para nadie era importante, era un agregado de los escaños reservados para pueblos originarios. Desde las organizaciones comenzamos a organizarnos, enviamos cartas, hicimos puntos de prensa, entre otras cosas y poco a poco, empezó a tener sentido para los parlamentarios”, explica a PAUTA Pablo Selles (CS), candidato de la lista “Apruebo Dignidad” por el distrito 10.

Selles es uno de los nombres de ese 5% que aspira a llegar a la Convención. En Chile Vamos, el número total se lo repartieron entre todos los partidos. Por ejemplo, Evópoli lleva a tres candidatos con discapacidad y RN a dos: Luz Núñez (Distrito 2) y Gabriela Casanueva (Distrito 28).

La dura competencia para llegar

El vaso lo ven medio lleno: antes de la ley, no era obligación para ningún partido llevar candidatos con discapacidad. De hecho, no lo es para ninguna de las otras tres carreras que también se correrán el 11 de abril.

“Creo que CS sí me hubiese llevado como candidato constituyente, pero fácilmente me podría haber caído en una negociación, nunca se sabe. Para el resto de los partidos más tradicionales que por 30 años han llevado poquísimos o ningún candidato con discapacidad, me parece fundamental que se haya aprobado esta ley”, agrega Selles, que nació con acondroplasia, un tipo de enanismo que produce extremidades cortas.

Para Darwin Loreto Johns fue distinto. Exbombero, actual abogado litigante penalista e independiente, llegó a la “Lista del Apruebo” (Unidad Constituyente y Nuevo Trato) cuando el PRO abrió sus cupos para quienes no militaban. Con el avance de la negociación, su puesto lo terminó captando el Partido Liberal, y hoy es candidato en el distrito 10. Tiene una discapacidad física: perdió una pierna en un accidente de tránsito en 1997, y dice que en su caso, más que su discapacidad, ponderaron también sus planteamientos, ideas, formación y experiencia, y que probablemente lo hubieran incluido igual sin existir la obligación de hacerlo.

“La cuota del 5% habla de que aún nos falta mucho para llegar a una inclusión de todas las personas en nuestra sociedad. Espero poder llegar a ocupar un sitio entre los cnvencionales para plasmar en nuestra nueva Carta Magna el reconocimiento no tan solo de nuestros pueblos originarios, sino que también de los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad, discapacitados o refugiados y los niños, niñas y adolescentes”, explica Loreto Johns a PAUTA.

En cuanto a Selles, su objetivo si llega a integrar el órgano constituyente: que todas las discusiones se den en el marco de la mirada de la discapacidad. Pero el camino está difícil. Selles compite por el distrito 10, cuna de exministros renunciados, famosos constitucionalistas, escritores y conocidos dirigentes sociales. Su misma lista, de hecho, es bastante competitiva: aparecen Emilia Schneider, expresidenta de la Fech; el abogado Fernando Atria, la dirigenta feminista Antonia Orellana y el excapitán del Ejército Rafael Harvey.

Incluso, ya vislumbra algunas dificultades para él y para los demás candidatos con discapacidad en el resto de los distritos y otros pactos: podrían tener complicaciones para trasladarse o comunicarse a través de redes sociales, por ejemplo, por lo que la campaña será cuesta arriba. Independientemente de eso, llama a votar por las personas con discapacidad que estén buscando su lugar en la Convención.

“Sueño con un Chile en donde las niñas, niños y adolescentes en un futuro cercano no se sientan discriminados o relegados, sino que se sientan incluidos y escuchados, para que de esta forma el país que construiremos sea más justo, democrático, inclusivo, accesible y diverso”, concluye.

Sin el 5% no hay lista

Lo que dice la ley es que el Registro Civil o las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez debían entregar al Servel la información de quiénes estaban registrados como personas con discapacidad, hasta la fecha de inscripción de candidaturas, que concluyó este lunes 11. También era posible acreditar la discapacidad a través de la “calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, a la fecha de presentación de candidaturas”. 

Pero atención: si los partidos hubieran omitido incluir a estas personas en sus listas, toda la nómina de candidatos será rechazada. Eso sí, podrán corregir esa infracción ante el Servel hasta cuatro días hábiles después de la notificación de aceptación o rechazo de las candidaturas.