La presidencia de Guillermo Silva en la Suprema en cinco momentos decisivos

Este 1 de marzo deberá encabezar su última ceremonia de inauguración del año judicial. La pandemia, la nueva Constitución y la relación con el TC han marcado su gestión.

Si Guillermo Silva, quien este lunes 1 de marzo inaugura el año judicial 2021 e inicia la cuenta regresiva para el fin de su período- pensó que su primera etapa en la presidencia de la Corte Suprema sería tranquila, se equivocó. Asumió a dos meses del inicio estallido social; en marzo de 2020 comenzó la pandemia, lo que hizo que el Poder Judicial debiera volverse telemático y, desde octubre del año pasado, el país entró en el proceso de elección de la Convención Constituyente para hacer una nueva Constitución.

Pero eso no es todo. La mañana de este viernes 26 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera reunió a los tres poderes del Estado en La Moneda para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur. Silva asistió por el Poder Judicial.

1.El estallido social y la Suprema

Fue su antecesor en la presidencia de la Suprema, Haroldo Brito, quien debió enfrentar los dos primeros meses del estallido social. Ese 18 de octubre de 2019, el Pleno de la Corte estaba en una jornada de reflexión en Punta Arenas y Brito regresó de urgencia a Santiago.

Los próximos días fueron de cientos de audiencias de control detención en las que los jueces de garantía tuvieron un rol clave. Y durante 2020, ya con Silva como presidente -asumió el 6 de enero del año pasado-, la Corte Suprema ha realizado varios levantamientos de información con el fin dar cuenta de las causas que se han tramitado después de 18-O.

En esta tarea, la protagonista ha sido la vocera de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, quien ha trabajado en conjunto con Silva y cuyo nombre es uno de los que podría reemplazarlo en su cargo.

Una de las últimas cifras respecto del 18-O se dio a conocer el pasado 5 de enero, cuando el Poder Judicial le asestó un duro golpe al proyecto de indulto que un grupo se senadores del PPD, el FA y el PC presentó para los detenidos por el estallido social, a quienes ellos definen como presos políticos. 

Así, mientras senadores como Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Cámara Alta, había señalado en una entrevista en Cooperativa que en las cárceles existían “casi 800 personas detenidas” por delitos asociados al estallido social, la vocera de la Corte Suprema cifró en 26 las personas en prisión preventiva y que, de ellas, 17 presentaban condenas previas.

2. Paños fríos al conflicto con el TC

Durante la inauguración del año judicial de 2019, el expresidente de la Corte Suprema Haroldo Brito hizo fuertes críticas al Tribunal Constitución (TC), cuando este era presidido por el ministro Iván Aróstica.

En ese discurso, Brito hizo públicas las discrepancias entre la Suprema y el TC a raíz de la paralización de causas, entre ellas las de violaciones a los derechos humanos que implican a exmilitares, al punto que pidió “superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.

Esa tensa relación entre la Suprema y el TC se mantuvo durante todo 2019, y recrudeció en octubre de ese año -previo al estallido social-, a raíz de un fallo de la Tercera Sala Constitucional, que preside el juez Sergio Muñoz, y en el que en dos de sus párrafos señalaban que las resoluciones del TC podían ser revisadas por la Suprema.

Con el cambio de la presidencia del TC –salió Aróstica y entró María Luisa Brahm-, no solo Brito cambió de actitud, sino que también el Pleno de la Suprema. Y como señal para mejorar la relación con el Tribunal Constitucional –tras la crisis que generó el fallo de la Tercera Sala-, se nominó a un grupo de supremos para visitar a Brahm.

Esa reunión en la sede del TC del 16 de octubre de 2019 la lideró Brito como presidente, pero en ella sumó a otros dos ministros: Jorge Dahm y Guillermo Silva, el sucesor natural a la presidencia de la Suprema.

Así, la presencia de Silva fue leída por jueces y abogados como el espaldarazo que Brito le dio como su sucesor. Y, en adelante, no han vuelto a existir roces entre la Suprema y el TC. Silva, además, tiene un carácter conciliador y es conocido por su bajo perfil. 

Al contrario, los conflictos ante la paralización de causas se trasladaron al TC y generaron una crisis interna.

3. Teleaudiencias y el retiro del 10%

Si el 3 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en Chile, 10 días después el Pleno de la Corte Suprema dictó un autoacordado para regular la forma en que se realizaría el teletrabajo y, además, debutar con el sistema del uso de videoconferencias para audiencias y alegatos.

Era, entonces, una experiencia inédita que se prolongó por todo 2020 y lo que va de 2021. En paralelo, ya declarado el Estado de Catástrofe, el Senado aprobó el proyecto de ley que estableció prórrogas para los procesos judiciales.

Incluso, juicios orales de alta connotación pública, como fue el del homicidio de Camilo Catrillanca, debieron suspenderse. El caso Catrillanca es uno de los varios ejemplos de las dificultades que enfrentó el Poder Judicial con las audiencias virtuales, pues si bien estaba programado para el 17 de marzo de 2020, finalmente se reanudó el 27 de octubre y la condena se conoció el 28 de enero de 2021. 

Otro desafío que enfrentó Silva comenzó en julio de 2020. Porque apenas se aprobó en el Congreso el primero de los dos retiros del 10% desde los fondos que administran las AFP, el Poder Judicial se vio ante una avalancha de causas.

Un ejemplo: a menos de dos semanas de la aprobación del primer retiro, ya habían ingresado 421 mil solicitudes de retención para el pago de pensiones alimentarias adeudadas.

Y después del segundo retiro que aprobó el Congreso, el ingreso de causas aumentó. Esto, luego que al aprobarse la figura de subrogación se definió que el acreedor debe ir a un tribunal para pedir la retención del monto que se pide a la AFP. 

Así, ante la avalancha de causas pendientes, el 10 de diciembre el Departamento de Informática del Poder Judicial abrió un sistema de Trámite Fácil.

4. La Suprema y la nueva Constitución

Cuando Guillermo Silva fue electo presidente de la Corte Suprema, el 18 de diciembre de 2019, había transcurrido casi un mes de la firma del Acuerdo por la Paz que selló el camino hacia una nueva Constitución.

Y si su entonces competencia para la presidencia de la Suprema, el ahora exjuez Lamberto Cisternas, había señalado públicamente que era partidario de una nueva Constitución -pues “el clamor de la ciudadanía es tan grande que deberíamos abocarnos a eso”-, Silva fue extremadamente cauto cuando se le preguntó su postura el día que asumió el cargo.

Ante el rol que debía asumir como presidente de la Corte Suprema ante el proceso constituyente, y tomando distancia con Cisternas, dijo: “Es muy difícil separar el cargo de ministro con la Corte Suprema. Entonces, yo no quiero aventurarme en dar una opinión que a lo mejor mis compañeros no comparten”.

Y añadió sobre pretendía enfrentar el proceso constituyente de la mejor manera posible. “Y en todos los cambios que puedan venir en materia legislativa en que sea necesaria la opinión de la Corte Suprema, la vamos a dar”. Su respuesta se entendió, en varios sectores del Poder Judicial, como más bien pasiva, en el sentido que solo darían su opinión si es que se la preguntaban.

Pero aquello cambió radicalmente el 22 diciembre de 2020. Ahí Silva dio cuenta de las conclusiones que el Pleno elaboró durante las Jornadas Constitucionales del máximo tribunal. “No me imagino un órgano constituyente que no consulte la opinión del Poder Judicial. Sería un absurdo. Querrá decir que vamos a estar muy mal en los inicios de la nueva Constitución”.

Luego, presentó un documento elaborado por el Pleno en el que abordan cuatro puntos que consideran clave para el Poder Judicial en la nueva Carta Fundamental.

5. Cambio en el gobierno judicial

Si Haroldo Brito es uno de los ministros de mayor ascendencia en el gremio de los jueces, fue en la presidencia de Silva que el Pleno de la Suprema dio el visto bueno a un planteamiento histórico de la Asociación Nacional de Magistrados. Y lo hizo dentro del documento de los cuatro puntos sobre el rol del Poder Judicial ante la nueva Constitución.

Se trata de sacar las competencias administrativas y disciplinarias como atribuciones de la Suprema y solo quedarse con su rol jurisdiccional. 

“Es una idea ya antigua, en orden a que la Corte Suprema debe quedar preocupada solamente de lo que dice relación con las materias jurisdiccionales y sacar las materias de administración y gobierno judicial para que pasen a otro organismo que tiene diversas denominaciones”, dijo Silva en diciembre cuando presentó la propuesta del Pleno.

Y agregó: “Estamos porque nos saquen a nosotros las tareas del gobierno judicial de la administración y que los nombramientos de los jueces escapen a los sistemas actuales en los que interviene la Corte Suprema y que los ascensos de los jueces dependan de un órgano externo a nosotros”.