El acuerdo no cumplido que salvó el aplazamiento de las elecciones en la Cámara

Los comicios se postergan cinco semanas, pero las campañas quedan suspendidas. Todo a costa de un compromiso no respetado. Ahora viene el Senado.

La de este miércoles fue otra historia de acuerdos no cumplidos en la Cámara de Diputados. El escenario esta vez fue la votación del aplazamiento de las elecciones, que se logró, pero a costa de un compromiso entre oficialismo y parte de la oposición que, según cuentan desde la UDI y Evópoli, no fue respetado. 

Una parte de Chile Vamos había aclarado que no estarían los votos para la suspensión total de la campaña, como proponía el Ejecutivo y como ya había respaldado la oposición. Pero una parte de la centroizquierda, al mismo tiempo, aseguraba que no estarían los votos para postergar los comicios si no había suspensión de esas campañas. Un rato antes de la votación se encontró un punto medio, o así lo creyó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), que en la sala retiró una indicación que complicaría la tramitación de ese punto en la Cámara Baja, para hacer más expedito el despacho.

El resultado: no hubo tal acuerdo, se aplazarán las elecciones, los alcaldes subrogantes se mantendrán en sus posiciones y se suspenderán las campañas hasta el 28 de abril. Al menos hasta que el texto llegue a manos de los senadores. 

Tres brigadistas y un acuerdo

La historia se entiende mirando la escena 18 horas antes. “Corre peligro el proyecto entero”, decía en la comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución el diputado Luis Rocafull (PS) pasadas las 21:00 del martes 30 de marzo, luego de todo un día de debate sobre el aplazamiento de las elecciones. El problema era que buena parte de los diputados de Chile Vamos votó en contra de la propuesta del mismo Ejecutivo de suspender las campañas desde promulgada la reforma hasta el 28 de abril. La razón: suspender las campañas perjudicaba a los rostros nuevos, pues los candidatos más conocidos podían aparecer con más facilidades en medios de comunicación y seguir posicionándose.

En ese escenario, diputadas de oposición como Andrea Parra (PPD) y Camila Vallejo (PC) criticaron que lo que el oficialismo intentaba era aplazar elecciones sin la postergación de las campañas, y que sin esa condición no estarían los votos en la sala para fijar otra fecha para los comicios. Para ellas, la razón para suspender las campañas obedecía, mayormente, a que los más beneficiados serían quienes más recursos tuvieran para seguir inyectando a sus despliegues.

La norma que llegó a la sala de la Cámara era justo lo que quería la mayor parte de los diputados de oposición presentes en la comisión: prohibición del casa a casa, ir a ferias libres, propaganda en radio o prensa escrita, aunque con la mantención de carteles en espacios privados. 

Pero el oficialismo continuó alegando, argumentando que no estarían en la sala los votos para suspender las campañas y el clima se mantuvo enrarecido hasta la votación. De hecho, previo a emitir los votos, los diputados pidieron suspensión de la sesión para hacer una reunión de comité y lograr un “acuerdo político” antes de terminar el trámite. 

El acuerdo político: aprobar una indicación de los RN Karin Luck, Andrés Longton y Gonzalo Fuenzalida, que implicaba que hubiera una extensión del período de campaña desde el 14 de abril hasta el 13 de mayo, plazo en el cual solo tres brigadistas por candidato podrían desplegarse en terreno.

A cambio, la UDI retiraría la petición de votación separada para rechazar el numeral que consagraba la suspensión de las campañas y que habían rechazado la noche del martes.

Lo que en realidad pasó

La UDI cumplió. Pero la votación del punto de los brigadistas demostró que en realidad no había un acuerdo tan firme: recibió 73 respaldos, 71 rechazos y 2 abstenciones. Necesitaba el voto de 92 diputados. 

“Estaban los votos. Si accedimos a retirar la indicación porque había un acuerdo, lo mínimo que esperaba es que este acuerdo se cumpliera. Desde la oposición, exceptúo al PS porque sí cumplió, dejaron mucho que desear”, dijo Coloma a la salida de la sesión. 

En esa reunión de comité estaban presentes la mayoría de los jefes de bancada de los partidos y otros diputados como Andrea Parra (PPD), Maya Fernández (PS) y Manuel Monsalve (PS).  Según lo que cuentan desde el oficialismo, los presentes que suscribieron el acuerdo no lo hicieron a nombre de las bancadas en general. Sí hubo algunas sorpresas: la UDI y Evópoli entendieron de aquella reunión que el PS concurriría con 17 votos, pero cinco de los diputados no aprobaron la propuesta.

De acuerdo con la versión de esas mismas fuentes, el jefe de bancada del PPD Raúl Soto también habría deslizado que “podría ser”, pero no lo confirmó. Parra se habría negado. El FRVS no sabía de ningún acuerdo, la DC aclaró en sala que no suscribiría nada que pusiera en peligro la salud de los brigadistas, y el PR tampoco acudió al acuerdo. Ni siquiera RN lo apoyó por completo: seis de sus diputados votaron en contra.

Así se cayó.

“Al parecer, no se cumplió por parte de algunos. No se reunió la votación. Eso no habla bien de aquellos que se comprometieron a dicho acuerdo, con la reserva de que muchos no concurrieron y no se sintieron parte de él. Pero habría sido una buena medida porque establecía un punto medio”, comenta a PAUTA el diputado Andrés Longton, autor de la indicación en cuestión.

Lo que se aprobó

El calendario que propuso el Ejecutivo solo se mantuvo en su primer punto: para el 15 y 16 de mayo estarán fijadas las elecciones de convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. La segunda vuelta de los GORE será el 13 de junio. En cuanto a las primarias presidenciales, quedaron para el 18 de julio y la inscripción a estas, por tanto, será el 20 de mayo, dos meses antes. Aquello soluciona el problema que Daniel Jadue y Evelyn Matthei tenían previamente.

En cuanto a los alcaldes, también se aprobó la norma que impide que vuelvan a sus cargos y mantiene la subrogancia si renunciaron para competir por la reelección, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, que buscaba que nuevamente asumieran el puesto.

Y en cuanto a las fechas, todo bien. Los puntos más complejos de la discusión giraron en torno a otros ejes. Son alrededor de $30 mil millones de pesos los que calcula el Ejecutivo que costaría el transporte público gratuito en dos días de elecciones, indicación de un grupo de diputados de oposición que se aprobó en la madrugada de este miércoles 31 de marzo, durante la tramitación de la comisión. También se sumaron a esta petición los diputados Andrés Longton (RN), y los UDI Juan Antonio Coloma e Issa Kort, quien presentó su propia indicación. 

El ministro de la Segpres Juan José Ossa intervino en la sala para asegurar que el Gobierno comprometía Metro, Merval y Biotren gratuitos -“entre otros”- para los días de los comicios, y finalmente ese punto dentro del proyecto se cayó.

En sala se rechazó otro de los puntos polémicos: que desde la publicación de la reforma hasta el 16 de mayo solo van funcionaran establecimientos comerciales “esenciales” de acuerdo al plan Paso a Paso, en todo el territorio, también objetado por Ossa pues le daría rango constitucional y “el Plan Paso a Paso corresponde que sea ejecutado por el Ejecutivo”, según explicó.

Pero sí se aprobó una norma que permite que los créditos contratados por candidatos y partidos políticos con instituciones del sistema financiero no devenguen intereses durante la suspensión de la campaña.

También se aprobó que la franja televisiva remanente se emita en los días correspondientes previos a la nueva fecha de los comicios, que el Servel deberá informar sobre el nuevo calendario entre el 8 de abril y el 13 de mayo en conjunto con Anatel; se mantendrá la recepción de aportes de campaña, el padrón electoral queda congelado y se prorrogan automáticamente los permisos sin goce de sueldo o feriado legal que hayan solicitado los candidatos y candidatas, tanto del sector público como del privado.

El proyecto pasa a su segundo trámite en el Senado.