Aquí 30 pesos y en España un rapero encarcelado… y deje de comparar
La violencia en Cataluña han dado pie a los paralelos con Chile. Pero las diferencias son muchas más que las similitudes, dice John Müller. Tanto en las condenas políticas como en la cobertura de la TV.
En Chile fueron 30 pesos y en España un rapero. España ha vivido violentos disturbios en sus principales ciudades desde que la policía catalana -los Mossos d’Esquadra– encerrara en prisión al rapero Pablo Rivadulla Duro, alias Pablo Hasél, el martes 16 de febrero en cumplimiento de una orden judicial por la acumulación de delitos que incluyen el enaltecimiento del terrorismo y la agresión a un periodista y a un testigo de la Justicia. La violencia destructora de los incidentes, la agresividad de unos jóvenes que han hecho de las siglas ACAB (“all cops are bastards”) su guía y que gritan su deseo de “quemar a un policía” recuerdan los mismos disturbios que ya vivió Cataluña en 2019 y los que siguieron al estallido del 18-O en Chile.
Ahí se acaban las similitudes y empiezan las diferencias.
La policía catalana entró en el campus de la Universidad de Lérida donde Hasél y sus amigos anarquistas se habían hecho fuertes destrozándolo todo a su paso, sin que nadie pusiera el grito en el cielo porque se violara la autonomía universitaria. El rector, apoyado por la mayoría del claustro, lamentó los destrozos, pero no el ingreso de la fuerza pública. La autonomía universitaria es para pensar y crear, no para sustraerse a la acción de la Justicia.
La inmensa mayoría de las fuerzas políticas, incluida la oposición de derechas, han condenado la violencia, excepto Podemos y partidos como Bildu, poblado de personajes que en el pasado pertenecieron o apoyaron a la banda terrorista vasca ETA. El problema es que Podemos no es una fuerza marginal de izquierdas, sino que forma parte del gobierno de coalición con los socialistas y eso ha provocado una discrepancia profunda ante la opinión pública. En las últimas horas, el partido de Pablo Iglesias se ha esforzado por distanciarse de Hasél y su impresentable prontuario, e intentan convertir la discrepancia en un tecnicismo penal.
Los canales de TV, en general, se han cuidado mucho de glorificar la violencia o de crear la sensación de que los disturbios se están produciendo 24 horas al día. No se ha creado así la sensación de que las fuerzas de seguridad están desbordadas o que el gobierno ha perdido el control de la situación. De hecho, los manifestantes violentos han respetado disciplinadamente el horario del toque de queda impuesto por las autoridades sanitarias de las distintas ciudades afectadas.
Aunque no se han hecho encuestas, la impresión es que la mayoría de la población condena los desórdenes y la destrucción que afecta al comercio, un sector muy penalizado por la pandemia y que ha protestado públicamente por los destrozos.
Una manifestante perdió un ojo en Barcelona la primera noche de los disturbios, al parecer por una bala de foam (plumavit) y aunque se han visto imágenes en que la policía se emplea con contundencia con los manifestantes, no hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. En España no hay un instituto independiente que vigile que las operaciones policiales se ajusten a los derechos humanos. Fiscales y jueces se encargan de ello. El portavoz de Podemos pidió una investigación a los Mossos d’Esquadra por este incidente. Los Mossos lamentaron lo ocurrido y anunciaron que harán una indagación informativa.
La crítica del portavoz de Podemos provocó la reacción inmediata de los sindicatos policiales que condenaron la falta de respaldo de los miembros de Podemos que están en el gobierno a la actuación de las fuerzas de seguridad. Los portavoces sindicales destacaron, también, la extrema violencia utilizada por los manifestantes que buscan causar bajas a la policía.
La reacción sindical es significativa porque demuestra como sociedades más complejas tienen múltiples instancias que permiten establecer contrapesos en el debate público. En España, los sindicatos son legales en la policía civil y algunos de ellos tienen fama de ser muy profesionales. Sus portavoces son respetados y participan habitualmente en espacios en radio y televisión.
La Guardia Civil, una policía militarizada muy parecida a los Carabineros en Chile, que actúa especialmente en el ámbito rural, no está autorizada a tener sindicatos. Pero se le permiten las asociaciones profesionales, una especie de sindicalización light, que cuando es necesario saca la voz por sus miembros.