Nuevo ministerio y cupos en el Congreso: los otros planes del Gobierno con los pueblos originarios

Hasta ahora, el foco en La Araucanía ha sido la seguridad. Hay otra línea de acción esperando.

Por el momento no habrá estado de sitio en La Araucanía. Así lo transmitieron los ministros del Comité Político a los personeros de Chile Vamos que asistieron este lunes a la reunión de coordinación por el inicio del nuevo año legislativo, en La Moneda. El titular de Interior, Rodrigo Delgado, reiteró a los parlamentarios que con los instrumentos legales que tenían y con la actual colaboración del Ejército podrían seguir avanzando por el momento, pues en todo el país rige el Estado de Catástrofe. Este año, y hasta ahora, el foco para abordar la crisis en la Macrozona Sur ha estado puesto en el eje de seguridad. En paralelo hay toda otra línea de acción que sigue en suspenso: la del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Ahí también tienen una hoja de ruta para abordar las relaciones con los pueblos originarios, pero fuentes del mismo ministerio reconocen que están a la espera de mayores instrucciones del Presidente Sebastián Piñera, que llamó a un acuerdo nacional a principios de la semana pasada y encabezó las primeras reuniones relacionadas en los últimos días. Aún no ha existido una orientación concreta por parte del Mandatario que aborde ese otro punto. Pero ya hay al menos tres ejes en los que la cartera que dirige Karla Rubilar pondrá el foco en este último año de Gobierno: reconocimiento institucional de los pueblos originarios, políticas de desarrollo productivo y revisión del tema de la entrega de tierras.

Qué pasó con el Ministerio de Asuntos Indígenas

El compromiso de avanzar con un ministerio especial y un Consejo de Pueblos es de 2016, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ingresó un proyecto que está actualmente en su segundo trámite, en el Senado. En 2018, Piñera y el entonces ministro Alfredo Moreno anunciaron que le pondrían urgencia a la iniciativa y un año después le ingresaron indicaciones. Eso fue lo último que se supo. Luego pasaron dos ministros en el medio, el estallido social y la pandemia, y en agosto de 2020 la discusión sobre La Araucanía volvió a tomar fuerza. Así se apuró la reforma de escaños reservados en la Convención Constitucional y resurgió la necesidad de contar con institucionalidad para canalizar las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado.

¿Por qué no se ha avanzado? En La Moneda aseguran que hay consenso con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, pero no con el Consejo de Pueblos. Y en Desarrollo Social consideran que ambos entes deberían ir ligados, por lo que no se podría aprobar uno sin el otro. El rol que busca el Gobierno para el Consejo de Pueblos es que pueda hacerse cargo de las consultas indígenas. El problema es que, según el levantamiento que ha hecho el MDS, no todas las comunidades indígenas respaldan su creación, a pesar de que había sido aprobado mediante una consulta que se llevó a cabo en 2015. Y algunos representantes hacen más ruido que otros.

Parte de los detractores: el Consejo Político Mapuche de Chile Vamos y Enama, representados por Hugo Alcamán. El dirigente afirma a PAUTA que están en contra porque “la propuesta no nació de los pueblos originarios, sino de políticos de izquierda y derecha que tienen intereses económicos; no responde a la idiosincrasia ni a la tradición ancestral mapuche que no tiene organización vertical y es solo consultivo y sus acuerdos no son vinculantes”.

Esas objeciones son parte de las que harían “ruido” a algunos parlamentarios en sector y que habrían impedido el consenso. No obstante, la bancada transversal por La Araucanía, en la Cámara de Diputados, apoyaba la iniciativa. 

Pero en algo coincide Alcamán con diputados y senadores de oposición, e incluso con personeros de Gobierno: que la representación de los pueblos originarios debe asegurarse mediante congresistas indígenas. Y hacia allá se dirige la discusión. 

¿Escaños reservados en el Congreso?

Cupos garantizados para parlamentarios de pueblos originarios. Esa es la reforma que el Gobierno no impulsará -de acuerdo con lo que comentan en La Moneda-, pero esperan que pueda darse en los últimos 12 meses de gestión de Piñera. La experiencia de Nueva Zelanda con el pueblo maorí es la más nombrada: 7 de los 120 escaños están reservados para ellos. 

En el Congreso ya hay un proyecto que los senadores del PPD Adriana Muñoz y Jaime Quintana, los PS Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti y Alejandro Navarro (PRO) ingresaron en 2017, que va en esa línea pero no especifica ningún número de escaños.

“Es un tema perfectamente posible de debatir y resolver este año, porque va en la línea de lo que se hizo con los escaños reservados para el proceso constituyente, pero además porque existen mociones en el Senado, hay una de nuestra autoría que está esperando discutirse. Le he pedido a la ministra que le ponga algún tipo de urgencia”, comenta Quintana a este medio.

Pero ojo: el proyecto no es solo respaldado en la oposición. Hay varios parlamentarios de Renovación Nacional, como los RN José García Ruminot o Miguel Mellado, que también lo ven favorablemente. Donde hay diferencias es en el momento. Mellado asegura que la Convención Constitucional resolverá esos escaños. Ruminot propone evaluar la experiencia del órgano constituyente -que ya cuenta con cupos reservados-, para recién ahí legislar al respecto.

“Somos varios los parlamentarios que nos hemos pronunciado a favor. Será muy importante ver la participación de pueblos originarios en la elección de constituyentes para evaluar igual iniciativa en el Parlamento”, dice García Ruminot a PAUTA.

En cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos, Desarrollo Social apuesta a que esa discusión la den los mismos representantes indígenas en la Convención Constitucional. No obstante, este martes avanzaría en la sala del Senado, lo que ya es considerado como un gran logro en ese sentido: el feriado del 24 de junio, que recordará el Día nacional de los pueblos indígenas.

A dónde van los recursos y las tierras

Los tres puntos anteriores fijan la ruta de la institucionalidad, pero hay también toda una rama relacionada con el desarrollo de las comunidades. A principios de febrero, el Banco Interamericano de Desarrollo le aseguró a Desarrollo Social 500 mil dólares “para la promoción de la economía y el desarrollo de los pueblos indígenas que habitan en Chile”. El fin de los recursos es contratar estudios para evaluar cómo se hace la politica productiva de desarrollo indigena, en el sentido de encontrar la forma de fomentar la productividad de las comunidades en base a criterios claros; y también ver la posibilidad de materializar proyectos como universidades indígenas, asociadas a esas mismas políticas, como ocurre con el mismo caso de los maorís. 

El último punto: generar una solución para el problema de la entrega de tierras. La idea de Rubilar es materializar finalmente una “Comisión de Tierras”, o algún ente encargado de averiguar cuánto se ha entregado, cuánta deuda queda y si el mecanismo de compra de tierras es realmente útil, entre otras cosas.

En 2019, los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Kast (Evópoli) presentaron una propuesta que abordaba ese conflicto. y que buscaba la creación de una mesa paritaria, entre el mundo indígena y el no indígena, para llegar a una solución. Ese mismo año, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos ingresó un requerimiento a Contraloría para transparentar la política de entrega de tierras y sus cifras. Hasta ahora no han recibido respuesta.