La reforma a Carabineros que impulsa Karla Rubilar desde Desarrollo Social

Le ha transmitido al Presidente y al ministro del Interior que hay que quitarle el control del orden público a Carabineros. Y hacerlo en este mandato.

La primera vez que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, habló del tema fue en Tolerancia Cero, de CHV, el 18 de octubre de 2020, justo a un año del inicio del Estallido Social. En ese programa le preguntaron qué habría hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos durante la crisis del 2019 y contestó que, primero, la violencia había sido desbordante. Pero a la vez, la capacidad que tenía instaurada la institucionalidad de las policías para enfrentarla “no era la mejor”.

Y para lograr la “no repetición”, la policía debía volverse “moderna, capaz”, separando las funciones de orden público que hoy ejerce Carabineros y entregándoles mayores herramientas, mayores sueldos, más formación, y conocimiento de la experiencia internacional. Y que, solo así, Chile habría vivido otra historia el 18 de octubre de 2019.

La estaba mirando el Presidente Sebastián Piñera.

Repitió nuevamente sus ideas en La Red hace poco más de un mes. Agregó ahí que le estaban haciendo un daño a la institución y que, como Gobierno, debían ser capaces de encaminar un cambio así durante este mandato. Parte de eso se lo dijo también al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y lo conversó con el mismo Mandatario.

Ministra, pero exintendenta

Tres policías. Eso es lo que plantea la ministra Rubilar que solucionaría el complejo escenario que hoy atraviesan las Fuerzas de Seguridad y Orden Público en Chile. Lo principal de su propuesta es quitarle a Carabineros la función del orden público y entregárselo exclusivamente a una nueva fuerza, que aún no existe. Según comentan en su entorno, ese planteamiento se lo hizo al ministro Delgado cuando llegó al Gabinete y le dijo entonces que habría agua para hacerlo, pues había conversado con distintos generales de la región y no había visto resistencia; y también lo conversó con el Presidente. Su aparición en Tolerancia Cero esa noche de octubre, hablando de la reforma policial, fue bien evaluada por Piñera.

Pero hasta ahí quedó el tema. En el círculo del Mandatario dicen que es muy estructurado con ese tipo de planteamientos y que a quien le corresponde trabajar en esa reforma es al ministro del Interior. Incluso a pesar de que Rubilar fue intendenta de la Región Metropolitana y le correspondió un trabajo muy cercano a Carabineros.

Lo que más preocupa ahora a la ministra, que también fue vocera durante el Estallido Social, es que como Gobierno no sean capaces de dejar en marcha una reforma potente, con marzo a la vista y el posible recrudrecimiento de la violencia. Y según ha comentado a su círculo más próximo, lo que ahora están haciendo como Ejecutivo es entramparse en una discusión sobre proyectos de ley ya presentados con anterioridad, o lo que le ha dicho a algunos en La Moneda, un “recauchaje” de Carabineros.

“Debemos hacer este cambio. Y debiéramos atrevernos a dejarlo dentro de este mandato”, dijo el 3 de enero en La Red.

El ABC de la reforma, según Rubilar

La discusión desde hace varios años es si Carabineros debería ser “refundado” o no. Esa es la palabra que usan desde los sectores de izquierda y que es más bien resistida por parte de la derecha. Por eso Rubilar plantea que solo la policía de orden público sea refundada, pero que exista un “aire refundacional” para la institución completa.

En ese sentido, a juicio de Rubilar, lo que le podría devolver la legitimidad a la institución es demostrar que se les estaría quitando algo y partir pronto con un anuncio de que “ahora” se termina un proceso y se abre otro, que concluirá en un periodo más largo, que podría ser de cinco, ocho o diez años.

En este caso, se le quitaría a Carabineros el control del orden público, y se deberían quedar solo con el rol de policía comunitaria, preventiva, en comunicación con los municipios, a cargo del Plan Cuadrante y ordenando el tránsito, por ejemplo. Así se terminarían las Fuerzas Especiales (hoy Unidades COP) y el rol investigativo que hoy ejerce la fuerza del director general Ricardo Yáñez. Y por un tiempo, de transición, solo los mejores, más preparados de Carabineros, podrían pasarse al nuevo equipo policial.

En paralelo, según ha transmitido internamente la titular de Desarrollo Social, el Estado debería tener una nueva fuerza. “Deberíamos tener una refundación de orden público y deberíamos tener una policía especial, dedicada a esto, que tenga una carrera especial, sueldo especial, mucho mejor, una formación en derechos humanos, en técnicas, en herramientas, con más vacaciones, con psicólogo”, explicó en enero. De esa policía ha dicho también que podría estar sujeta a un control colegiado, civil, y que ese control generaría menos resistencia en ese grupo que en el caso de Carabineros.

¿Y la PDI? que aumenten su dotación y se queden con la exclusividad de la facultad para investigar. Incluso, según explican quienes conocen su propuesta, que pudiera depender de la Fiscalía. 

Pero en La Moneda también detectan un problema para siquiera evaluar esos cambios. Si bien en sus tres meses en el cargo Delgado se ha reunido con Yáñez y retomó la Comisión Bicameral patrocinada por Gonzalo Blumel el año pasado, un alto personero de Gobierno dice que al ministro -y al ministerio- se lo está comiendo la contingencia. Solo la semana pasada explotó una crisis migratoria en Colchane, empezó la campaña masiva de vacunación, recrudeció la violencia en La Araucanía y un carabinero disparó y mató a un malabarista en Panguipulli, en un episodio que aún se investiga. Otros casos vinculados con la institución se han sumado esta semana.

Por eso, Rubilar ha transmitido que, si no existe un Ministerio de Seguridad y Orden Público pronto -como viene anunciando el Gobierno desde diciembre de 2019-, al menos debería existir una persona exclusiva del Gabinete para encaminar ese proceso. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, por ejemplo. 

Las propuestas de especialización de las fuerzas

La propuesta de Rubilar no es la única sobre la mesa. De hecho, el trabajo de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros tenía como primera tarea trabajar con el material que ya otros grupos habían entregado al Ejecutivo. De partida, la mesa por la seguridad que derivó en el Acuerdo por la Seguridad Pública que Piñera presentó en 2018; también la comisión de expertos que lideró el exsenador Felipe Harboe y por último el Consejo para la Reforma de Carabineros que impulsó el exministro Blumel. En todas esas instancias hubo ideas de especialización de la fuerza policial.

El acuerdo que el Mandatario anunció en su primer año de gestión fue el sustento para un proyecto que hoy está en primer trámite constitucional y el Ejecutivo presentó en junio de 2019, que “propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” y que busca que Carabineros solo se mantenga en el rol preventivo y lo investigativo quede en manos exclusivas de la PDI.

La propuesta que hizo la comisión dirigida por Harboe planteaba que Carabineros prescindiera de funciones como notificaciones, denuncios, determinación de estándares y fiscalización de seguridad privada, resguardo de eventos privados u organizados por entidades públicas, y se enfocara en ejes prioritarios, como la prevención del delito, el orden público, la investigación criminal residual, inteligencia, tránsito, fronteras y emergencias. 

Además, el Consejo para la Reforma propuso priorizar prevención del delito, control del orden público y el resguardo del ejercicio de los derechos fundamentales, dejando de lado control de medidas cautelares o control del tránsito, por ejemplo.

En tanto la Unidad Coordinadora no termine su trabajo, el único camino concreto es el de los proyectos ya existentes. En ese sentido, todos los viernes se reúne la Comisión Bicameral de Seguridad que revivió Delgado hace un par de semanas atrás, con el ministro presente y los representantes de las comisiones de seguridad de ambas cámaras del Congreso. Por ahora han estado centrados en priorizar la tramitación de las iniciativas que han sido presentadas -y presionar por las que aún no, como la que crea el Ministerio de Seguridad- según un orden establecido. En la oposición, varios han sido críticos con la forma de tramitar la reforma que plantean el en Gobierno: por partes.