Aplazamiento electoral: un fracaso colectivo

La pregunta clave de este asunto es que si las elecciones son tan importantes, ¿por qué no se adoptaron estas medidas hace cinco semanas? ¿Nadie lo vio venir? Es lo que se pregunta John Müller.

“No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo”, decía Albert Einstein. El gobierno de Sebastián Piñera ha decidido solicitar al Congreso que apruebe una reforma constitucional para aplazar cinco semanas, hasta el 15 y 16 de mayo, las elecciones previstas para abril. La oposición inicialmente se resiste, pero acabará cediendo -con algún matiz- al criterio de los expertos, entre ellos el Colegio Médico, que apoyan la decisión al igual que el 73% de la población según la encuesta Cadem.

En realidad, si seguimos el razonamiento de Einstein, lo novedoso en esta coyuntura no es el aplazamiento, sino el endurecimiento de las restricciones a la movilidad de los chilenos. Y ahí surge la pregunta clave de este asunto: Si tan importantes son las elecciones, ¿por qué no se adoptaron estas medidas hace cinco semanas? ¿Nadie lo vio venir?

Se puede acusar de inacción al gobierno, pero también de escasa visión a los expertos. Estos se dividieron entre los ingenieros que apostaban a la primacía del acto electoral sobre la salud (“no podemos poner la democracia en el congelador” dijo Espacio Público) y a los biólogos que prefirieron apostar a ver cómo evolucionaba la situación hasta dos semanas antes de la votación, cuando ya no hay margen de maniobra. Casi nadie recomendó un confinamiento estricto en la segunda semana de marzo y menos en febrero, que habría sido lo indicado.

El gobierno, además, decidió curarse en salud. Ahí juega un papel importante el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Éste se ha convertido en la voz de la derecha que va marcando la postura sanitaria más exigente que podría asumir el gobierno. Así, el 15 de marzo, fue el primero en hablar de que había que considerar seriamente el aplazamiento de las elecciones si las condiciones sanitarias no mejoraban.

Dos días después, Izkia Siches, la presidenta del Colegio de Médicos, dijo en Primera Pauta, de Radio PAUTA, que el Gobierno debía, dos semanas antes de las elecciones, “evaluar si el nivel de ocupación de camas superaba el 95% y el aumento de casos” para tomar una decisión extrema. En esas circunstancias, añadió Siches, “lo más probable es que Gobierno tenga que apretar el botón rojo del confinamiento total”.

Pero los hechos son que el día anterior, el 16 de marzo, Tomás Regueira, integrante del equipo de Gestión Clínica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, confirmó también en Primera Pauta que la ocupación de camas UCI ya estaba “entre un 94% y un 95%”. En vez de que ese 95% actuara como una alarma que activara automáticamente un confinamiento total del país, el Gobierno siguió apostando a que la incidencia de la enfermedad bajaría.

De hecho, una mínima lógica de prevención de riesgos hubiera establecido un calendario público de restricciones ligadas a la disponibilidad nacional de camas UCI, donde medidas mucho más duras deberían haber ido entrando en vigor a medida que la ocupación pasaba por el 60% o el 75% antes de llegar al fatídico 95%. De hecho, adoptar restricciones con un 95% de ocupación de camas equivale a llamar a los bomberos cuando la casa ya arde por los cuatro costados.

Claramente los parámetros fueron mal valorados por el Ejecutivo y las restricciones debieron adoptarse antes. El gobierno fue incapaz de aplicarse el mismo principio que el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, formuló al menos en dos ocasiones, en octubre con motivo del plebiscito y en febrero, para justificar que el Gobierno no pudiera facilitar el voto de personas contagiadas o sometidas a aislamiento: “Si alguien quiere ejercer el derecho, que lo tiene, entonces tiene que cuidarse al máximo”.

Ahora entra en juego un actor adicional en los confinamientos duros. Una enseñanza que dejó la pandemia en 2020 es que para confinarse con eficacia hay que ser ricos. Argentina hizo uno de los confinamientos más largos y no fue eficaz. El porcentaje de economía informal, de personas que deben ganarse la vida a diario, es un poderoso incentivo para saltarse las restricciones.