Las esquirlas que abre la detención del funcionario judicial con un arsenal en Traiguén

J.P.P.V fue formalizado por tenencia ilegal de municiones, fusiles, explosivos, una subametralladora y diversas armas. Quedó en prisión preventiva.

Que es un funcionario judicial encargado de las actas del Juzgado de Garantía de Traiguén, que al verlo trabajar es “una persona correcta” y que, además, es bombero, por lo que “ejerce una labor pública tanto remunerada como gratuita”.

Junto con los argumentos legales, estas fueron tres de las características con que los defensores públicos de J.P.P.V -quien fue detenido la noche del lunes 5 abril en su casa de Traiguén-, intentaron de que no fuera considerado “un peligro para la sociedad”. Así había pedido calificarlo la Fiscalía y el Ministerio del Interior para que quedara en prisión preventiva por cuatro infracciones a la Ley de control de armas. Esto, luego de que se le incautaran en su domicilio 650 municiones de distinto calibre, explosivos, un revólver con su número de serie borrado, un fusil, un rifle, dos cargadores, una subametralladora y otras armas de fuego.

La jueza de garantía de Traiguén, Sandra Nahuelcura, dictó su prisión preventiva luego de que J.P.P.V. fuera formalizado por el fiscal de Collipulli Enrique Vásquez, considerando la gravedad de los hechos y la eventual pena que arriesga. Fue la magistrada quien, durante la audiencia de control de detención y la formalización, acogió una petición de la defensa a fin de que no se divulgara ni el rostro ni el nombre del imputado.

Finalmente, el funcionario judicial, que se supo que es hijo del exgobernador de Malleco Guillermo Pierce durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue formalizado por el Ministerio Público por tenencia ilegal de municiones, armas, arma prohibida y de explosivos, además de una infracción a la ley de drogas por tener clonazepan sin acreditarse hasta ahora receta médica. 

Iban por drogas, salieron con armas

El caso partió con una denuncia anónima del 24 de febrero de 2021 que llegó a la Fiscalía de Traiguén por infracción a Ley de Drogas, en la que se daba cuenta que en la casa del ahora imputado podría haber plantaciones de marihuana, por lo que envió una orden de investigar al OS-7 de Carabineros.

Fue durante la tramitación de esta orden, explicó el fiscal regional de La Araucanía suplente, Alberto Chiffelle, que el lunes 5 de abril llegó el OS-7 a la casa de J.P.P.V. Y, cuando le pidieron ingresar, fue que se identificó como funcionario del Poder Judicial y negó el ingreso, pues es un derecho.

Sin embargo, añadió Chifelle horas antes de la audiencia de formalización, a los funcionarios de OS-7 les llamó la atención que el dueño de casa hiciera distintos movimientos en el patio. Por ello, pidieron una orden de entrada y de registro al tribunal de garantía y se llegó al arsenal encontrado.

“Fue así como se encontró en el patio del inmueble un revolver con el número de registro borrado. En el patio del vecino, que eran los movimientos que observó el personal policial, se encontró un fusil, un rifle, TNT, es decir explosivos, cargadores y una pistola Colt. Además, en una bodega (de la casa) se halló una subametralladora con dos cargadores, un bolso tipo municionero con gran cantidad de municiones de distintos calibres y compatible con el armamento encontrado”, dijo Chiffelle.

Y adelantó datos que luego el fiscal Vásquez relató durante la formalización: “También se encontró mecha detonadora, es decir, para hacer explotar el TNT”.

Líneas de investigación

Tras el hallazgo, Chiffelle señaló que el fiscal de Collipulli, Enrique Vásquez, quedó a cargo de la investigación. Y que dado el tipo de armas, la indagatoria tendrá varias líneas de investigación para averiguar si han sido usadas tanto en delitos en la región de La Araucanía como en otras zonas.

“Todas las aristas se van a investigar. No solo centradas en delitos de violencia rural, sino también en delitos comunes, como robos, asaltos, etcétera”, precisó. La investigación también abordará si existe alguna arista que relacione el trabajo del imputado como funcionario judicial. 

Justamente sobre este último punto se refirió la vocera de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, quien dijo que la formalización del funcionario del Juzgado de Garantía de Traiguén “es grave”. Y añadió que “como Poder Judicial garantizamos la total transparencia y acceso a la información para que el Ministerio Público pueda hacer una completa investigación”.

La vocera reveló también que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco se reunió en forma extraordinaria y ordenó la apertura de una investigación en contra del funcionario judicial. Y añadió que el tribunal donde trabaja bloqueó tanto su cuenta de correo como las claves de acceso como medida de resguardo de toda la información.

Galli: “El armamento es sumamente peligroso”

Tras la detención de J.P.P.V., el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, viajó hasta la región de La Araucanía. Y dijo que el armamento incautado en Traiguén “es sumamente peligroso” y que es “diseñado para la guerra, por lo que están totalmente prohibidos en nuestro país”.

Se refirió, específicamente, a una de las armas calibre 7.62, que tiene “una velocidad inicial de 860 metros por segundo, puede dar en un blanco a mil metros y una capacidad de disparo a 3 mil metros”. Y añadió que, dada la cantidad que tenía el imputado, que “perfectamente puede provocar la muerte de más de 600 personas”.

Galli recordó que en los crímenes del cabo Eugenio Naín y del oficial de la PDI Luis Morales “hubo presencia de armas de ese mismo calibre”, pero que será la investigación de la fiscalía “la que determinará si corresponde a esta misma munición o armas o en que otro tipo de delitos pudo haberse involucrado”.