¿Abogados integrantes o ministros suplentes?

El presidente del gremio de magistrados, Mauricio Olave, dice se debe eliminar la figura: “El maridaje es muy complejo: un día el abogado está integrando, y al otro puede estar de litigante”. La Suprema ya distribuyó los nombres en sus salas.

El pasado 1 de marzo, vía Zoom, juraron los 12 nuevos abogados y abogadas integrantes que el Presidente Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Justicia, escogió para cubrir las ausencia de ministros de la Corte Suprema para el período 2021-2023. Son nombres que se eligen tras una propuesta de ternas del Pleno, pero que quedan a criterio del Ejecutivo de turno.

También juraron los 95 abogados y abogadas integrantes para las 17 cortes de Apelaciones del país. 

En el caso de los nominados para la Suprema, este año en el perfil de quienes litigan, destacan en su mayoría las áreas comercial, laboral y corporativa. También hay otro grupo, más pequeño, que se dedica a la academia. Todos actuarán, en algún momento del año, en la misma calidad de un juez: escuchando alegatos, votando y fallando.

Incluso, se prevé que en 2021 los abogados integrantes -figura que es fuertemente cuestionada por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados– eventualmente podría ser mayor que la de años anteriores en la Suprema. La razón: habrá ausencias prolongadas de cuatro ministros que son parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y que, a partir del 11 abril, deberán encargarse de calificar las cuatro elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales (Gore).

Se trata de Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco y Jorge Dahm. Estos cuatro jueces están en comisión de servicio desde enero -y se les acaba de renovar la autorización hasta el 12 de marzo-, debido a que están dedicado a revisar las más de 800 reclamaciones que han llegado al Tricel por impugnaciones a candidaturas a los cuatro cargos que se elegirán en abril.

Gremio de los jueces: “No se justifican”

Durante las últimas semanas, por vacaciones de jueces o comisiones de servicio en el Tricel-, el Pleno de la Corte Suprema ha recurrido a ministros suplentes de cortes de Apelaciones. Entre ellos, Dobra Lusic, Raúl Mera, Mario Gómez, Jorge Zepeda, Roberto Contreras y Juan Muñoz Pardo. 

Que las ausencias se suplan con ministros de Corte y no abogados integrantes es la propuesta con que la Asociación Nacional de Magistrados ha insistido durante años. Incluso su presidente, Mauricio Olave, considera que el proceso constituyente es la oportunidad de eliminar una institución que existe desde 1824.

Aunque los abogados integrantes son llamados cuando un juez no puede estar en sala, Olave dice que, finalmente, “son una institución que está todo el año. Y esto lo hemos dicho hace mucho: no se justifican”.

Explica sus razones: “Siendo un cargo tan importante, porque sus decisiones pesan tanto como la de un ministro de Corte de Apelaciones o Corte Suprema, el sistema no es transparente, porque no hay concurso público. Si bien las cortes elaboran las ternas, a veces ni siquiera postulan, porque hay cortes en que el relator del Pleno hace un listado de abogados. Por ello, no se someten al régimen a que sí nos sometemos los jueces”.

Según Olave, cuando el Ejecutivo los elige, “no hay ningún criterio objetivo, entonces el sistema es muy opaco y se produce este maridaje que es muy complejo para la independencia y la imparcialidad: un día el abogado está integrando, y al otro puede estar de litigante. A veces las cortes toman las precauciones, pero es muy complejo”.

Y dice que la situación puede ser aún más compleja en cortes de comunidades jurídicas pequeñas: “¿Qué pasa, por ejemplo, en Coyhaique o Iquique? Esto es lo que nos parece impropio, porque obviamente que tienen conflictos de interés, pues son abogados que litigan”.

Añade que la norma que los rige -la institución la contempla el Código Orgánico de Tribunales– no les impide litigar. “Si a lo menos existiera la regla que dijera que las personas nombradas no podrán litigar en la misma corte, quizás podría tener algún sentido. Por eso asta y otras cosas tienen que ser resueltas por el constituyente y organizar la judicatura en Chile de manera sustancialmente distinta”.

Respecto de los proyectos de ley que se han presentado para su eliminación, Olave dice que como asociación han ido varias veces a exponer al Congreso pero que, finalmente, “todos terminan archivados”.

Sus sueldos y las salas en que serán jueces

Los abogados integrantes ganan por audiencia, la que se calcula en base al sueldo bruto de los ministros de la Corte Suprema (equivalente a la remuneración de un ministro de Estado).

Así, si integran una vez la Corte Suprema ganan $ 308.708. Pero si el mismo abogado integrara todos los días una sala -situación que no ocurre-, técnicamente podría llegar a alcanzar el sueldo mensual de un supremo: $ 9.261.240. 

El 3 de marzo pasado, con la lista que le envió el Ministerio de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema distribuyó a las y los abogados integrantes en cada una de sus cuatro salas. Se trata de un trámite habitual, que se realiza de acuerdo con el artículo 217 del Código Orgánico de Tribunales.

En el acta de distribución de salas quedó consignado el voto en contra de los ministros Arturo Prado y María Angélica Repetto, quienes estimaron que las designaciones debían ser “atendiendo a la especialidad de cada uno de los abogados integrantes nominados, para determinar la o las salas que integrarán con preferencia”.

Las designaciones, a su vez, tienen un orden preferente que tiene relación directa con la nómina que envió el Gobierno. Es decir, integrarán cada una de las salas “en lugar de precedencia”. Esto significa que el primero o primera de la lista, en caso de que se requiera su presencia en la Suprema, será llamado. Y así sucesivamente.

Los nombramientos quedaron así:

Primera Sala Civil, presidida por Rosa María Maggi: Antonio Munita Luco, socio del estudio Munita Luco y con especialidad en negocios; laboralista Héctor Humeres, presidente del Colegio de Abogados, y Patricio Fuentes Mechasqui, profesor de derecho privado de la Universidad de Chile.

Segunda Sala Penal, presidida por Haroldo Brito: las académicas de derecho procesal de la Universidad de Chile Pía Tavolari Goycoolea y Carolina Coppo Diez, además del especialista en asesorías corporativas, tributarias y litigios comerciales Ricardo Abuauad.

Tercera Sala Constitucional, presidida por Sergio Muñoz: Ricardo Alcalde Rodríguez, socio del estudio Marinovic & Alcalde, profesor de derecho civil de la Universidad Católica y quien fue litigante en los casos Cascadas y La Polar mientras era socio del estudio Philippi. En segundo lugar, Pedro Águila Yáñez, exabogado del expresidente de SQM Julio Ponce Lerou; y María Angélica Benavides, especialista en derecho internacional público y derechos humanos y directora de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae.

Cuarta Sala Laboral, presidida por Ricardo Blanco: María Cristina Gajardo, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Derecho de la Universidad de Chile; Gonzalo Ruz Lártiga, profesor de la Universidad Autónoma y máster en derecho de negocios y doctor en derecho privado, y Leonor Etcheberry Court, vicepresidenta del Colegio de Abogados y profesora de derecho en la UC.