Alza exponencial de recursos contra isapres marca el discurso del presidente de la Suprema

De las 143 mil apelaciones a recursos de protección que llegaron a la Corte Suprema en 2020, 138 mil corresponden a isapres.

Tanto en las cifras que entregó como en el énfasis que dio al tema, el presidente de la Corte Suprema, Guillemo Silva, no se guardó ninguna sutileza para enviar una señal a los poderes políticos sobre la necesidad de que se acelere la reforma a las isapres que sigue pendiente.

En su cuenta pública de este 1 de marzo, la máxima autoridad del Poder Judicial describió el alza exponencial que tuvieron los recursos de protección contra las prestadoras privadas de salud. “Estas cifras nos llevan a reiterar la atención en el fenómeno de la gran judicialización que promueve el marco legal aplicable a las isapres”, dijo en su último balance en ese puesto, pues en diciembre se elige a quien lo sucederá.

La ceremonia se realizó vía zoom y con pocas autoridades en forma presencial y sentadas a distancia: el Presidente Sebastián Piñera; la cabeza del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm; el ministro de Justicia, Hernán Larraín; el contralor Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el defensor nacional subrogante, Marco Montero. Además había dos ministros del máximo tribunal: la vocera, Gloria Ana Chevesich, y el presidente de la Tercera Sala Constitucional, Sergio Muñoz.

Incremento “radical” de causas 

Así, Silva señaló que en las 17 cortes de Apelaciones del país durante 2020 ingresaron 345 mil causas. Y si bien la cifra fue inferior al 2019 en un 33,5%, “tal como en años anteriores, la mayor carga de ingresos estuvo radicada en los recursos de protección, con más de 223 mil ingresos. Entre estos, los asociados a la materia isapres, nuevamente, son aquellos más representativos, con poco más de 208 mil causas”.

Respecto de los términos de causas, el presidente de la Suprema dijo que experimentaron un aumento de 70,5%, con más de 519 mil causas, mientras que las pendientes alcanzaron las 77.800, lo que representa un 70% menos que el 2019. Y agregó que “ambos fenómenos se explican por la resolución de los recursos de protección por isapres que ingresaron concentradamente en los últimos meses del 2019”.

Alza de causas en la Suprema fue de 270% 

Se trata de un fenómeno que repercute directamente en el trabajo del máximo tribunal. Esto, luego de que los ingresos en la Corte Suprema aumentaran radicalmente, en más de un 270%, con más de 154 mil causas. “Este incremento parece explicarse principalmente por las apelaciones a los recursos de protección, que pasaron de poco más de 29 mil ingresos el año 2019 a más de 143 mil durante el 2020, de las cuales 138 mil corresponden a isapres”.

Silva también señaló en su cuenta pública que las causas terminadas en la Corte Suprema alcanzaron las 150 mil, lo que implica un alza del 308,6% respecto al año anterior. “Este aumento se explica por las apelaciones a los recursos de protección de isapres, que ascendieron a más de 134 mil causas. Si se descuentan estas últimas, el aumento de los casos terminados en la Corte Suprema llega al 13,2%”.

Y, sobre las causas que están pendientes en la Suprema, estas superaron las 15.800, lo que representa un incremento del 31,9%. Al respecto, Silva que dijo que, “nuevamente, este fenómeno se explica por las apelaciones de los recursos de protección de isapres, pues si no se consideran estas últimas, el aumento de causas pendientes sería de un 2%”.

Retiro del 10% y deudas en alimentos

Guillermo Silva también abordó las implicancias que, en el contexto de la pandemia, ha tenido para el Poder Judicial el retiro del 10% de los fondos de pensiones, “lo que trajo consigo una herramienta para los acreedores de alimentos generadora de enormes expectativas: la retención de esos fondos en razón de estas deudas”.

Al respecto, calificó como “agolpamiento masivo de personas en los tribunales pidiendo las retenciones de estos fondos por concepto de deudas de alimentos”. Dijo que aquello es “reflejo de un problema que trasciende, con creces, la sola contingencia actual pandémica. Un problema sistémico cuya solución no radica en el solo empuje del Poder Judicial en su compleja fase de cumplimiento”.

En cifras, esto se tradujo en que se presentaron más de 636 mil escritos desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional (para el retiro anticipado del 10% de pensiones) y más de 533 mil medidas cautelares decretadas en orden a retener los fondos.

Para Silva, este elevado número de peticiones refleja que “debemos asumir el problema de los alimentos y en especial aquellos destinados a la mantención de niños, niñas y adolescentes como un tema de Estado, con una visión sistémica, que implique la superación del concepto de las deudas alimenticias como una simple obligación civil que se pone a la fila de las restantes”

Añadió que se trata “de un deber moral de la mayor trascendencia, en que están involucradas desigualdades de género y que invita a la acción de los órganos co legisladores, de la que siempre seremos colaboradores”.