Los jueces protagonistas de la absolución de los condenados del caso Frei

Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra partieron como relatores de la Corte de Apelaciones y la Suprema. En la Novena Sala han confirmado varias condenas contra la Dina.

“Los hechos que se obtienen de estos antecedentes poseen una justificación lógica que torna más que plausible aquélla conforme a la cual Eduardo Frei Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”.

El párrafo corresponde al fallo unánime que, el lunes 25 de enero, emitieron los tres jueces de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: Jaime Balmaceda (47), Paola Plaza (52) y Guillermo de la Barra (51). A través de este, recovaron el fallo del ministro Alejandro Madrid, lo que implicó un vuelco total a la investigación que realizó durante 16 años.

La resolución implicó, por tanto, la absolución de los seis condenados por Madrid: los médicos Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg, Sergio González (los tres fallecidos en medio del proceso judicial) y Pedro Valdivia, quien trabajó para la Dina y la CNI. Además, el exagente de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez, quien cumple condena el Punta Peuco por el crimen del exquímico de la Dina Eugenio Berríos, y Luis Becerra, exchofer de Frei Montalva e informante de Lillo.

Sus fallos de DD.HH.

Los jueces de la Novena Sala, así como le ocurrió al juez Madrid, enfrentarán ahora su propia prueba de fuego luego que la parte querellante -la ex senadora Carmen Frei, hija del ex-Mandatario DC- anunciara que recurrirán a la Corte Suprema para revertir la sentencia y probar de que Frei Montalva fue asesinado.

Se trata de una sala que funciona como tribunal; esto es, con sus mismos integrantes -Balmaceda (presidente), Plaza y de la Barra- desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021. 

En este período, entre los varios fallos que ha emitido la Novena Sala en casos de violaciones a los derechos humanos, ha confirmado condenas a exagentes del Dina por distintos delitos.

Dos ejemplos. En julio del año pasado, la Novena Sala condenó a cinco exagentes de esta dirección de inteligencia implementada por el régimen militar por el secuestro calificado de Miguel Enrique Rodríguez Vergara, ocurrido a partir del 17 de noviembre de 1975. Y, un mes después, en agosto, confirmó el fallo que ordenó al fisco pagar una indemnización de $100 millones a dos miembros de la Armada que fueron detenidos de 1973 y sometidos a torturas en unidades navales.

De las adopciones ilegales a Cema Chile

Los tres integrantes de la Novena Sala no solo partieron como relatores, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago y como en la Suprema, sino que gran parte de su carrera en el Poder Judicial ha sido en esos puestos.

Y aunque los tres pasaron por juzgados del crimen y de garantía, su ascenso como ministros de Corte fue después de relatar en la Suprema. De ellos, Jaime Balmaceda fue el primero en ser nombrado, en 2014. Dos años después, en 2016, asumió de la Barra. El turno de Paola Plaza fue recién en 2018.

Actualmente Balmaceda, quien solía ser uno de los relatores mejor evaluados por sus superiores, está a cargo como ministro en visita de una compleja investigación: la causa por la sustracción de niños y niñas y adopciones ilegales que fueron entregados a matrimonios extranjeros entre los años 60 y 2000.

Fue el Pleno de la Corte Suprema el que lo nominó en esa tarea en mayo de 2019, en principio para trabajar en conjunto con el ministro Mario Carroza y dividir los períodos de investigación.

A Balmaceda se le encargó indagar todas las sustracciones y adopciones irregulares ocurridas antes y después del Golpe de Estado de 1973, además de las que, aunque hayan ocurrido en ese período, no se asocian con la represión de esa época. Mientras Carroza –quien en diciembre de 2020 fue ascendido a la Suprema-, indagó los casos que se relacionan, eventualmente, con acciones propias del régimen militar.

Guillermo de la Barra, en tanto, como ministro investigó la denuncia por malversación de caudales públicos y apropiación indebida de propiedades del fisco de Cema Chile. Sin embargo, tras indagar durante dos años -y luego de varios peritajes de la PDI-, sobreseyó temporalmente la causa.

El magistrado tomó esa decisión en febrero de 2019, luego que la indagatoria arrojara que si bien existían montos por la venta de propiedades que no estaban contabilizados -y que la fundación Cema Chile no ingresó a sus cuentas bancarias-, la diferencia del total de las ventas que sí se registraron fue menor a 0,4%.

La ministra más nueva es Paola Plaza. En 2018, poco después de asumir -y cuando era parte de la Octava Sala-, acogió un recurso de protección que interpuso una mujer transgénero en contra de Vida Integra, luego que no se le tratara por su nombre social.

En 2020, le tocó presidir la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago. De 979 solicitudes, se otorgó el beneficio a 66 personas.

Los internos que postularon eran parte de siete penales. En tres de esos centros de detención no se entregó ninguna libertad condicional. Uno de ellos fue Punta Peuco.