Constitucionalista y penalista: los cupos de abogados externos que se abren en la Suprema

El Pleno debe elegir a dos nuevos ministros que no sean de carrera del Poder Judicial. La última en llegar fue Ángela Vivanco.

Si el 3 de febrero dejó la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema la ministra María Eugenia Sandoval, el 13 de febrero jubiló el juez de la Segunda Sala Penal Carlos Künsemüller.

Tras la salida de Künsemüller no solo quedarán tres ministros en la Suprema que llegaron como abogados externos –Andrea Muñoz, Arturo Prado y Ángela Vivanco–, sino que el Pleno tendrá que llamar a concurso y ver cuál es el perfil que quiere para sumar al máximo tribunal.

En paralelo se abrió otro cupo, pero para un ministro de carrera judicial luego de la muerte, en enero pasado, de Carlos Aránguiz (67), quien integraba la Primera Sala Civil.

En el caso de los abogados externos, su elección tiene el mismo procedimiento que el de los postulantes que sí vienen del Poder Judicial: tras recibir sus currículum y escuchar sus presentaciones, el Pleno de la Suprema elabora una quina que luego envía al Ejecutivo. Es el Presidente de la República quien elige un nombre y lo propone al Senado, donde para su ratificación necesita los dos tercios de los votos.

Pero, a diferencia de los jueces de carrera, donde el escrutinio está en sus sentencias, los abogados y abogadas externos deben tener otras características que tienen que ver con sus carreras profesionales y el reconcocimiento sobre su trabajo de los jueces y la comunidad legal.

Oxígeno a la Corte

Fue en 1997 cuando se incorporaron abogados externos en calidad de ministros de la Corte Suprema y, hasta ahora, solo uno ha llegado a ser presidente del máximo tribunal: Urbano Marín. Se jubiló en 2011.

Se trata de una figura que es parte de la reforma que impulsó Soledad Alvear, exministra de Justicia del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Son cambios que también incluyeron la participación del Senado en los nombramientos, se elevó el número de integrantes 17 a 21 y se estableció que la jubilación sería a los 75 años a fin de que se mantuviera un mecanismo de renovación.

“La figura del abogado externo tiene la potencialidad de que aporta una mirada distinta a los jueces por su práctica en el mundo privado. Dentro de los requisitos es tener experiencia en, a lo menos, 15 años en el ejercicio profesional con una carrera destacada o por sus trayectorias académicas”, dice Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial.

Luis Cordero, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, apunta a que la reforma de 1997 tenía tres propósitos: “Que la Corte Suprema fuera oxigenada con nuevos integrantes; sumar especialidad y alimentar a la Corte con discusiones jurídicas que suceden en torno a ella y que, probablemente, los jueces, por estar en su matriz, no estaban involucrados”.

Y agrega: “La particularidad de todos los externos que han llegado desde la reforma de 1997 es que han cumplido los requisitos de tener la especialidad, una destacada carrera profesional y trayectoria académica. Ha sido una experiencia positiva para la Corte Suprema y su aprobación en el Senado no ha sido traumática”.

El contexto de esa reforma era muy distinto al actual. En la Suprema del 97 los jueces habían sido nombrados por Augusto Pinochet y gran parte era reacio a reformas institucionales. Además, no había ninguna mujer: la primera ministra fue María Antonia Morales, quien fue ascendida en 2001. 

Ahora, tras la jubilación de María Eugenia Sandoval, quedan solo siete juezas en la Suprema.

La última designación externa

La última abogada externa que llegó a la Suprema fue Ángela Vivanco, quien es parte de la influyente Tercera Sala Constitucional que preside el ministro Sergio Muñoz y con quien suele sintonizar en causas de medioambiente, pensiones y derecho a la salud, entre otras. Fue nombrada en julio de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera.

La abogada constitucionalista es profesora desde hace más de 20 años en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y tuvo un pasado en política: pasó por la extinguida Unión de Centro Centro (UCC) y por Renovación Nacional (RN), partido por el que fue candidata a diputada por La Cisterna-San Ramón.

Cuando postuló a la Corte Suprema era directora de Control Interno de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente de la Región Metropolitana y abogada asociada del estudio Mackenna Cruzat.

Anteriormente, había sido fiscal tanto en la compañía de seguros generales Renta Nacional (ligada al empresario y exsenador Francisco Javier Errázuriz) como en la AFP Planvital.

Los recursos de protección contra las isapre y las AFP son justamente parte del tipo de causas que llegan a la Tercera Sala. En el caso de las pensiones, la mayoría del tribunal ha mantenido un criterio al rechazar el retiro de fondos de las AFP de manera anticipada.

Especialidad, género y equilibrio

Excepto  por el caso de Ángela Vivanco, los profesionales que han llegado a la Suprema previamente han sido abogados integrantes tanto de cortes de Apelaciones como del máximo tribunal.

Fue el caso María Eugenia Sandoval, experta en derecho tributario y con una larga carrera en PricewaterhouseCoopers. También de Carlos Künsemüller, profesor de la Universidad de Chile y exmiembro de la Vicaría de la Solidaridad; Andrea Muñoz -quien además fue fiscal de la Superintendencia de Isapres, asesora del Conace (hoy Senda) y académica en varias universidades- y de Arturo Prado, quien llegó a la Suprema en 2017: por más de 40 años trabajó en el BCI y es profesor de derecho comercial de la Universidad de Chile hasta hoy.

Pese a esa tendencia, Luis Cordero advierte que ser abogado integrante, así como puede ser una ventaja al postular, también puede ser un arma de doble filo: “Te pueden conocer las cosas buenas, pero también descartar fácilmente si no te has desempeñado bien”.

¿Qué perfil querrá el Pleno ante los dos nuevos cupos?

Juan Francisco Cruz, del Observatorio Judicial, cree que sería interesante que a la Segunda Sala ingresara un abogado o abogada del mundo privado especialista en materia tributaria y que es el perfil que tenía María Eugenia Sandoval (que integraba la sala constitucional).

Asimismo, para la Tercera Sala Constitucional, Cruz estima que podría ser un o una especialista en dos temas que son importantes en este tribunal y “que aporte una mirada distinta: derecho medioambiental y temas urbanos”.

Cordero agrega que los dos cupos que se abren no son fáciles. Por ejemplo, Sandoval además de su trayectoria en el área tributaria, también trabajó en la sistematización de los fallos de la Tercera Sala Constitucional, al punto que desde fuera del Poder Judicial seguirá realizando esa labor.

Y, en el caso de Künsemüller, “es una leyenda viva en el derecho penal no solo desde el punto de vista profesional, sino además como profesor. Y él ha estado en una de las salas históricas, donde antes fue parte Enrique Cury, quien también es un símbolo. Entonces, la Corte siempre tendrá que tener un especialista en derecho penal, porque eso viene desde 1997″.

Por ello, dice que en los nuevos cupos para abogados hay tres factores que están en juego: “La especialidad; el género, que es muy relevante porque en los próximos años la Suprema debiera tener paridad, y los equilibrios. Esto, porque aunque lo quieran negar, se trata de las dinámicas que se dan en la negociación entre el gobierno y el Senado”.

Los que lo han intentado

Aunque aún el Pleno no llama a concurso para llenar los cupos de abogados externos que se generaron con la jubilación de Sandoval y Künsemüller –recién se abrió la postulación para el reemplazo de Aránguiz-, una señal de quienes podrían postular está en quienes lo intentaron en 2017 y 2018.

En 2017, en la quina en que fue seleccionado Arturo Prado -quien fue nominado por la exPresidenta Michelle Bachelet– quedaron además seleccionados los abogados Jorge Lagos, María Eugenia Montt, Emilio Pfeffer y Gastón Salinas. 

También concursaron Antonio Barra, Rodrigo Correa, Ángel Cruchaga y el exdefensor nacional Eduardo Sepúlveda Crear, quien en paralelo ha postulado dos veces para ser ministro del Tribunal Constitucional.

Y, en la quina de la que Piñera eligió a Ángela Vivanco en 2018, el Pleno también incluyó a Leonor Etcheberry, quien es abogada integrante de la Suprema, vicepresidenta del Colegio de Abogados y entonces tuvo, incluso, más votos en el Pleno que Vivanco. También, volvió a nominar en esa lista a Jorge Baraona, Emilio Pfeffer y Gastón Salinas.

Los otros postulantes fueron Rosa Clark, Valentina Durán, Héctor Humeres – presidente del Colegio de Abogados-, Ramiro Méndez, Miguel Nacrur, Ania Salinas y Eduardo Sepúlveda.