En Chile nadie escucha a nadie y por eso suben los decibeles

“En Chile, la violencia ha adquirido tal nivel de legitimidad social que cualquier intento de contenerla por la fuerza supone costos que al menos este gobierno no está dispuesto a afrontar”, dice John Müller.

Uno de los grandes problemas de la política chilena es que nadie escucha a nadie. A veces parece que te escuchan, pero tampoco se puede asegurar que te entiendan. Y esto ocurre a muy distintos niveles. Por eso, cuando se plantean complejas hipótesis sociológicas sobre las razones de fondo del estallido social del 18-O, del conflicto en la Araucanía o del retorno a clases, lo mejor es aplicar el principio de la navaja de Guillermo de Occam: “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”.

Entonces, ¿por qué tal conflicto ha alcanzado un nivel de decibeles que desborda lo normal? Pues porque quien tenía que escuchar no lo ha hecho. Y si no se escucha, no hay forma de detectar los intereses que están en juego en un conflicto y menos determinar si son legítimos o no.

Por eso, el episodio ocurrido el viernes en La Moneda cuando el Presidente y sus ministros dejaron hablando sola a la presidenta del Senado es tan significativo. En él se resume una política que no merece tal nombre. Y que esto ocurra con un gobierno que ha sentido como ningún otro que ha estado a la intemperie, olvidado de la mano de Dios en momentos críticos, que ha notado la ausencia de otros poderes del Estado en coyunturas muy graves, que ha notado la desafección de sus propias filas y de las ajenas, es de una torpeza inaudita.

Incomprensible, además, cuando pocos días antes el Presidente Sebastián Piñera había probado las mieles del acuerdo cuando zanjó el tema del regreso a clases con una hábil envolvente sobre el Colegio de Profesores con el apoyo de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Pero nadie vuelve a una casa donde es mal tratado. Así que la dificultad que van a tener esos ministros que se daban codazos con el Presidente para tejer acuerdos en el futuro probablemente vaya a ser considerable.

Con la llegada de marzo cambia el tono vital del país. Los políticos ya están en sus puestos reclamando la atención de los medios de comunicación. El proceso de vacunación, con altibajos, se desenvuelve con normalidad. El diario británico The Guardian, de centroizquierda, le dedicaba a Chile este fin de semana un titular muy buscado por el Gobierno: “Chile emerges as global leader in Covid inoculations with ‘pragmatic strategy'” (Chile surge como líder global de vacunaciones Covid con una “estrategia pragmática”). Es el objetivo más importante del Gobierno y si sale bien podría indultar muchos de los errores cometidos en estos tres años.

El ministro de Hacienda adelantaba este domingo en La Tercera que el Gobierno prepara medidas para sostener las rentas de los chilenos afectados por la pandemia. Más importante aún, Rodrigo Cerda indicó que ya tienen identificados, listos y autorizados para empezar a ocuparse más del 90% de los 12 mil millones de dólares de inversión pública considerados en el Presupuesto de 2021.

Si la vacunación y la reactivación económica avanzan en paralelo, el escenario en septiembre próximo puede ser muy distinto al que hoy está sobre la mesa.

La agenda legislativa viene cargada. Por un lado, está el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. En el Gobierno hay dos percepciones: una que considera que la viabilidad política de esta iniciativa es real, puesto que al estar en un año electoral el espíritu de fronda anda suelto, y otra que considera que tras la decisión del Tribunal Constitucional esa posibilidad ha quedado muy disminuida.

En esta primera semana de marzo un asunto de discusión será el desdoblamiento de la jornada de votación del 11 de abril que debe ser tratado aceleradamente porque la fecha está muy próxima. La campaña de la constituyente ya está prácticamente lanzada y se oyen todo tipo de cosas desde las candidaturas más diversas.

Con todo, el conflicto de La Araucanía sigue siendo el asunto más grave que está sobre la mesa. El trabajo político que hay que hacer es todavía ingente, porque el Gobierno lleva dos años pasmado tras la muerte de Camilo Catrillanca. Quedan por documentar hechos y procesos. El fracaso de los procedimientos policiales es un dato que no debería obviarse.

La discusión sobre la aplicación del estado de sitio cayó por su propio peso: en Chile, la violencia ha adquirido tal nivel de legitimidad social que cualquier intento de contenerla por la fuerza supone costos que al menos este gobierno no está dispuesto a afrontar.

El país ya ha coqueteado con la fuerza como mecanismo de solución de controversias en varias fases del siglo XX. De esa confrontación se salió apostando por el mecanismo electoral que fijaba el “cronograma” de la Constitución de 1980. Quizá no sea tan mala idea tener una sobredosis de votaciones en 2021 para arrinconar el recurso de la violencia dentro del retablo de legitimidades.