Unicef: se sigue “llegando tarde” para proteger a niños y adolescentes

La oficial de Protección Infantil del organismo, Candy Fabio, valora el avance en la institucionalidad que reemplaza al Sename, pero falta mucho más.

La pandemia ha deteriorado las condiciones que enfrentan los hogares más vulnerables. Uno de cada cinco chilenos vive en pobreza multidimensional y más de 25% tiene como ingreso exclusivo o más significativo el que recibe en el día. En julio 2020, la Encuesta Social Covid-19 mostró que al 49% de los hogares “no le alcanzan los ingresos” y, según las proyecciones de la Cepal, la pobreza en Chile podría llegar a 14% (un millón de personas adicionales).

La falta de ingresos golpea con más fuerza a los hogares con niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente en materia de vivienda, alimentación y educación. Así lo advierte la oficial de Protección Infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile, Candy Fabio. Le preocupa que antes de la pandemia, 62,5% de los padres, madres o cuidadores reconocían utilizar métodos de disciplina violentos en la crianza de sus hijos.

En esta entrevista, la experta aborda la creación de los dos nuevos servicios que reemplazarán al Sename y explica por qué los cambios no deben detenerse allí. “Cada servicio en sí mismo, en la práctica, seguirá siendo una respuesta reactiva a la vulneración de derechos. Se requiere llegar antes”, demanda.

–¿Cómo ven desde Unicef la puesta en marcha este año del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia?

“Su implementación es un desafío importante para el país, que involucrará el trabajo de varios gobiernos. Para lograr que la protección especializada sea efectiva, se requieren cambios profundos y simultáneos”.

“Se requiere la efectividad de los programas denominados ambulatorios, que trabajan con los NNA y sus familias, para reparar los efectos de las vulneraciones que han enfrentado y restituir derechos. Si el programa es efectivo, se podrá evitar la separación de niños y niñas de sus familias y, con ello, su ingreso al cuidado alternativo residencial. Si esto no es posible, se debe asegurar que la alternativa de cuidado sea una familia de acogida por un plazo determinado (donde el foco del trabajo sea la reunificación con su familia de origen) o una alternativa familiar definitiva a través de la adopción”.

“También se requiere reducir significativamente el número de NNA en cuidado alternativo residencial, medida que solo se justifica para quienes no tienen posibilidad de vivir con una familia, porque afecta considerablemente su desarrollo integral. En este tipo de situaciones, la residencia debe ser un ambiente de protección y cuidado, donde primen las relaciones personalizadas con cada niño y niña, las que solo pueden entregar equipos de profesionales altamente especializados, capacitados continuamente y acompañados/supervisados por profesionales externos”. 

–Hay expectativas de que el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil sea ley este año. ¿Cómo evalúa este paso?

“Confiamos que sea aprobado dentro de este año. Este servicio pone foco en hacer efectiva la reinserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Para ello se diseña un sistema enfocado en los adolescentes y no en los programas, promoviendo una mayor especialización de las intervenciones que favorezcan su reinserción social”.

“Entre muchas otras acciones, se considera un proceso de mediación en que la víctima y el imputado, asistidos por un mediador, acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito. Esto es un avance significativo, en la medida que se aseguran las condiciones y se promueve su uso”.

“A diferencia del Servicio de Protección Especializada, este organismo público financiará en su totalidad la provisión de servicios, incluidos aquellos implementados por organismos colaboradores, asegurando así estándares de atención independientes de quién implemente los servicios”.

Prevención y garantías

Candy Fabio estima que la aprobación de ambas leyes y la implementación progresiva de ambos servicios son avances importantes. Sin embargo, dice,  esto no asegura los cambios profundos que se requieren en materia de protección.

“Cada servicio en sí mismo, en la práctica, seguirá siendo una respuesta reactiva a la vulneración de derechos. Se requiere llegar antes. Es decir, trabajar con las familias que requieran apoyo antes de que se produzcan vulneraciones que impliquen separar a los NNA de sus familias. También apoyar a los NNA en los territorios donde habitan, antes de que entren en contacto con actividades ilícitas”.

-¿Qué nos falta, entonces, para “llegar antes”, como usted dice?

“Chile no cuenta con una ley que garantice, por medio de diversas políticas organizadas a nivel territorial, que toda la niñez y adolescencia haga ejercicio de todos los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2020, Chile cumplió 30 años de haber ratificado esa Convención y, junto con Panamá, son los únicos países de América Latina y el Caribe que no tienen una ley de protección integral”.

-¿Por qué es tan importante avanzar en prevención?

“Prevenir implica llegar a tiempo, para evitar que los NNA sean vulnerados en sus derechos. Si Chile contara con este sistema de garantías, existirían diversos programas en los territorios para apoyar a las familias, previniendo vulneraciones de los derechos, articulando servicios de salud, de educación, de protección social, de vivienda -por mencionar algunos- en favor de los NNA que lo requieran”.

“Esta prevención se logra en la medida en que existen mecanismos para promover el respeto de sus derechos en todos los espacios donde se desenvuelven los niños y niñas (jardín infantil, escuela, barrio, centro de salud, transporte público, etc.). Además, estos espacios deben contar con instrumentos para levantar alertas cuando los niños o niñas están en riesgo, dar respuestas estas a esas alertas y poder exigirlas cuando no llegan”.

“Esto implica avanzar con decisión y sentido de urgencia en la discusión legislativa del proyecto de ley que crea un sistema de garantías, que lleva cinco años en el Congreso”.

El impacto de la pandemia

Si se pregunta a la experta por el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado, ella dice que se han visto afectados, al igual que cualquier otro niño o niña en el país. “Todos en general en 2020 estuvieron por más de 300 días con restricciones de movilidad. No solo dejaron de asistir presencialmente a la escuela, lo que sin duda alteró su rutina, sino también dejaron de ver a sus amigos, dejaron de jugar en las plazas y la mayoría vivió o vive en espacios físicos muy reducidos”.

-¿Pero esto ha sido cuando tienen alguna medida de protección?

“En los casos de niños y niñas cuya medida de protección no implica la separación de sus familias y de aquellos que están en un programa de familias de acogida, el trabajo presencial se ha interrumpido o ha disminuido en su frecuencia de visitas. En el mejor de los casos, se ha mantenido el contacto vía telefónica o vía online, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones”.

-¿Y cuando se trata de quienes están separados de sus familias?

“Respecto de aquellos bajo cuidado alternativo en una residencia, lo más complejo ha sido que junto con las restricciones de movilidad quedaron suspendidas las visitas de sus familias, lo que afecta su situación emocional y los procesos de revinculación familiar. Este ‘encierro’, la suspensión de visitas de las familias y la disminución de supervisiones externas a los centros (del propio Sename, de jueces, Defensoría de la Niñez, por mencionar algunas), ha hecho que los niños y niñas queden más aislados y expuestos a riesgo en estos contextos de protección”.